raising_hands_ezg_2Leí con atención e interés la “Respuesta a la respuesta de Andrés Lajous” que publicó hace un par de semanas José Córdoba en este blog. Su respuesta es interesante porque amplía a partir de cierto sustento teórico las afirmaciones que él y otros comentaristas han hecho en espacios periodísticos. A su vez, me parece que los argumentos que usa reflejan las prioridades normativas y prácticas de quienes sostienen la posición “mayoritista” en nuestro país.

1. Córdoba usa el teorema de Arrow para afirmar que el debate entre proporcionalidad y mayoría está cerrado a partir de su publicación. Esta afirmación es particularmente interesante considerando que el texto de Arrow fue publicado hace casi 60 años, y el debate entre proporcionalidad y mayorías sigue vigente como lo demuestra cualquier mínimo análisis a través del tiempo en los cambios y combinación entre un sistema y otro en todo el mundo (Miles de libros y artículos se han escrito sobre el teorema de Arrow, esto sin considerar que otro tanto se han escrito específicamente sobre los efectos de sistemas proporcionales y de mayoría. Dudo mucho que alguien se atreva a afirmar que toda esta literatura sólo son reafirmaciones textuales del teorema de Arrow).

2. Después de la detallada, y a mi manera de ver irrelevante para la discusión, explicación del teorema de Arrow (el cuál en buena medida trata sobre los problemas de las votación de mayoría), Córdoba entra en una suerte de “relativismo” argumentativo sobre los sistemas electorales (Gabriel Negretto y Jorge Javier Romero ya han escrito sobre este punto). Este relativismo es inconsistente con su propia posición. Por un lado dice que “es imposible sostener, en general, que un sistema electoral es superior – menos aún, más democrático – que otro sistema electoral”. Con esa afirmación uno podría o simplemente aceptar las razones arbitrarias por las cuales vive en un país con un sistema u otro, o no poder distinguir entre el gobierno electo por muchas personas, y un gobierno electo por una sola persona. Sin embargo, la argumentación de Córdoba no le permitiría preferir un sistema sobre otro, pues insiste en modificar el sistema electoral mexicano para que garantice mayorías unipartidistas, y después intenta evadir las consecuencias de su elección.

3. En su texto Córdoba afirma que John Stuart Mill era una utilitarista clásico como Jeremy Bentham, y después en tono de burla afirma que “Hoy en día ya no existen adepto del utilitarismo clásico (…bueno, tal vez quedan algunos en México)”. Sin embargo, el gran éxito de Mill como filósofo político es que ni siquiera él era un adepto del utilitarismo clásico. Mill, a diferencia de Bentham, defiende al individuo pese a que su defensa no garantice el bienestar agregado de la mayoría. Es exactamente por esta razón que Mill hizo una defensa del sistema proporcional, le parecía que había que generar mecanismos que representaran a las minorías, frente a las mayorías. El principio de representación proporcional para un utilitarista clásico es un “sin sentido parado en zancos”, calificativo que parece usar la argumentación de Córdoba y otros mayoritistas sobre el sistema proporcional. El párrafo sobre el utilitarismo es en el que se logra dilucidar con mayor claridad la tergiversación argumentativa de Córdoba. Es él quien dice que el sistema electoral tienen que cambiarse pues  “hay reformas necesarias” y la necesidad de “cambios radicales” que sólo se podrían hacer con un sistema que produzca mayorías unipartidistas que no necesitan negociar con minorías. ¿Quienes son los utilitaristas clásicos mexicanos a los que se refiere?

