Foto: Periódico, El Porvenir

Dice Joaquín Villalobos (Nexos, agosto de 2010) que basta una “mirada rápida” a los datos sobre víctimas, secuencia y cantidad de los contactos armados, armamento y medios involucrados, extensión de los territorios en disputa y fuerzas policiales y militares comprometidas por aire, mar y tierra, “para concluir que México tiene una guerra”. Creo que en este caso no basta una “mirada rápida” a esos datos para sacar tal conclusión, pues el asunto es de suyo más complejo.

1. No todo conflicto armado es guerra. No está en duda que aquí existe un conflicto armado muy violento, y que en su centro está el “valor de ruta” del país para introducir drogas a los Estados Unidos, valor que se disparó cuando losamericanos sellaron la ruta del Caribe para el tráfico marítimo de drogas desde Sudamérica.

¿Por qué no es guerra? Porque no responde a la definición internacionalmente aceptada de guerra; no hay declaración de guerra, ni existen bandos contendientes claramente definidos e identificados; por ello tampoco se puede decir que estamos ante una “guerra irregular”, pues ésta también debe reunir determinados requisitos y características. Lo mismo se puede decir del “conflicto de baja intensidad”. No es guerra, además, porque el narco mexicano no está asociado a -ni dominado por- los exangües grupos clandestinos de tendencia extremista, como sí ocurrió en Perú, Colombia, Afganistán y en otros países.

Tampoco está en duda que la explotación de esa ruta -más los negocios asociados- han producido cientos de millones de dólares que han generado, a su vez, “unos poderes fácticos criminales con ejércitos privados”. Aquí guerra es una metáfora que alude a la decisión del Ejecutivo Federal de enfrentar a los grupos del crimen organizado “con todo el poder del Estado”; al igual que “ejércitos privados” no se refiere a verdaderos ejércitos, sino a grupos de civiles armados que responden a un mando y se han reclutado por una paga o botín. Añade Villaseñor que estos poderes fácticos criminales se hicieron “dueños de la frontera norte de México y parte de la frontera sur de Estados Unidos”. Pongo en duda la exactitud de las metáforas. En la medida en que han logrado corromper y/o intimidar (plata o plomo) a autoridades de los tres niveles de gobierno, y desplazar a sus competidores, las organizaciones criminales hanhegemonizado territorios y “plazas”, pero no se han adueñado de los mismos, ni siquiera en los momentos de mayor negligencia gubernamental al respecto, aunque sólo sea por el hecho de que siempre hayemisarios de los otros bandos que, mediante denuncias o filtraciones (las narcomantas y los narcoblogs) impiden que se asiente o consolide tal apoderamiento. Un simple cambio de gobierno municipal puede poner en cuestión todo el andamiaje del apoderamiento.

Más difícil me resulta aceptar como buena la tesis de que los narcos se hubieranadueñado de “parte de la frontera sur de los Estados Unidos”; Estados Unidos no es Colombia ni Afganistán, digamos.

Finalmente, si la guerra es “la continuación de la política por otros medios”, ¿de qué política sería continuación laguerra de Calderón?

2. La intervención del Estado. Lo que obligó al Estado a intervenir, como está ampliamente documentado, fue no tanto el sangriento conflicto entre los distintos grupos criminales por dominar rutas de narcotráfico, plazas de narcomenudeo y territorios de pandillas (conflicto que apenas empezaba a desplegarse allá por el 2005) sino la evidencia del avance, hasta entonces más bien soterrado, que algunos grupos del crimen organizado estaban teniendo en entidades como Michoacán o Tamaulipas, gracias en gran medida a la protección institucional que habían logrado comprar.En una entrevista con el ex presidente del gobierno español, José María Aznar, en abril de 2007, el presidente Calderón le confesó que había “calculado erróneamente la profundidad y amplitud de la corrupción en México”, según un cable secreto revelado por el sitio WikiLeaks. Calderón enfatizó entonces que “la influencia del narcotráfico en el país está más allá de toda comprensión”.

