Foto: La Jornada

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Los medios de comunicación reportan que dos huelguistas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) están corriendo un alto riesgo de morir al mantenerse en huelga de hambre por 84 y 88 días consecutivos, respectivamente.  Esta huelga de hambre, en la que participan varios electricistas, es parte de una protesta en contra de la disolución de la compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la liquidación de sus trabajadores. Hace unos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Gobernación medidas cautelares para la preservación del derecho a la vida de los huelguistas:

con el objeto de preservar la vida e integridad de dichas personas, se solicita a las autoridades que se pongan a su alcance los servicios médicos necesarios y que se tengan los instrumentos médicos de respuesta indispensables para garantizar una reacción oportuna e inmediata en caso de que el estado de salud de alguno de ellos se agrave

Esta protesta sucede unos meses después de la muerte del disidente cubano, Orlando Zapata, que se mantuvo 85 días en huelga de hambre en una prisión cubana, y la liberación de varios disidentes cubanos por parte del gobierno, para evitar la muerte de otro disidente, Guillermo Fariñas.

En su editorial del día de hoy en el periódico Reforma, Carlos Elizondo Mayer-Serra, “¿Quién es culpable?”, (aquí un artículo de Adolfo Sánchez Rebolledo con una perspectiva distinta) tras un análisis del contexto político en el que sucede esta protesta concluye:

Espero que el gobierno federal busque llevarlos al hospital si pierden la conciencia y que nadie impida una eventual maniobra de rescate como ésta.

Sin embargo, según la declaración de Malta del World Medical Association (WMA), de la cual es integrante el Colegio Médico de México, los médicos no pueden intervenir en una decisión que tomó una persona libremente para no recibir tratamiento:

El médico necesita comprobar la verdadera intención de la persona, en especial en huelgas o situaciones colectivas en las que la presión de los pares puede ser un factor. El dilema ético se plantea cuando una persona en huelga de hambre, que aparentemente ha dado instrucciones claras de no ser reanimada, alcanza un estado de deterioro cognitivo. El principio de beneficencia insta al médico a reanimarla, pero el respeto de la autonomía individual le impide intervenir cuando se ha expresado un rechazo válido y formal.

Por esta razón, obligar a un huelguista de hambre a comer es considerado en la misma declaración, como una forma de tortura. Este último caso, tiene un precedente reciente en Estados Unidos. Varios de los prisioneros en Guantánamo, fueron alimentados de forma obligatoria durante una huelga de hambre por integrantes del ejército estadounidense, lo cual, levantó una ola de protestas por integrantes de la comunidad médica internacional. La declaración de Malta, dice al respecto:

La alimentación forzada nunca es éticamente aceptable. Incluso con la intención de beneficiar, la alimentación con amenazas, presión, fuerza o uso de restricción física es una forma de trato inhumano y degradante. Al igual que es inaceptable la alimentación forzada de algunos detenidos a fin de intimidar o presionar a otras personas en huelgas de hambre para que pongan término a su ayuno.

Uno puede estar a favor o en contra de la causa que defiende un huelguista de hambre, o puede estar a favor o en contra del método mismo. Sin embargo la normas ética médicas no permiten hacer esta evaluación cuando se atiende a un huelguista. Por lo tanto, siempre y cuando los huelguistas del SME con toda claridad, y sin el ejercicio de presión externa, hayan expresado su voluntad de dejarse morir en la huelga de hambre, los médicos del gobierno mexicano o privados, no podrán intervenir para darles tratamiento, incluso si han perdido la consciencia.

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