El 8 de abril, el Senado de la República tomó por sorpresa al público con la aprobación por unanimidad de una reforma en materia constitucional sobre Derechos Humanos. La importancia de esta reforma reside en los siguientes elementos:
- Se establecen los Derechos Humanos como principios generales en varios artículos constitucionales (i.e. educación, política exterior).
- Se otorgan facultades de investigación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a la vez se le quitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- La sistematización constitucional de los Derechos Humanos (i.e. el reconocimiento constitucional de tratados internacionales de DH, los DH como criterio de interpretación, la obligación del Estado para prevenir, investigar y sancionar las violaciones de DH).
Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, y antes del final del periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados anunció que no aprobaría la minuta enviada por el Senado tal cual.
En el periódico Excélsior Franciso Garfias, especuló:
El índice de los senadores apunta hacia el ex secretario de Gobernación a la hora de señalar responsables de que la minuta haya ido a la congeladora. Dicen que don Emilio logró parar la reforma, por encargo de su jefe, a pesar de que una mayoría de diputados tricolores, incluido Rubén Moreira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, la respaldaba. “No quiere que el Senado se cuelgue la medalla”
La especulación no parece ser carente de sentido. Unos días después el Senador Manlio Fabio Beltrones publicó un «balance» sobre el periodo legislativo el cual encabezó por la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Sin embargo Ana Laura Magaloni en el periódico Reforma explicó por qué las objeciones de algunos diputados a la minuta enviada por el Senado no son un simple capricho:
Uno de los puntos que contempla la reforma constitucional en materia de derechos humanos es transferir a la CNDH la facultad que hoy tiene la Corte para investigar violaciones graves a los derechos fundamentales. Esta reforma se aprobó en la Cámara de Senadores y, a punto de ser votada por la de diputados, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la cámara baja, el ex ministro Juventino Castro y Castro, consideró que este cambio constitucional requería una «meditación más profunda» antes de ser aprobado (Reforma, 23 de abril, 2010).
No puedo estar más de acuerdo con el ex ministro. Este cambio constitucional exige abrir una discusión mucho más amplia y compleja, que no es sólo la de a quién le debe corresponder la facultad de investigación, sino también, y más importante aún, cómo maximizar la posibilidad de que existan consecuencias jurídicas cuando se acredita que determinados funcionarios públicos cometieron graves violaciones a los derechos fundamentales de individuos de carne y hueso. Éste es el problema de fondo tratándose de la eficacia de los derechos ciudadanos. No existen derechos sólo porque la Constitución los establece; existen principalmente porque sus violaciones tienen consecuencias jurídicas. Lo demás son cartas de buenas intenciones.
Tal vez es mejor analizar bien cada iniciativa de ley, no tomar al público por sorpresa, permitir algo de escrutinio público, y no sólo pedir que se vote y ya para cerrar un periodo de sesiones con una «buena noticia».
El caso es que siempre mañana será mejor ocasión para una «reforma integral», para «analizar mejor», para tener «una discusión más amplia», y el resultado práctico es la parálisis de los marcos legales que nos ayudarían a resolver carencias, atrasos e injusticias, sean la venta de comida chatarra adentro de las escuelas, la recaudación fiscal o la defensa de derechos humanos acorde a un estándar internacional.