Foto: La Razón

Foro Internacional: Drogas, un Balance a un Siglo de su Prohibición. Museo de Antropología . Martes 14 de febrero. (Video a partir de la hora 1:09:00)

Habrán visto en la prensa hace unos días dos fotos que, esas sí, dicen más que mil palabras. Son las fotos de dos plantíos de mariguana, una tomada en México, otra en Oregon.

En medio del plantío mexicano, con las matas jóvenes a la cintura, van dos soldados en uniforme de combate, las armas de asalto alertas, apuntando al frente. Algo grave esperan encontrar, algo que quizá deban resolver a tiros.

La foto estadounidense es de una granja de cannabis. Las plantas de mota son altas y maduras, lo mismo que el hombre que aparece en medio de ellas, arropado por sus ramas como un santo de hornacina.

Este hombre es un gordito de aspecto joven, papada próspera, lentes finos y frente despejada. Viste de traje, con una corbata de tonos dorados. Su nombre es Paul Stanford. Es uno de los primeros millonarios que ha producido el cultivo y comercio legal de la mariguana para usos medicinales en California.

Stanford dice haber tenido ingresos de 10 millones de dólares en 2009 y 2010, provenientes de estos plantíos que exhibe como viñedos.

¿Qué nos dicen estas fotos? Nos dicen, entre otras cosas, que estamos en el lado equivocado de la guerra contra las drogas. En California, la mariguana produce fortunas y empresarios. Aquí, muertos y presos.

Para impedir que la yerba de aquí llegue al mercado de allá, la fuerza pública mexicana quema plantíos, detiene sembradores, burreros, narcomenudistas y capos.

La yerba perseguida aquí produce en California fortunas que se reputan no sólo como legítimas sino como visionarias: una variante más del sueño americano.

Dicen que la mariguana representa el sesenta por ciento del mercado total de drogas ilícitas en México. La última estimación del Cisen calcula el valor de ese mercado en no menos de 5 mil y no más de 8 mil millones de dólares. Hablamos de una fortuna agrícola criminalizada por la prohibición, una variante más de la pesadilla mexicana.

¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos quedado en la parte de la guerra donde están los muertos y los presos, y no las ganancias y los vivos?

Porque somos un país responsable, firmante del consenso mundial que prohíbe ciertas drogas.

La prohibición nace en la Convención Internacional del Opio de 1912 y es asumida por todos los países signatarios de la ONU en 1998, luego de que en 1971, el presidente Nixon y sus estrategas, inventan la campaña y el término que usamos hoy: “Guerra contra las drogas”.

El fin declarado del acuerdo mundial de la ONU es: “Reducir tanto la oferta ilegal como la demanda de drogas”.

Nada indica que esto haya sucedido. Luego de medio siglo de persecución, no han bajado ni la oferta ilegal ni la demanda de las drogas prohibidas. Según la propia ONU, en 2009 poco más diez años después del acuerdo, consumen drogas entre 149 y 272 millones de personas, un rango similar al de la década anterior[1].

Los Estados Unidos siguen siendo el mayor mercado consumidor, seguidos de cerca por Europa Occidental. Desde 1960, la mitad de los estadunidenses declara haber probado alguna droga ilegal.[2] En 2009, 40% del consumo de cocaína se concentraba en Norteamérica, seguido por Europa con el 30%.[3] En cambio, la mayor parte del mercado de la heroína, 47%, estaba en Europa Occidental y Rusia, en 2008.[4] El mundo desarrollado pelea sin esperanza contra su propio mercado: como revelan las cifras, el consumo de drogas en esos países es a la vez potente, irreprimible e ilegal.

Podemos decir, entonces, sin temor a equivocarnos que los beneficios de la prohibición son modestos. No así sus costos.

La Comisión Europea calcula que hay en el mundo un millón de presos por delitos vinculados a las drogas: 500 mil están presos en Estados Unidos. La mayoría de estos presos estadounidenses son negros o hispanos. La mayoría por portar con ellos, al momento de ser detenidos, el equivalente de 80 dólares de drogas prohibidas.[5]

Países de producción y paso como Myanmar, Afganistán, Irán, o, en América Latina, Perú, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala y México, han pagado y están pagando en violencia, corrupción, inseguridad y desarticulación institucional, costos superiores a los que les hubiera provocado su consumo.

México ha dedicado varias décadas a servir el consenso punitivo. Desde la Operación Cóndor en los setentas de siglo pasado, orientada a la erradicación de cultivos con el uso de defoliantes como el paraquat, hasta la última campaña de la guerra contra el crimen emprendida por el gobierno del presidente Calderón, la persecución de las drogas en México no ha sido sino una historia de violencia y corrupción.

Todas las operaciones policiacas, todas las detenciones, campañas y muertes, no han reducido el flujo internacional de narcóticos prohibidos. Los costos locales, en cambio, han sido elevadísimos.

En los años noventa se descubrió que el zar antidrogas de México era cómplice de uno de los cárteles que combatía. En el año 2008 fue descubierta la complicidad con el narcotráfico de los más altos mandos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), incluyendo a su titular.