4. El segundo elemento teórico que usa Córdoba para sustentar su posición es el índice Shapley-Shubick de poder (Modelo que trata de explicar el poder de negociación de distintas coaliciones -entre representantes individuales- dentro de las comisiones del poder legislativo en Estados Unidos) para ejemplificar las supuestas situaciones absurdas en las cuales un partido minoritario tiene tanto poder como un partido mediano. No hay duda que este tipo de índices pueden ser interesantes para evaluar ciertos momentos legislativos. Sin embargo no se puede asumir que la correlación de fuerzas en un parlamento es estática. Por ejemplo, usemos el mismo ejemplo que Córdoba: la aprobación de la reforma de salud en Estados Unidos. Para ese caso, el índice Shapley-Shubick no nos diría mucho sobre el poder de negociación de los partidos dentro del Congreso estadounidense porque nominalmente sólo hay dos partidos políticos. Sin embargo, la naturaleza de las negociaciones cambió radicalmente con la muerte del Senador Ted Kennedy, y su sustitución con un Senador republicano. En otro momento, la negociación volvió a cambiar, porque un grupo de representantes demócratas amenazó de manera consistente con frenar la aprobación de la reforma de salud si no se explicitaba la exclusión del financiamiento con dinero federal de interrupciones legales del embarazo. Supongo que los 19 demócratas antiabortistas encabezado por Bart Stupak, en términos del índice Shapley-Shubick también son una minoría que genera situaciones absurdas, lo cual nos dice muy poco sobre los sistemas electorales, el bipartidismo y el multipartidismo. Esto lleva al tema central que Córdoba pretende evadir, y es que los gobiernos conformados por mayorías unipartidistas también son coaliciones de grupos, y al final de personas. La negociación que él y otros mayoritistas pretende evitar es inevitable.

Si la aplicación mexicana del índice Shapley-Shubick -entre partidos- tiene algún sentido en México es porque hay una férrea disciplina partidista. Sin embargo, el mismo Córdoba propone la reelección de legisladores, mecanismo que debilitaría los mecanismo disciplinarios de las fracciones parlamentarias. Una vez que los legisladores se pueden indisciplinar, entonces cada uno va cobrando poder de negociación. Supongo que en ese caso, Córdoba y Beltrán, tendrían que publicar un texto en contra de los legisladores de un sistema bipartidista que se convierten en minoría indisciplinada.

6. Lo que tenemos que escoger en México es sí queremos un sistema electoral que garantiza gobiernos con mayorías unipartidistas, o uno que incentiva la formación de mayorías legislativas a partir de coaliciones multipartidistas. La preferencia que he expresado en varias ocasiones por gobiernos de coalición están sustentadas en argumentos como los de los autores Cheibub y Colomer, los cuales pese a proveer evidencia empírica y comparada son descalificados por Córdoba, pues no logra refutarlos. El argumento central de ambos autores es que la disyuntiva en términos prácticos a partir de los sistemas electorales, entre “gobernabilidad y representación” es una falsa disyuntiva. Una de las principales diferencias entre los gobiernos que son apoyados por una mayoría unipartidista y una coalición mayoritaria es el lugar donde se negocia la construcción de esa mayoría. Los sistemas que tienden hacia las mayorías unipartidistas suponen que las negociación de la coalición se hace al interior de los partidos políticos. En cambio los sistemas que tienden hacia el multipartidismo obligan a que las negociaciones para construir las coaliciones de mayoría tengan mínima publicidad postelectoral. El caso de Israel que cita Córdoba es ilustrativo. A mediados de los años noventa tras reconocer como diagnóstico el alto costo de negociación que representaban los partidos pequeños a los partidos mayoritarios en la construcción de coaliciones parlamentarias, se decidió cambiar el sistema electoral para que se pareciera un poco más al sistema presidencial bipartidista. Esto se hizo mediante la separación de la elección del parlamento y la elección del primer ministro. Tras un par de elecciones el parlamento israelí decidió regresar al sistema anterior, porque las negociaciones privadas con los partido pequeños a cambio de apoyo electoral al primer ministro, le salían aún más caras a los partidos mayoritarios, que las negociaciones públicas una vez que se conocía la composición del parlamento del sistema anterior.

