En los útlimos días se ha ventilado un escándalo en el Reino Unido sobre la relación entre el gobierno, los medios de comunicación, la policía, el espionaje y la corrupción. El escándalo, entre otras cosas ha implicado el cierre del famoso periódico amarillista The News of the World, que es propiedad del gigante de las telecomunicaciones Rupert Murdoch.

El día de hoy el escándalo sobre las empresas de Murdoch continuó a partir de la declaración pública que él y su hijo, ejecutivo de la empresa, rindieron ante un comité del parlamento británico. Los parlamentarios les hicieron varias preguntas sobre la operación de sus empresas, sus decisiones para contratar y correr gente, y si sabían o no del espionaje telefónico que hacían los periodistas de The News of the World. Murdoch y su hijo contestaron y evadieron como pudieron las preguntas. Sin embargo tuvieron que dar detalles que no se conocían hasta el momento. Una de las cosas más interesantes del evento mismo, es que un privado sea citado por el poder legislativo a declarar en público con el objetivo de hacer una investigación y deslindar responsabilidades.

Un caso similar de rendición de cuentas de un privado frente a un cuerpo legislativo fue el del Director Ejecutivo de la empresa British Petroleum en Estados Unidos hace poco más de un año. Considerando el daño que hizo la empresa al medio ambiente el Congreso lo citó para investigar el caso y aclarar quién cargaba el grueso de la responsabilidad, pese a ser un actor privado que también enfrentaría un proceso judicial.

En México este tipo de investigaciones parlamentarias son de alguna manera sorprendentes. Son contados los casos en los que un actor privado está obligado a justificar en público las decisiones que toma, la forma en la que lo hace, y asumir responsabilidad por sus consecuencias.

En Estados Unidos y en Gran Bretaña la práctica es muy común, y muchos de los casos más trascendentes de corrupción político o de irresponsabilidad industrial se suelen ventilar en comisiones legislativas de investigación. En ambos países la capacidad para citar y por ley exigir que cualquier ciudadano rinda testimonio al poder legislativo está implícito en sus atribuciones constitucionales.

En particular en Estados Unidos, aunque la práctica fue común desde finales del siglo XIX, y durante todo el siglo XX, la Suprema Corte la ratificó en 1927 a partir de un juicio en el que concluyó:

Somos de la opinión de que el poder de investigación -con el proceso para hacerlo cumplir- es esencial y apropiada para el auxilio de la función legislativa…

Un cuerpo legislativo no puede legislar sabia o efectivamente en ausencia de información con respecto a las condiciones que la legislación pretende afectar o cambiar, y donde el cuerpo legislativo no posee por sí mismo la información necesaria -lo cual frecuentemente es verdad- es necesario recurrir a otros quienes la posean. La experiencia nos ha enseñado que las meras solicitudes de dicha información comunmente logran poco, y también que la información ofrecida no siempre es precisa o completa, así que ciertos medios coercitivos son esenciales para obtener lo que es necesario.

Es decir al reconocer los límites reales que tiene el trabajo cotidiano de los legisladores, se crea la necesidad de adquirir información de personas que no participan dentro del poder legislativo. Aunque su objetivo es práctico, lo que parece lograr esta medida es el efecto político de igualar incluso a los más poderosos frente a los poderes públicos.

La legislación mexicana hasta el momento no contempla una atribución equivalente para el poder legislativo. Lo más cercano que hemos tenido es una iniciativa de ley presentada por la coalición PRD-PT-Convergencia en el marco de la reforma política sobre las atribuciones del poder legislativo:

Crear comisiones de investigación cuando medie solicitud de una cuarta parte de sus miembros a efecto de tratar asuntos de interés público. Las comisiones contarán con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación; sus conclusiones serán turnadas al Pleno de cada Cámara, a la Auditoría Superior de la Federación, a la dependencia, organismo o empresa investigada, al titular del Ejecutivo Federal y, en su caso, al Ministerio Público.

Para el cumplimiento de sus objetivos, las comisiones de investigación por acuerdo de la mayoría de sus integrantes y por conducto del Presidente de la cámara correspondiente podrán citar a cualquier persona, con el propósito de que aporte información o elementos pertinentes. Las personas que sean requeridas de conformidad con las garantías que otorga esta Constitución, estarán obligadas a comparecer, bajo protesta de decir verdad, y a proveer la información o documentación solicitada, sin más límites que los establecidos por las leyes.

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