Foto: Noticias Reynosa

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Los primeros días de la semana pasada, varios periódicos reportaron que un presunto sicario que fue detenido por la Marina tras una balacera, el día domingo en Santa Catarina Nuevo León, apareció ejecutado la mañana siguiente con señales de tortura. Hasta el momento ninguna autoridad ha asumido la responsabilidad de la muerte del presunto delincuente, ni ha explicado o contado cómo pasó de las manos de las autoridades a ser torturado y asesinado.

El jueves pasado en un programa de televisión el académico José Antonio Aguilar (autor de “El manto liberal: los poderes de emergencia en México, 1821 – 1876”), comentó la noticia a la luz de la figura legal del “estado de excepción”:

Un régimen de excepción, de esta naturaleza, no puede servir para encarar un problema que es realmente un problema de procuarción de justicia, muy agudo, pero que no está constreñido a un momento en el tiempo…

Podemos pensar que un terremoto como el de Haití sí es una emergencia, un colapso de la organización de justicia, administrativa, política en un espacio determinado en donde realmente no pude operar el Estado de manera normal…

El reto del narcotráfico, con lo serio que es, creo que no justifica este tipo de medidas, lo que hemos tenido en México, en la práctica es una suspensión de garantías…es anticonstitucional, las labores que está desempeñando el ejército no están previstas en la constitución, y las acciones concretas de procuración de justicia, de capturar gente, de no presentarla a las autoridades civiles, eso es un régimen de excepción en realidad. [Pero], en un régimen de excepción hay una salvaguarda que es que hay una declaración por parte del Congreso…y eso no lo hemos tenido.

El día de ayer en el periódico El Universal, José Antonio Caballero, publicó un artículo en el que primero menciona los casos de por lo menos tres presuntos delincuentes asesinados tras caer en manos de las autoridades, y explica que es peligroso no exigir a las autoridades que dejen de cometer abusos en el combate al crimen organizado:

Desde hace tiempo se debió poner un alto a la complacencia frente a los excesos en el combate a la delincuencia organizada. No nos engañemos con la idea de que la dureza en contra de la delincuencia organizada se justifica por lo sórdido de la actuación de sus miembros. Las autoridades cumplen con una función fundamental para nuestra sociedad. En su desempeño deben ser intachables. Quien no lo sea, debe ser castigado. Desde luego que es duro enfrentarse día a día a una delincuencia cruel y sofisticada. Precisamente por eso pedimos disciplina, capacidad y equipamiento para nuestros cuerpos de seguridad. Lo que no podemos pedir es impunidad frente a su actuación abusiva. Las dinámicas de abuso, cuando se les deja, pronto se extienden a otros espacios. Hoy se abusa de los detenidos por delincuencia organizada. Mañana cualquiera de nosotros puede enfrentar esos mismos abusos. Cuando los encargados de hacer respetar la ley se especializan en incumplirla, su función pierde toda legitimidad. No hay salidas ni rápidas ni fáciles a nuestra crisis. Pero que quede claro, la estrategia del abuso, de la tortura, de la ejecución sumaria, es la más errada. La estrategia de ocultar información es igualmente errada.

En un interesante texto publicado en 2008 a raíz de la “guerra contra el terrorismo” establecida por el gobierno estadounidense, el filósofo Bernard Manin, argumenta que las amenazas que presenta el terrorismo no justifican la declaración de estados de excepción ni de suspensión de garantías. El argumento parte de una breve reseña del uso de poderes de emergencia a través de la historia en diferentes países. La estrcutura básica del “paradigma de emergencia”, según Manin es:

  1. la autorización para desviarse de las normas constitucionales;
  2. condiciones especiales definidas para asegurar que esta desviación sea necesaria;
  3. limites temporales a la desviación de la normas constitucionales.

En los últimos párrafos del texto concluye, que los poderes de emergencia no son una buena herramienta (ni está justifificada) en la llamada “guerra contra el terrorismo”, pues no se puede defirnir una temporalidad específica a la amenaza que puede representar el terrorismo. No parece muy difícil hacer una analogía sobre la “guerra contra el narcotráfico” o el combate al crimen organizado a partir de la misma lógica argumentativa (a un lado de la palabra terrorismo ponemos “crimen organizado” para resaltar la analogía posible con el texto de Manin):

El paradigma de emergencia requiere que las acciones autorizadas sean temporales porque estas acciones son desviaciones de las normas y valores constitucionales. El carácter temporal sirve como contrapeso y circunscribe la desviación. Como estamos obligados a lidiar con el terrorismo [crimen organizado] por mucho tiempo, no debemos lidiar con él a través de la desviación de las normas. De hecho, no es necesario ver el terrorismo [crimen organizado] como un fenómeno que debe ser enfrentado primordialmente haciendo excepciones a las reglas. El terrorismo [crimen organizado] que estamos enfrentando puede ser fuera de lo ordinario, pero esto no quiere decir que no podamos diseñar formas legales de lidiar con él, adaptadas a las características particulares de la actividad.

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