Hace dos semanas las Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y la Procuraduría General de la República (PGR), tras una investigación en la que concluyó:

…esta Comisión Nacional observó violaciones a los derechos humanos a la vida, a la integridad y seguridad personal, al trato digno, al acceso a la justicia, a la legalidad y a la seguridad jurídica, y al derecho de los menores a que se proteja su integridad, por actos consistentes en privación de la vida, atentados a la integridad y seguridad personal, uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles, inhumanos o degradantes, omisión de auxilio, alteración de la escena de los hechos, incumplimiento de alguna de las 13 formalidades para la emisión de la orden de cateo, y ejercicio indebido de la función pública, en agravio de Martín y Brayan Almanza Salazar, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, V10 y V1 atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En ella también acusa a integrantes de las Fuerzas Armadas de amenazar a las víctimas por acusar al Ejército Mexicano de la balacera, alterar las pruebas del crimen, y de la falta de cooperación recurrente de las autoridades militares con la investigación de la CNDH. El caso de “Martin y Brayan” ha recibido amplia cobertura en los medios de comunicación, pues han sido sus padres quienes han narrado una y otro vez los hechos del 3 de abril, en los que murieron sus dos hijos.

En la mañana del viernes 25 de junio, la Secretaría de Gobernación emitió un boletín de prensa en el que “rechaza la supuesta alteración de la escena del crimen por personal militar“, y en el transcurso de ese mismo día el Secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, en un discurso en el Archivo General de la Nación, frente al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo:

Esta es la difícil tarea que hoy nos congrega: Ni ser cómplices, ni encubridores de las anomalías que puedan existir dentro de las instituciones de seguridad, ni ser tontos útiles de una delincuencia a la que le sirve deslegitimar, perseguir, contener, condicionar, debilitar la acción de esa autoridad.

Al día siguiente la CNDH emitió un comunicado de prensa en el que exige al Secretario de Gobernación “respeto al trabajo de los defensores de los derechos humanos, en los planos nacional e internacional”. El domingo, en el periódico Reforma el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo, Raúl Arroyo, publicó un artículo, en él subraya el fondo de las declaraciones del Gomez Mont:

Lo trascendente es el fondo. Las expresiones del segundo funcionario público más importante del gobierno federal de ninguna manera pueden pasar desapercibidas, en tanto su discurso contribuye a validar la equivocada percepción que el común de la población tiene del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos como un mecanismo protector de delincuentes; decirlo con esa ligereza frente a la sociedad agraviada es socavar a las instituciones que con tanto esfuerzo construyen a diario y por diversos medios una cultura de respeto a los derechos fundamentales, no sólo para la autoridad, sino para los propios individuos; es descalificar frente a la población y negar la presunción de inocencia establecida en el sistema penal.

El día de hoy en la mañana Raul Plascencia, Presidente de la CNDH, dio varias entrevistas a medios de comunicación, en las que insistió en que las declaraciones del Secretario Gómez Mont fueron desafortunadas, y en que hasta el momento la recomendación hecho por la CNDH a la SEDENA no ha recibido respuesta.

Han pasado casi 20 años desde la fundación de la CNDH como parte del sistema nacional de derechos humanos. Es impresionante, que pese a ello, hayan funcionarios públicos que no tengan claro que los derechos humanos, no pueden ser medidos de manera utilitaria, sino como principios de aplicación universal. Es decir, nos guste o no, los derechos humanos se tienen que respetar siempre, haya o no una ola de violencia proveniente del crimen organizado. Y justamente por las condiciones de violencia en el país, es aún más loable la labor de quienes se dedican a la defensa de los derechos humanos.

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