Joan Miró - UNESCO

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Quienes defienden los derechos humanos en nuestro país, enfrentan un contexto crecientemente adverso. En los dos últimos meses han sido asesinadas, desaparecidas o amenazadas personas que se han movilizado en defensa de una causa legítima, usando para ello los medios legales y políticos a su alcance. Algunos casos:

El pasado viernes 9 de octubre Paz Rodríguez Ortiz fue ultimado en pleno centro de Nuevo Casas Grandes Chihuahua frente a su esposa Alicia Salaiz quien identificó a los homicidas. El 5 de noviembre Alicia fue “levantada” de su propia casa por 4 sujetos armados y al momento permanece desaparecida. Ambos fundaron la Asociación civil Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes.

El 27 de noviembre, Mariano Abarca Roblero, integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería fue asesinado frente a su casa en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, por un sicario que viajaba en una motocicleta. Desde junio pasado, Abarca mantuvo una protesta en la cabecera municipal con otros miembros de la REMA exigiendo la salida del municipio de la minera canadiense Blackfire. Su homicidio fue condenado por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.

El 28 de noviembre Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, y activista universitario por los derechos humanos fue acribillado en Cd. Juárez Chihuahua. Jesús Alfredo era yerno de Marisela Ortiz Rivera, vocera y fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, activista que ha sido amenazada junto con las defensoras, Norma Andrade y María Luisa García Andrade.

El mismo día un grupo de hombres encapuchados raptaron, violaron y asesinaron a la profesora Flor Alicia Gómez López en la región serrana de Tomochi, Chihuahua. La profesora era sobrina de Alma Gómez Caballero, activista de la organización Justicia para Nuestras Hijas y de Gabino Gómez, de dirigente de El Barzón. Este último ha denunciado sistemáticamente el clima de inseguridad y de violencia hacia los activistas.

Antier hace 11 años se adoptó en la ONU la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, que estipula la necesidad de proporcionar apoyo y protección a los defensores de los derechos humanos en el contexto de su labor. En México este y otros muchos compromisos internacionales no se cumplen. El asunto no es menor, si las voces críticas en nuestra sociedad son intimidades por la violencia, el autoritarismo tendrá vía libre.

El ambiente de riesgo y olvido que perciben las y los defensores de derechos humanos, a su vez, parece fomentado por la la visión maníquea de amigo-enemigo que ha establecido la “guerra contra el narctráfico” encabezada por el Gobierno Federal. En este ambiente no es del todo sorprendente sentir, que en muchas ocasiones la defensa de derechos humanos se considere del lado “enemigo”.

Un ejemplo de cómo la lógica de la guerra ha penetrado a la sociedad y hasta en los argumentos de algunos periodistas, es el artículo de Carlos Marín, publicado el 9 de diciembre del 2009 en Milenio Diario, en el cual afirma que “Lo descabellado es el aliento que Amnistía Internacional está dando a las organizaciones criminales…” Todo porque el organismo internacional documentó y denunció violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército.

La defensa de los derechos humanos no da aliento a las organizaciones criminales, pretende proteger los derechos de todas las personas por igual. Por eso mis compañeras y compañeros defensores asesinados, desaparecidos y amenazados, no están del lado enemigo. Para ellas y ellos, exijo justicia.

Jesús Robles Maloof. Integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos.

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