Imagen: Emeequis

Hace poco más de un mes el periódico estadounidense New York Times (NYT), reportó la participación de agentes de la DEA en operaciones encubiertas dentro de territorio mexicano. La descripción que se hace en la nota, rápidamente puso a muchos a pensar en las implicaciones éticas de investigar crímenes vinculados al narcotráfico a partir de la promoción y facilitación de actividades ilícitas por parte del gobierno, como se hizo en el caso del tráfico de armas de la operación “Rápido y Furioso“. En Estados Unidos estas operaciones encubiertas en las que agentes policiacos se integran y ayudan a organizaciones criminales con el cálculo de rastrear sus redes de operación, son comunes. Sin embargo en México, muy probablemente son ilegales.

Frente al reportaje del NYT el gobierno mexicano reaccionó tajantemente negando que tuviera conocimiento de las actividades ilegales de la DEA en México. En voz de Alejandra Sota, vocera de seguridad del gobierno federal: “de entrada nosotros negamos que haya habido conocimiento por parte de las autoridades mexicanas de una operación de esta naturaleza”.

Esta semana la revista Emeequis publica una reportaje, “El Cártel de la DEA” de Humberto Padgett en la que cuenta toda la historia de la operación conjunta entre los agentes encubiertos de la DEA y por lo menos un agente encubierto de las fuerzas de seguridad mexicanas en territorio nacional. Las operaciones que describe tratan de lavado de dinero desde casas de cambio en México, el transporte del dinero en efectivo, y el tráfico de cocaína entre Ecuador, Estados Unidos y España.

En el reportaje de Padgett hay dos hechos, que provienen de documentos oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sobre los que también reporta el NYT el día de ayer), que contradicen la respuesta de la presidencia de la república. El primero es que la Secretaria de Relaciones Exteriores, firmó el documento de extradición a Estados Unidos de unos de los participantes en las operaciones ilegales, en donde se narran los hechos, y el segundo es que la narración de los hechos por parte de los agentes estadounidenses incluye a por lo menos un agente mexicano encubierto:

El 19 de julio, “en coordinación con las autoridades mexicanas, Harry se encontró con un agente mexicano en capacidad encubierta, quien se hacía pasar como socio de Umbacia”. R. Cole Helms, agente especial de la DEAencargado del caso, detalló bajo juramento el traslado de dinero:

“El agente mexicano mostró a Harry Rengifo un vehículo equipado con un compartimiento oculto que se utilizaría para transportar el efectivo a granel. Harry hizo una llamada telefónica y un individuo desconocido llegó, entró al vehículo y lo condujo”.

El agente encubierto mexicano le mostró a Harry un vehículo “especialmente equipado con un compartimiento oculto, que se iba a utilizar para transportar el efectivo al granel”.

Considerando esta información, que ahora es pública, falta esperar la reacción de las autoridades mexicanas. Sin embargo por buenas razones surge la sospecha que estas operaciones en México suceden sin ningún control legal y bajo la misma opacidad con que las organizaciones criminales violan la ley. Es decir, no existe la forma de distinguir, en este contexto, quienes son criminales y quienes son agentes, y por tanto cada vez se difumina más la posibilidad de asignar responsabilidades sobre las consecuencias indeseables de este tipo de operaciones.


(Actualización)

Las autoridades mexicanas, el día de ayer, publicaron un comunicado a través de la PGR en el que afirman que todas las investigaciones de lavado de dinero se han hecho dentro del marco jurídico y exclusivamente por autoridades mexicanas, lo cual está en contradcción con las declaraciones de los agentes de la DEA que describen su operación en México:

Las acciones de cooperación internacional que se realizan en México se desarrollan estrictamente dentro del marco jurídico en vigor, incluyendo la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y las normas que regulan las actividades de agentes extranjeros en territorio nacional.

Estas acciones se han materializado por ejemplo, mediante algunas operaciones coordinadas de investigación en materia de lavado de dinero que en territorio nacional se realizan exclusivamente por las autoridades mexicanas competentes.

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