7. El día de antier se anunció la formación de una coalición de gobierno mayoritario en el Reino Unido entre el partido Conservador y el partido Liberaldemócrata. Durante dos días de negociación entre laboristas, conservadores y liberaldemócratas, los partidos tuvieron que hacer públicas las ofertas de puestos en el gabinete, de legislación, y de política públicas que estaban dispuestos a ofrecerse unos a otros. El caso es interesante para esta discusión por varias razones: a) el sistema electoral británico es considerado por los mayoritistas como un ejemplo clave sobre las consecuencias bipartidistas del sistema electoral de mayoría relativa y de gobiernos con mayorías unipartidistas;  b) uno de los elementos de negociación es la ansiada reforma política para mejorar por lo menos un poco la proporcionalidad del sistema electoral; c) los liberaldemócratas sacaron sólo 6% de los votos menos que los laboristas, pero esto se tradujo en 31% de escaños parlamentarios entre un partido y otro. De hecho con casi un millón de votos más que en la elección anterior los liberaldemócratas perdieron casi 10% de sus asientos. Es tan interesante el caso, que como proporcionalista me cuestiono las consecuencias que tanto mayoritistas como proporcionalistas esperamos que las reglas electorales tengan sobre el sistema de partidos (ver “It’s parties that choose electoral systemas, or Duverger’s Law Upside Down” de Josep Colomer)

En el caso mexicano, sabemos que las negociaciones intrapartidistas existen, y son inevitables. La pregunta es: ¿queremos que las coaliciones que permiten gobiernos de mayoría se construyan dentro del PRI, o PAN, o PRD o queremos que sean coaliciones multipartidistas que tengan que negociar y justificar su coalición de gobierno en público? Si se prefiere lo primero tal vez se pueda interpretar una preferencia por el carácter resolutivo de la democracia, si se prefiere lo segundo tal vez se pueda interpretar una preferencia por el carácter deliberativo de la democracia. Estoy seguro que somos muchos quienes preferimos que la política en nuestro país se haga con más información y de manera más transparente. Es decir, tengo una clara preferencia por una democracia en la que se delibera en público antes de decidir, que una democracia en la que se negocia en privado para decidir rápido.

Nota sobre la forma de discutir:

En su respuesta Córdoba agrega a la discusión: “Lajous imputa motivaciones a los críticos del proporcionalismo: opinan lo que opinan por simple ‘frustración de una agenda particular’…en un debate, no es de la mejor lid dejar de discutir las opiniones en sí y buscar, para descalificarlas, intenciones subyacentes”. El juicio de intención que me atribuye Córdoba no lo hice yo, lo hizo él mismo en el texto que publicó en la edición impresa de la revista Nexos en el mes diciembre:

…es innegable que el país no progresa: en los últimos 12 años no se han aprobado las reformas que se requieren para dinamizar el quehacer político, económico y social; la mediocridad aflora crecientemente en varios ámbitos de la vida nacional. Esta parálisis deriva en gran parte de alarmantes disfuncionalidades en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, producto a su vez de una arquitectura constitucional deficiente.

Son reformas políticas profundas. Son la condición necesaria para darle gobernabilidad democrática a las instituciones e iniciar el nuevo ciclo de grandes reformas que exige urgentemente la modernización del país.

Es decir, mi objetivo en la discusión en ningún momento ha sido descalificar al interlocutor, sino tratar de proveer argumentos que refuten en alguna medida los que él ha ofrecido, y  que al mismo tiempo construyen la posibilidad de una agenda de reforma política distinta a la suya. No creo que esté mal tener intenciones e intereses en una discusión, incluso creo que es más útil clarificarlos que pretender una falsa neutralidad a partir de la abstracción. Mi interés particular en la reforma política es uno que espero sea generalizable: abrir el sistema política para que participen más y distintas personas en las discusiones y decisiones política en nuestro país, sean cuales estas sean.

En contraste, Córdoba descalifica a sus interlocutores, y no sus argumentos, de una manera poco sutil y por desgracia muy frecuente en nuestra vida pública. Por ejemplo, en su respuesta insiste: “Quién sostiene lo contrario está intelectualmente confundido, o porque no ha leído a Arrow [es ignorante], o porque lo ha leído y no lo ha entendido [es limitado intelectualmente]“. Es decir, Córdoba no presupone que debate entre iguales (supuesto básico de la democracia). El supuesto de igualdad, es lo que permite que la discusión sea en buena lid, la presunción de las limitaciones intrínsecas de la argumentación del adversario intelectual contribuyen muy poco a la discusión misma, y todavía menos al talante democrático de la sociedad.

Andrés Lajous.

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