La intervención del Estado para recuperar el control de determinadas zonas del territorio desató en apariencia los enfrentamientos, transparentó el conflicto y agudizó las contradicciones entre los grupos criminales, coadyuvando tangencialmente al estallido de diversas miniguerras (aquí sí) entre los cárteles mismos, como lo muestra muy vívidamente el libro de Héctor de Mauleón,Marca de Sangre.

3. La infiltración. ¿Qué otra cosa evidenció la intervención del Gobierno federal? La penetración del crimen organizado en las instancias de seguridad pública locales, estatales y federales. Las acciones del gobierno federal, y las reacciones del crimen organizado en plazas como Nuevo León, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua; en Ciudad Juárez en particular; pusieron en evidencia algo que se sabía, pero no las dimensiones y profundidad del fenómeno: que muchas estructuras policíacas municipales, buena parte de las estatales, numerosos alcaldes y miembros de ayuntamientos, y eventualmente hasta algunos gobernadores y legisladores, locales y federales, estaban comprados por -o asociados con- unos u otros cárteles del narco. Lo que Calderón ha intentado describir con una metáfora médica: que abrimos al enfermo para operar una apendicitis, y resultó que tenía un cáncer desarrollado, una metástasis. Había entonces que proceder a cortar.

Sin olvidar lo que puso de manifiesto la “operación limpieza”, esto es, que la contaminación había llegado a mero arriba, en las instancias superiores de procuración de justicia y de seguridad pública (SSPF y PGR), lo que ha llevado a algunos analistas a señalar que mucha de la inteligencia contra el narco la había proporcionado…el mismo narco. Pero este no es un rasgo exclusivamente mexicano: los grupos de la delincuencia organizada utilizan en todas partes las estructuras del Estado para golpear a sus competidores, y ello desde los tiempos de Al Capone. Ello es así porque, a diferencia del terrorismo, que busca destruir al Estado, el crimen organizado sólo quiere ponerlo a su servicio.

4. El peso de las metáforas. Defender la metáfora de la guerra tiene sentido en tanto se trata de legitimar la enorme masa de recursos humanos, armamenticios, materiales y políticos que el gobierno se ha visto obligado a poner sobre la mesa (en los diversos teatros de operaciones), pero es equívoco, y además abre espacio a interpretaciones de filo catastrofista y/o propiciadoras de actitudes intervencionistas, como la que expresa el términonarco-insurgencia, de moda hoy en algunos círculos gubernamentales y académicos norteamericanos (y sus corifeos en México), pero carente en su totalidad de rigor teórico, pues ni los narcos se proponen tomar el poder del Estado por la fuerza, ni están asociados con quienes sí pudieran plantearse este objetivo.

Todo lo cual no impide reconocer que estamos ante un conflicto armado de importantes dimensiones y gran impacto mediático, que en efecto amenaza a la seguridad nacional, por sus implicaciones geo-estratégicas (Estado fallido, la multiplicación de presiones estadounidenses, como lo muestran las recientes filtraciones de Wiki-Leaks) y su impacto en la gobernabilidad, en la seguridad de las personas y en el entorno económico (Banxico acaba de reconocer que la violencia está teniendo impacto en el retiro de intenciones de inversión, en particular en las zonas fronterizas del norte del país).

5.La estrategia del gobierno. Guerra o no guerra, una cosa es indudable: México (no sólo el gobierno, sino el Estado como tal; es decir, los tres poderes y los tres niveles de gobierno) necesitaba y necesita abatir o capturar capos, desmantelar cárteles, pandillas y estructuras criminales asociadas, para recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio y devolverle la tranquilidad a los ciudadanos y esto, como concluye acertadamente Villalobos, “no puede hacerse en poco tiempo y sin sufrir muertos”.

