Foto: AP

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El periódico estadounidense “The Washington Post” reporta el día de hoy el ataque armado que sufrieron integrantes de organizaciones de derechos humanos y periodistas en el Municipio de Copala en Oaxaca:

The dead included a Finnish human rights activist, and a Belgian is one of two activists missing, along with two journalists from the Mexican magazine Contralinea. The Mexican victim was identified as activist Beatriz Carino Trujillo.

At least one Italian activist also participated in the caravan, which was traveling to the remote Triqui Indian mountain town of San Juan Copala to support the town’s fight for more autonomy from the state government.

La agencia Finlandesa YLE, reporta las reacciones en Finlandia al asesinato del activista Jyry Jakkola:

Activists staged memorial vigils for Jyri Jaakkola both in Helsinki and in his home town of Turku. In the Finnish capital, activists gathered outside the Mexican Embassy. An Amnesty International representative demanded the Mexican government should thoroughly investigate the Finnish activist’s death.

Jyri Jaakkola was working in Mexico as a human rights inspector. He died when an armed paramilitary group attacked their convoy of vehicles ealier this week.

El periódico Reforma explica un poco el conflicto en la localidad, pues quienes han sido señalados como los atacantes dicen que fue un “autoemboscada”:

Mientras que la dirigencia de la Sección 22 del SNTE responsabilizó ayer del ataque al Ubisort, los líderes de esa agrupación triqui afirmaron que se trató de una “autoemboscada”.

“Basta ya de chantaje, basta de la manipulación de los Multi. Con la autoridad autónoma, San Juan Copala es un pueblo sin ley.

“Responsabilizamos a los paramilitares que tiene el Multi; fueron autoemboscados para llamar atención de las organizaciones. Los Multi buscaron la manera de ser mártires, para llamar la atención de la sociedad; ellos matan y nos culpan a nosotros”, acusó Antonio Cruz García, uno de los coordinadores de Ubisort.

El periódico La Jornada abunda en la narración de los hechos según una de las víctimas:

“Al salir de una curva –señaló– encontramos bloqueado el camino con piedras; entonces el chofer de la camioneta decidió regresar y en ese momento los paramilitares empezaron a dispararnos. Como pudimos, algunos nos bajamos para correr al monte, pero desafortunadamente dos compañeros fueron alcanzados por las balas y ahí quedaron. Las dos víctimas recibieron disparos de armas de fuego en la cabeza.”

Explicó que junto con otras personas se internó en el monte y poco después fueron encontrados por los hombres encapuchados que se identificaron como miembros de la Ubisort, vinculada al PRI, y del MULT, base social del Partido Unidad Popular, de registro local, quienes los llevaron nuevamente al lugar de la agresión.

“Nos dijeron que ahí no pasaba nadie, que era su territorio; incluso uno nos dijo que también nos matarían, pero otro nos expresó que nos perdonaban la vida y pudimos regresar. En el camino un hombre nos llevó hasta Santiago Juxtlahuaca”, asentó.

La revista Contralínea reportó que dos periodistas pertenecientes a la revista y que acompañaban la caravana, Erika Ramírez y David Cilia, estaban desaparecidos. Hoy fueron encontrados con vida.

La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, emitió un comunicado de prensa en el que condena los hechos, ya hace responsable al Estado mexicano de no tomar medidas para prevenirlos:

La OACNUDH condena estos hechos y manifiesta su preocupación por el clima de violencia que ha prevalecido en la zona Triqui de Oaxaca, así como por la proliferación de grupos civiles armados en la región que operan sin control de las autoridades estatales. A esta Oficina la preocupa especialmente que el ataque haya impactado negativamente en periodistas, defensoras y defensores coartando el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la información.

Esta Oficina destaca que a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos el Estado mexicano tiene el deber de prevenir cualquier tipo de violaciones y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal frente a terceros. Esta obligación se torna particularmente relevante en una zona cuyo clima de violencia había sido previamente denunciada por diversas organizaciones de la sociedad civil.

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