De acuerdo con datos reportados por el Consejo Nacional para la Prevención Accidentes (CENAPRA) al año mueren en promedio 15,827 personas y 174,616 resultan heridas en accidentes viales (2000-2010). Vale la pena decir que, esta cifra solo reconoce como defunciones y heridos a los que se registran en el sitio del accidente y no los que suceden días después derivadas de complicaciones de los mismos accidentes.
El viernes 10 de mayo, la Associated Press (AP) –una de las agencias de noticias más importantes a nivel mundial– recibió una carta del Departamento de Justicia del gobierno federal de Estados Unidos. El contenido era de una sola línea –pero larga y confusa, como acostumbran los abogados:
“Pursuant to 28 C.F.R. (Section) 50.10(g)(3), the Associated Press is hereby notified that the United States Department of Justice has received toll records from April and May 2012 in response to subpoenas issued for the following telephone phone numbers.”
En él narra con detalles la naturaleza de la alianza entre los dos gobiernos, y la insistencia del gobierno mexicano en recibir armamento, capacitación y tecnología de las fuerzas de seguridad estadounidense a cambio de usar sus fuentes de inteligencia para capturar a líderes del narcotráfico y después extraditarlos a Estados Unidos.
Hace unas semanas la organización Artículo 19 dedicada a la defensa de la libertad de expresión presentó un amplio reporte sobre las amenazas y ataques en contra de medios de comunicación y periodistas en México.
Aquí aprovechamos para mostrar la evolución de algunos datos agregados económicos y de homicidios, comparados con México, simplemente para tratar de imaginar mejor qué alternativas deseables y indeseables se pueden ver pese a la miopía implícita en ellos.
Desde mi perspectiva donde existe el derecho individual a poseer armas y a la legítima autodefensa, es a todas luces legítimo. Como libertario considero que las armas no son malas per se, así que gente armada tampoco puede serlo. Los libertarios también reconocemos la imposibilidad real que enfrenta el Estado para garantizar nuestra integridad todo el tiempo.
Uno de los casos que más llama la atención es el de 20 desapariciones forzadas perpetradas por la Marina en Tamaulipas y Nuevo León. Según el reporte, en estos casos se usó el mismo modus operandi lo cual da indicios de que fue una estrategia diseñada con conocimiento de las autoridades. Sobre el caso ofrece testimonios de familiares que vieron las detenciones múltiples, videos y fotos de la participación de vehículos y personal de la Marina.
Es necesaria una evaluación profunda para definir sin poner retenes en una ciudad es una estrategia efectiva para disminuir la violencia y reducir el índice delictivo y no sólo una respuesta mediática, sobre todo cuando existe evidencia de casos relativamente exitosos.
Ahora bien, aunque este nuevo enfoque sea prometedor, más temprano que tarde se topará con la realidad. Resta ver si detrás del hasta ahora impecable aparato de comunicación del gobierno de Peña Nieto existen en verdad los técnicos que tanto se nos han prometido.
Que sea fundamental que las policías mantengan el orden público, contengan la violencia, y arresten a los responsables de violar la ley no las exime de rendir cuentas sobre sus actos ante la ciudadanía. El respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, y la moderación en el uso de la fuerza son claves para mantener un contexto democrático.