En esto coinciden estudiosos serios del problema (como Vanda Felbab-Brown), ex funcionarios extranjeros antinarcóticos (como Robert C. Bonner) y diplomáticos conexpertise en estas materias (el embajador Carlos Pascual), entre otros. Disienten de esta tesis “expertos” delirantes como Edgardo Buscaglia (quien sostiene por sus teóricas pistolas que México es un “Estado mafioso”) o Ignacio Sotelo, (que alegremente anuncia en El País “El desguace del Estado mexicano”) y sus acólitos en los medios, en los partidos de oposición y en el Congreso, quienes a diario proclaman eufóricos la derrota de Calderón ensu guerra, sin hacerse cargo en apariencia de dos consecuencias objetivas de sus deseos: primero, están jugando el juego del narco, que apuesta al cansancio de la sociedad; dos: que la derrota de Calderón es la derrota del Estado mexicano, para el que no hay sustituto. Lo que sigue a esta derrota es la capitulación, con las consecuencias que de ello se derivan y que nadie entre los críticos estaría dispuesto a asumir (por ejemplo, ¿quién quiere una intervención militar directa de los Estados Unidos en territorio mexicano, un Plan Colombia?).

Por supuesto que son importantes la política social en las zonas criminógenas, la recuperación de espacios públicos, la prevención sanitaria, los programas de empleo hacia los jóvenes, etcétera; lo que se dado en llamar “restauración del tejido social” y, en perspectiva, la despenalización de las drogas blandas. Asimismo, la paulatina sustitución del ejército y la marina en tareas estrictamente policiacas. Pero estas políticas rinden frutos a mediano y largo plazo, y para entonces, la cosa podría haberse podrido.

6. Colombia y la violencia. La extremada violencia de los cárteles en México no tiene precedente, ni siquiera con el caso colombiano. Allá fue un cártel, el de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, el que desató las hostilidades contra el Estado colombiano con un objetivo explícito: abolir la extradición de los capos de la droga hacia los Estados Unidos, y otro implícito: someter a sus designios al Estado; curiosamente, Escobar logró su primer objetivo cuando la Asamblea Constituyente (1991) anuló las extradiciones. Después quedó claro que una buena cantidad de los diputados constituyentes colombianos estaban a sueldo de los cárteles, pero eso es otra historia. La ofensiva de Escobar Gaviria contra el Estado colombiano generó originalmente la caracterización, precisamente, de narco-terrorismo.

En lo que a México se refiere, no hay precedentes tampoco en el nivel de violencia; como escribe Vanda Felbab-Brown (enForeing Policy at Brookings): “El nivel de violencia presente en México por los últimos dos o tres años es todo menos típico de los mercados ilegales. Tampoco es común en los mercados de drogas. Más bien representa una aberración e indica una gran inestabilidad de mercado”.

Para la autora, este nivel de violencia es malo para el negocio de la droga, lo que suena lógico. Deduce que el mercado ilegal en México necesita que emerja un árbitro o ente regulador que imponga orden en beneficio del negocio mismo. Mientras ello ocurre, se muestran ya algunos hechos y tendencias que hablan de que la marea está cambiando.

Por su parte, Robert C. Bonner, ex Director de la DEA y ex Comisionado de Aduanas de los Estados Unidos señala, en artículo dedicado más al público norteamericano que a los mexicanos, la necesidad de tener claros los objetivos: en Colombia, dice, “el objetivo era desmantelar y destruir a los cárteles de Cali y Medellín (no evitar el flujo de drogas hacia los EU ni tampoco terminar con su consumo)”. Admite que una vez cumplido aquel objetivo aún persisten traficantes de drogas en Colombia, y la cocaína aún se produce ahí, “pero comparados con los viejos cárteles, los actuales son más pequeños, más fragmentados y menos poderosos” (Foreign Affairs, julio/agosto 2010).

Lo más importante –dice- es queya no representan una amenaza para la seguridad nacional de Colombia. Desde la perspectiva de la vigencia del Estado de Derecho, el problema en Colombia es hoy manejable. Los Estados Unidos deben aceptar que el objetivo en México debe ser similar: la destrucción de los grandes cárteles, nada más y nada menos.

Pese a que el tsunami mediático ya ha sentenciado de manera inapelable la derrota del gobierno en “la guerra de Calderón contra el narco”, las cosas no son exactamente así. Veamos:

7. El debilitamiento de los cárteles. No está claro aún cómo va a terminar la guerra (esta sí) de guerrillas entre los cárteles de la droga, pero ya asoman algunos indicios: el Cártel de Tijuana de los Arellano Félix está en decadencia y no se ven posibilidades de que renazca de sus cenizas.

