Quiero comentar aquí un punto del interesante artículo de Nexos que firma Joaquín Villalobos en torno a la seguridad, la violencia y el narcotráfico (“México mirándose el ombligo”). Se trata de una afirmación que puede llamar confusiones importantes en el tema del Estado mexicano, el narcotráfico y la relación que hay entre ambos. Se dice, en un arranque de optimismo, que “México tiene un Estado fuerte, una potente intelectualidad y unas fuerzas políticas beligerantes pero responsables”.

Entiendo que el autor intenta desmarcarse de las visiones alarmistas del problema, pero considero que su opinión puede llevarnos equivocadamente al otro extremo. Me explico. Dentro de la terna de atributos me interesa especialmente el primero, porque si creemos que esa (supuesta) fortaleza del Estado es parte de la base de la argumentación para defender la estrategia de ataque frontal contra el narco (por medio de ejército y policía), estamos en un error. Por el contrario, creo la falta de fortaleza estatal tiene mucho que ver en la explicación de la actual violencia.

Se trata de un malentendido comprensible: el que por décadas el régimen de “autoritarismo inclusivo” se mantuviera estable puede parecer en principio una buena señal de la fortaleza de nuestra maquinaria estatal. Pero nuestro Estado nunca ha sido fuerte.

Algo sugerente para comprenderlo es pensar con Michael Mann en las diferencias entre “poder despótico” y “poder estructural”. Para Mann, el Estado es una cristalización del poder colectivo, ejercido en dos dimensiones: la primera, el poder despótico, que se refiere a las acciones que las élites estatales pueden emprender si negociaciones rutinarias con la sociedad civil; y la segunda, el poder infraestructural, que se refiere a la capacidad institucional de un Estado para penetrar su territorio e implementar decisiones. Un poder “filtrado”, que permite coordinar la vida social a través de la infraestructura estatal: gravar riquezas, dar servicios, abarcar efectivamente la totalidad del territorio, etc. Es en esta dimensión del poder donde nuestro Estado nunca ha sido fuerte.

En este sentido, el Estado mexicano es y ha sido débil fiscalmente. Ha permanecido casi siempre cerca de la bancarrota, debido a su mínima capacidad recaudatoria (ya se trate de gravar las grandes fortunas – legales e ilegales- o del hecho que en muy pocos municipios se pagan impuestos como el predial), y se ha mantenido a flote a golpes de suerte de la providencia (llámese yacimientos de petróleo, remesas de migrantes, o modas turísticas). Esto ha redundado en su incapacidad para cumplir con sus obligaciones y la mala calidad de los servicios públicos.

Más gráficamente, esta falta de poder infraestructural se muestra en dos puntos que creo que demuestran de forma clara la relación entre la debilidad de nuestro Estado y la violencia actual (y lo desatinado de argumentar que debido a la fortaleza estatal la estrategia punitiva actual triunfará). Me refiero a la debilidad infraestructural en la forma de falta de vías de comunicación y de servicios sociales en varias regiones específicas del país. Curiosamente, en dos de las más violentas, zonas productoras y de tráfico por excelencia.

Basta releer un ensayo de F. Escalante publicado también en Nexos (“Territorios violentos”), para concluir que la violencia relacionada con la droga en la zona de la Sierra Madre Occidental (Durango, Sinaloa, Chihuahua) y la Cuenca del Balsas (esp. Michoacán), tiene mucho que ver con la falta de presencia (y fortaleza) del Estado en la forma de de vías de comunicación que se traduce en el aislamiento de esas regiones (lo que las hace aún más propicias para el de la droga de lo que son naturalmente). Y para que caigamos en la cuenta que parte de la añeja violencia existente en la frontera no sólo existe por el hecho de ésta sea una zona de contrabando per se, sino porque las urbes fronterizas han crecido en población (entre 70% y 100%, comparado con el 30% nacional durante el periodo que va de 1990 a 2007) mucho más de lo que ha crecido la capacidad estatal para dotarlas de los servicios sociales más básicos, de infraestructura urbana, de empleo.

Finalmente, hay que pensar que nuestro Estado es y ha sido débil institucionalmente (afirmación que Villalobos hace sin darse cuenta de la contradicción), incapaz de imponer la ley a sus propios funcionarios. La antigua práctica del negocio privado por medio de instituciones públicas pasa por aquí. También la corrupción, y las centenarias relaciones de la clase política con el narco. Negar esta relación (cosa que el autor hace) es desconocer una buena parte de la historia mexicana. Piénsese en Esteban Cantú, en Abelardo Rodríguez, en Miguel Alemán y Gonzalo N. Santos. O en la protección política de M. A. Félix Gallardo o Juan García Ábrego. Finalmente implica ignorar cómo nace y ha funcionado el ancestral negocio en nuestro país pues, como ha explicado en varias ocasiones Luis Astorga, el narcotráfico es desde sus inicios parte del régimen posrevolucionario: nace supeditado al poder político (en la figura de los gobernadores) y se desarrolla por medio de instituciones, mediaciones estructurales, que sirven de vínculo entre el narco y el poder político (como fueron la DFS y la Policía Judicial). El hecho que la situación actual sea la de una gran autonomía de los grupos traficantes (y de los intermediarios) respecto al poder político, no niega la antigua y profunda relación entre ambos.

Un Estado incapaz de dar servicios de calidad y al borde de la bancarrota, que no ha podido ni con la geografía ni con la dinámica demográfica en su territorio, ni con el interés de sus funcionarios por el lucro mediante actividades ilegales parece todo menos fuerte. Y su debilidad se intuye muy ligada, al menos como caldo de cultivo, a la actual violencia.

Asumir esta debilidad no implica ser catastrofista. Más bien sirve para dar fuerza al argumento de la necesidad de la acción preventiva (programas sociales, mejora de vías de comunicación, cultura de la legalidad) en el tema de la violencia. Cosa que el autor parece minusvalorar en un afán de dar argumentos que apoyen la labor de confrontación (estrategia que históricamente nunca ha triunfado por sí sola, hay que decirlo). A fin de cuentas, de lo que se trata es de una suma en la estrategia, y abandonar la idea de que sólo la punición acabará con el problema.

César Morales Oyarvide. Politólogo.

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