Foto: Pablo Flores

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Hace un par de días el periódico La Jornada publicó en su contraportada que el Consejo Municipal del Muncipio de Oakland en California aprobó el “cultivo, comercialización y procesamiento de la marihuana (cannabis) a escala industrial”. Esta noticia, que tiene particular relevancia en México en el marco de la “guerra contra el narcotráfico”, es parte de una tendencia más amplia de legalización de la marihuana en Estados Unidos. Hasta el momento 14 estados y Washington D.C. han legalizado el uso terapéutico de la marihuana. Sin embargo, el estado de California parece preparase para ir más lejos en la legalización, en este momento hay dos propuestas en el estado que pretenden legalizar “la posesión, cultivo y transporte de marihuana para consumo personal”, y le da atribuciones al gobierno para “regular y cobrar impuestos a la producción y comercialización de marihuana a mayores de 21 años de edad”. Una de estas propuestas, conocida como “Propuesta 19” (Proposition 19 en inglés), será sometida a un proceso de referéndum (votación en boleta) a toda la población del estado en noviembre de este año. Las últimas encuestas (26 de julio), muestran que 52% está a favor de la legalización, 36% está en contra de la legalización, y 12% no sabe.

En paralelo, otra iniciativa con un contenido similar, fue promovida desde el poder legislativo del estado, y aprobada en enero de este año en comisiones para ser votada el año que viene en el pleno. La argumentación básica de ambas iniciativas es que 1) se podrán cobrar impuestos especiales a la comercialización de marihuana (se cobrarían 50 dólares de impuesto por cada onza), y 2) se podrá controlar mejor el mercado para reducir daños y limitar el consumo a mayores de 21 años. Se han publicado dos estudios relativamente completos sobre la recaudación que puede implicar la legalización, y los costos que también se espera traiga consigo. El primero hecho por la oficina de análisis legislativo del congreso de California concluye que se espera una recaudación de 1,400 millones de dólares, y el segundo hecho por el centro de investigación RAND concluye que es muy difícil establecer cálculos específico, pese a que por lo menos habría un ahorro de 300 millones de dólares que hoy se gastan en garantizar el cumplimiento de las leyes actuales.

El avance de estas dos iniciativas en uno de los estados más grandes de Estados Unidos, puede tener implicaciones importantes para México. En particular, porque la historia de la pohibición de la marihuana en México está vinculada a la presión que el gobierno estadounidense ejerció sobre el gobierno mexicano en la primer mitad del siglo XX para homologar sus leyes. El sociólogo Luis Astorga lo narra así:

En los años 1938-1939 la principal autoridad encargada de asuntos de drogas del gobierno mexicano era el Dr. Leopoldo Salazar Viniegra, funcionario del Departamento de Salubridad. El médico había realizado investigaciones sobre la marihuana y concluido que su consumo no producía efectos peores que los del tabaco y mucho menos provocaba actos criminales como los que se le adjudicaban en la prensa de Estados Unidos

El doctor Salazar fue destituido en 1939, pero en 1940 el gobierno mexicano aprobó un nuevo Reglamento General de Toxicomanías en el que se consignaban claramente las propuestas del doctor Salazar. Las autoridades antidrogas de Estados Unidos señalaron que las medidas aprobadas implicaban una reversión de la política internacional sobre drogas narcóticas que se había seguido en los últimos treinta años. Ante esto, Estados Unidos decretó un embargo de medicamentos narcóticos contra México, el cual sería levantado una vez que este país suspendiera el Reglamento.

En México el 21 de abril de este año, el diputado del grupo parlamentario de Convergencia, Victor Hugo Círigo, presentó una iniciativa para permitir el “Procesamiento, comercialización o venta para uso terapéutico” de marihuana, la cual le daría atribuciones a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal para:

I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita el cultivo de la cannabis;
II. Expedir licencias para el cultivo de cannabis y la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores;
III. Adquirir la totalidad de las cosechas de los cultivadores, por sí o a través de un solo intermediario;
IV. Almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivados de la cannabis, y
V. Las demás que las leyes y reglamentos establezcan en la materia.

Vale la pena preguntase si tiene sentido mantener una política de prohibición sobre la marihuana en México, cuando Estados Unidos, el país que históricamente desarrolló e impulsó internacionalmente esa política pública, está dando pasos graduales hacia la legalización. ¿Qué tanto sentido tiene usar recursos públicos para combatir el tráfico y producción de marihuana en México cuando en California, un estado con el que compartirnos frontera y es la séptima economía del mundo, es probable que su consumo, producción y comercialización sea legal?

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