El cártel de los Beltrán Leyva está muy golpeado por la muerte y caída de varios de sus más importantes líderes como Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo; Arturo Beltrán Leyva, El Barbas; Edgar Valdez Villarreal, La Barbie; Sergio Villarreal, el Grande, Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio, etcétera; así como por las deserciones y deslindes que estas caídas han propiciado. Para no desaparecer, se han tenido que subsumir con Los Zetas, antiguos rivales.

Por su parte, los Zetas y el Cártel del Golfo, enfrascados en una guerra de exterminio, también se han debilitado, como lo muestra la caída del Tony Tormentas (Ezequiel Cárdenas Guillén) y las decenas de sicarios de Los Zetas que últimamente han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, sobre todo en Tamaulipas y Nuevo León. En el caso de los Zetas testimonios recientes hablan de que no les alcanza para “pagar la nómina”, lo cual se manifiesta en que los nuevos sicarios son producto de una suerte de “leva” (según testimonios, en recientes enfrentamientos contra el ejército, la mitad de los sicarios tiran las armas y salen corriendo; la otra mitad sería elpie veterano, el que aguanta); mientras que otros testimonios hablan de desplazamientos y migraciones internas que indican desorden y desmoralización.

Otro grupo criminal que aparentemente ya vio pasar sus mejores días es elCártel de Juárez, que si bien ha resistido el asedio de El Chapo Guzmán, no hay manera de afirmar que se encuentre a la ofensiva. Si es cierto –y muchos datos parecen indicar que sí lo es- que en el círculo más cercano al anterior gobernador, incluido el aparato de procuración de justicia del estado, tenía poderosos protectores; el cambio de mandos en Chihuahua, más una presencia más extensa y acuciosa de las fuerzas federales (PF y Ejército) en la entidad, pueden redundar en un debilitamiento cualitativo deLa Línea. Aquí también noticias recientes hablan deescasez de mano de obra sicaria y la necesidad de buscarla en otros estados, como Veracruz y Guerrero.

LaFamilia Michoacana (que es un caso aparte por sus raíces sociales y la mezcla bizarra que hacen de religión, partisanismo y clientelismo) también se ha debilitado, según se desprende de las recientes declaraciones de algunos de sus líderes detenidos, pero igual se muestra cierto debilitamiento en sus peticiones de tregua y en las mantas y anuncios de “autodisolución”. Aunque el poder judicial liberó a la inmensa mayoría de los alcaldes y funcionarios detenidos en el llamadoMichoacanazo, finalmente la operación puso en evidencia la amplitud y la profundidad de la penetración del narco en las instituciones del Estado, para no hablar del reality show del diputado del PRD, Julio César Godoy, captado en furtivo coloquio con su compadre Servando Gómez,La Tuta y salvado, hasta hace poco, por jueces bajo sospecha y por sus colegas legisladores. El desafuero de Godoy Toscano, y la reciente caída en enfrentamiento de Rosario Moreno (a) El Chayo, líder fundador e ideólogo de la Familia, que el gobierno calificó como el golpe más contundente dado a esta organización, seguramente van a acelerar este proceso de descomposición.

Por cierto, si en algún lugar se han dado enfrentamientos armados que permiten hablar de “guerra”, ese ha sido Michoacán en el mes de diciembre de 2010, pero sólo en algunos lugares de la entidad, y además pronto se restableció la, digamos, normalidad, por lo que la situación michoacana no puede generalizarse a todo el país.

En esta perspectiva, incluso el mismo Joaquín El Chapo Guzmán (el millonario deForbes) no parece tenerlas todas consigo, pues la caída de Ignacio Coronel lastimó en profundidad su estructura y relaciones empresariales.

Otro dato que se desprende de trabajos como el de Héctor De Mauleón es que una buena parte de los capos y sicarios, si no la inmensa mayoría, son adictos, y muchas de sus decisiones las están tomando afectados por la persecución, cierto, pero también por los ensueños y paranoias que alienta el uso habitual de drogas (como relató La Barbie: cuando Arturo Beltrán Leyva estaba drogado, “me quería matar”).

