El día de ayer el Presidente de la República decretó la deducción de impuestos en las colegiaturas de los niveles desde preescolar hasta bachillerato del ISR. Habrá que preguntarse si, dentro de todas las opciones de política de desarrollo, era esta la mejor. El debate es complejo, pero por lo breve del espacio, me limito a hacer tres puntos.

El primero es que la política beneficia a los sectores de la población con mayores ingresos. Tradicionalmente las familias de mayores ingresos son las que más participan de la educación privada. Estas familias, que se podrá argumentar son las que menos lo necesitan, son las que se verían más inmediatamente beneficiadas. Además, debido a que el apoyo es vía pago de impuestos, se excluyen del mismo a los trabajadores del sector informal, incluyendo no solo ambulantes, sino empleadas domésticas, jornaleros, trabajadores agrícolas, y muchos otros que están fuera de nómina, y que, ¡oh sorpresa! están entre los sectores más pobres. (En la gráfica de abajo se puede observar cómo la mayor parte del gasto privado en educación la hace el 20% de la población que tiene mayores ingresos, Por lo tanto la deducibilidad de la colegiatura sobre el ISR, beneficiará de manera desproporcionada a quienes más tienen).

El segundo es que la política estimula la demanda por la educación privada, la cual no es per se mejor que la pública. Aunque reconozco el derecho de los individuos a una educación de calidad, misma que nuestro sistema público no ofrece, pensar que cualquier escuela privada es mejor que una pública es erróneo. Hay escuelas privadas verdaderamente excepcionales, pero en promedio, las escuelas privadas no tienen mejores resultados educativos que las escuelas públicas, una vez que se toma en cuenta el contexto socio-económico y familiar del alumno. El que algunos padres de familia quieran enviar a sus hijos a determinada escuela para que hable otro idioma, los formen con sus “valores” o se junte con fulanito o menganito, es otra cuestión. Una que no necesariamente el gobierno tendría porque subvencionar.

Imagen: Fundación Idea. Escuela rural en Chiapas

Por último, si había recursos para gastar, quizá la primera prioridad debieron ser las escuelas que más lo necesitan (ver foto). En las zonas rurales e indígenas, donde las condiciones de infraestructura y equipamiento son pésimas, con 13,000 pesos anuales (el subsidio en primaria) se pueden comprar muchas cosas: material escolar, bancas, sillas, pizarrones, libros, baños. Un instructor comunitario del CONAFE percibe 1,300 pesos al mes. ¡La deducción de una sola colegiatura privada en primaria podría pagar un año de un instructor comunitario! Así de poco cuesta la educación pública para las zonas más marginadas de nuestro país. Y precisamente por eso, también así de pobres son sus resultados.

Al final, todo es una cuestión de prioridades. Todos los mexicanos merecen una educación de calidad: desde la familia clase media urbana, hasta el indígena en la sierra de Oaxaca y el hijo de Carlos Slim. La cuestión no es quien la merece más, sino quien la necesita más. Es ahí donde, en mi opinión, debería estar la prioridad gubernamental.

Lucrecia Santibañez. Directora de Educación en Fundación Idea A.C.

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