8. El ethos de la narcoinsurgencia. Más allá de los corridos que cantan las hazañas del Jefe de Jefes o de El Chapo Guzmán, de los narcovideos donde enseñan sus habilidades quirúrgicas, o de las entrevistas reverenciales (como la que le hizoProceso a El Mayo Zambada), no existen muchas referencias a unethos del narco mexicano; ahora, a partir de lo que se ha dado en llamar la Batalla de Apatzingán, han surgido fragmentos de narrativas que ponen las cosas en otra perspectiva. En un comunicado dado a conocer el 13 de diciembre pasado,La Familia Michoacana advirtió que su organización “no involucra a civiles en un negocio que tiene hombría, moral y honor”; al tiempo que pedía una negociación con el gobierno federal que concretara una tregua navideña, La Familia establecía que “nunca hemos matado mujeres y niños inocentes…nosotros ponemos orden donde el abuso y la crueldad han dañado a nuestra familia”. Deslinde de Los Zetas y del gobierno.

¿Qué es para La Familia el tráfico de drogas?: Un “negocio inevitable” por las condiciones sociales, económicas y políticas en que surgió, responden sin describirlas. “Nosotros lo que buscamos es sacar a nuestras familias del rezago y la marginación económica, educativa, de servicios, salud, de trabajo digno y bien remunerado, y del subdesarrollo miserable en que durante décadas hemos estado sumergidos”.

Quienes así escriben se asumen de algún modo como vengadores del pueblo, de los marginados, pero también como una solución rápida y efectiva frente a la lentitud, morosidad, mentiras y corrupción de “los de arriba”. Lo cierto es que sobre esta base discursiva –más la intimidación, la extorsión, las ejecuciones y secuestros, por un lado; las dádivas, la protección, los compadrazgos, por el otro- es que han extendido su influencia y control territorial, lo que muestra que una política unilateralmente represiva no será suficiente para desarraigar a esta familia protectora, con raíces en el terreno y portadora de un discurso socialmente pegajoso.

9. ¿Calcular el golpe o pegar cuando se pueda? Lo que nos lleva a otro polémico punto: que las caídas de los capos “realmente no afectan” a las organizaciones criminales, pues “por cada capo que cae, hay diez esperando y listos a ocupar su lugar”. La frase –repetida hasta el cansancio- revela un desconocimiento total de la dinámica interna y la naturaleza de las organizaciones criminales. Como en cualquier otra organización donde pesan el mérito, la trayectoria, las relaciones, los conocimientos, la confianza y el temple, en los cárteles la curva de aprendizaje es larga, penosa y finalmente determinada por múltiples y azarosos hechos e incidentes. Un Chapo Guzmán, un Benjamín Arellano Félix, o un Amado Carrillo no surgen de la noche a la mañana, los capos no se dan en maceta, ni en México ni en ninguna otra parte.

Es imposible saber con certidumbre qué va a pasar al seno de una organización criminal si se detiene o elimina a uno de sus jefes, por lo tanto, ese no puede ser criterio para la inacción; la única certidumbre es que un golpe de cierta magnitud la va a desordenar, a desmoralizar, a poner en riesgo –si no se actúa rápida y eficazmente- de aniquilación. Por lo demás, la autoridad no puede, ni legal ni operativamente, permanecer impasible si tiene la oportunidad de capturar o abatir a uno o más de estos capos.

Cito a Bonner: Los Estados Unidos y México deben asumir, dice, una estrategia probada, que es la del “descabezamiento de capos”…”La estrategia requiere atacar cada vulnerabilidad de las organizaciones de traficantes en cada etapa del proceso: descontinuar el flujo de dinero y armas a los cárteles, afectar su capacidad para comprar drogas y precursores químicos, atacar sus redes de distribución, al tiempo que se explotan radicalmente sus vulnerabilidades de comunicación”.

10.Las cifras de ejecutados y otros vectores. Después de que la cifra de ejecutados no dejaba de incrementarse desde 2006 (peor, se duplicaba cada 11 meses, según cifras oficiales), desde agosto de este año se ha estabilizado, por así decirlo; las ejecuciones no bajan, cierto, pero tampoco aumentan. Al parecer, empieza a romperse una tendencia general de la llamada guerra contra el narco.

Se dice también que los decomisos de droga, dinero y precursores químicos casi no tienen importancia, que su único efecto es aumentar sesgadamente el precio de la droga en las calles de Los Ángeles o Nueva York. Ello tampoco es exacto: todo decomiso importante no sólo despoja de recursos a los cárteles, sino que los hace perder concentración y autoconfianza, afecta sus relaciones internas y externas, aumenta el sospechosismo y las contradicciones y les resta capacidad de operación, como se muestra en el libro “Marca de Sangre”.

Un dato cuando menos curioso es que, mientras que en algunos lugares la cifra más alta de homicidios violentos corresponde a ejecuciones (por ejemplo en Ciudad Juárez); en otros, como Tamaulipas, la cifra más alta corresponde a muertes en enfrentamientos, por encima incluso de las ejecuciones. Ello podría deberse a las necesidades de desplazamiento de grupos como Los Zetas, a través de las carreteras para atacar a sus rivales, cobrar cuentas o proteger plazas.

11. ¿Pactar con criminales? Ante las voces que insisten en la necesidad de un pacto tácito o explícito con los grupos criminales, la experiencia y la naturaleza de los cárteles mexicanos indica que no es posible dialogar con ellos, por la misma razón que no hay materia de negociación. ¿Qué se va a negociar? ¿Que paren las matanzas? ¿A cambio de qué? Ello no ha sido posible porque el terreno en que miden sus fuerzas, en el que dirimen el choque de sus necesidades de expansión, de sus ambiciones y contradicciones, es precisamente el enfrentamiento y la eliminación física de sus rivales. La lucha por las plazas y las rutas, las venganzas, los ajustes de cuentas, el cobro de piso, las sospechas, las delaciones, son parte sustantiva de su naturaleza, tanto como los narcocorridos, o loscuernos de chivo chapeados en oro y ornados de piedras preciosas.

Las cosas están claras: la única manera de no atraer tanto la atención de las fuerzas de seguridad es mediante un comportamiento discreto y, valga la figura, profesional, en su controvertido e ilegal negocio.

12. Pérdida de protección institucional. Hasta hoy, los datos corroborables son a) la cooperación internacional (Plan Mérida) en inteligencia afila cada vez más sus instrumentos; b) aumenta la coordinación entre las instancias gubernamentales y de seguridad mexicanas, ya existe una base común de datos de inteligencia; c) Plataforma México está constantemente poniéndose al día, estrechando lo que pudiéramos llamarlas redes de la telaraña (huellas digitales, placas de vehículos, teléfonos, antecedentes penales, retratos hablados, registro de voces); d) nueva legislación antisecuestros, anti lavado de dinero, etcétera, incrementa la capacidad de las instituciones para esta lucha; e) ya se pueden apreciar en diversas entidades y municipios los resultados de la presión federal paralimpiar a las policías municipales y estatales; f) los cárteles están perdiendo notablemente protección institucional y eso dificulta su operación; g) de ahí quizá las acciones desesperadas, como ataques a alcaldes o atentados contra candidatos.

No se ve racionalidad en ciertas tácticas de los criminales, no hay lógica que los beneficie en “calentar las plazas”. La implementación del mando único policíaco, con las modificaciones y adecuaciones que aún pueda tener, será un paso más en la dirección de despojar a los cárteles de protección institucional, lo que hará –lenta pero inexorablemente- más precaria su situación.

Cada vez más, los mecanismos de control de confianza están dejando de ser aleatorios o arbitrarios para convertirse en parte de los protocolos sustanciales de los cuerpos de seguridad.

Todo lo cual despierta un cauto optimismo: no estamos peor que hace algunos años, muchos indicadores apuntalan la idea de que estamos mejor, y ahora todo depende de perseverar en la estrategia adoptada, autocríticamente, cierto, en particular extremando precauciones para no dañar por descuido a la población civil, pero sin desfallecer a mitad del camino, cuando lo más difícil –trazar una estrategia y hacer que el conjunto de las instituciones de seguridad del Estado se apegue a ella en lo esencial- ya se ha alcanzado. El apoyo social podrá consolidarse como consecuencia de una actitud firme y clara en esta batalla por México. Y lo mismo vale para asegurar el compromiso del próximo gobierno en esta lucha.

Gustavo Hirales M.

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