Los últimos años registran la ola mayor de compra y corrupción de gobiernos y policías locales. Las actividades del narcotráfico se han extendido a 22 de los 32 estados de la República, cinco de los cuales viven condiciones de inseguridad y violencia que hacen correr por el mundo la imagen de México como un país más violento que Irak. [6]

El total de detenidos como parte de la lucha en contra del narcotráfico, incluyendo varios delitos, suma 144,219 personas en lo que va de este gobierno, hasta junio del 2011.

Los homicidios merecen nota aparte. Desde 1990 hasta 2007 la tasa de homicidios de México no había hecho sino descender. Había 20 homicidios por cada 100 mil habitantes en 1990 pero sólo 8 homicidios por cada 100 mil en el año 2007.

La espiral de violencia desatada desde entonces por la guerra de las drogas en México hizo subir la tasa. Según la ONU, en el año 2010 la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era de 21.5, casi cinco veces la que Estados Unidos, y casi lo mismo que Brasil, aunque una tercera parte que la de Colombia, y la mitad que Guatemala [7].

Respecto de la posición relativa de México y Estados Unidos en el tema de las drogas, los mexicanos suelen decir: “Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen los consumidores”. Mucho de verdad hay en esa queja.

México tuvo y tiene sus propias razones para dar la batalla contra el narcotráfico. Debe contener el avance del negocio sobre gobiernos y policías que no pueden resistir el embate. Los gobiernos locales de México son incapaces de administrar un esquema de tolerancia controlada como el que funciona en las grandes ciudades estadunidenses. Ciertas regiones y ciudades del país muestran síntomas de inseguridad semejantes a los que presentan los Estados fallidos.

El problema de salud pública que amenaza a México por problemas asociados con las drogas es menor que el de nuestros vecinos (sólo 6% de mexicanos han probado alguna vez una droga ilegal, contra 47% de estadunidenses [8]. El asunto crítico no es de salud, sino de seguridad pública.

La inseguridad que sacude a México nace de las debilidades de su Estado de derecho y de sus frágiles gobiernos locales. Pero se dispara por las rentas que obtienen los narcotraficantes en el mercado ilegal de drogas. Son esas rentas las que permiten al crimen organizado corromper, reclutar y armarse fuera de toda proporción.

Las posibilidades de cortar esas rentas por la vía financiera institucional son tan ilusorias en México como en los países consumidores. En los últimos cuatro años sólo han sido retenidos como ingresos atribuibles al narcotráfico unos 522 millones de dólares. El gobierno mexicano sólo ha sentenciado a 54 criminales entre 2004 y 2010 por lavado de dinero [9]. El otro camino para tocar el corazón económico del narcotráfico es reducir el margen de ganancia que da la prohibición. La prohibición es lo que hace que un kilo de mariguana en México valga 80 dólares, mientras ese mismo kilo vale dos mil dólares en California; que un kilo de cocaína valga en una ciudad fronteriza mexicana 12 mil 500 y 26 mil 500 en la vecina ciudad estadunidense; que un kilo de heroína valga en México 35 mil dólares y 71 mil en Estados Unidos.[10]

Terminar la prohibición, legalizar las drogas es el único camino cierto a la reducción de las rentas ilegales del tráfico y del consiguiente poder, violento y criminal, de los narcotraficantes.  Quien dice legalizar, dice, en realidad, regular.

Cada una de las drogas que persigue el consenso punitivo tiene valores psicotrópicos, riesgos médicos y efectos sociales distintos. No puede darse el mismo trato legal a drogas suaves como la mariguana, a drogas duras como la cocaína y la morfina, y a siniestros derivados de las metanfetaminas duras como el crack o el crystal meth.

Los beneficios de la legalización pueden enunciarse con relativa sencillez, lo que no quiere decir que sean inobjetables.

La legalización tendría un efecto serio sobre los márgenes de ganancia del crimen organizado: reduciría su capacidad de corrupción, reclutamiento y violencia.

Reduciría también los conflictos y la inestabilidad política en los países productores y de paso.

Reduciría los costos sociales del tráfico poniendo fin a una de las causas principales del crimen callejero.  Abriría un espacio a la regeneración de barrios pobres, tomados por el narcomenudeo en innumerables ciudades del mundo desarrollado y del no desarrollado.

Liberaría una enorme cantidad de recursos públicos dedicados hoy a la persecución, para canalizarlos a la educación y la salud, en un entorno de mayor transparencia sobre los efectos del consumo de drogas en las costumbres y la conducta de la población.

Países de producción y paso como México podrían concentrar sus esfuerzos de seguridad pública no en perseguir el tráfico, sino en contener los crímenes que afectan la vida diaria de los ciudadanos: homicidio, secuestro, extorsión.

Garantizaría, como sucede con el alcohol, la calidad industrial o química de los estupefacientes, y la responsabilidad pública, como negociantes legales, de los encargados de satisfacer la demanda.

Despenalizar y regular las drogas ilícitas es una opción deseable para México y para el mundo. Pero la camisa de fuerza del consenso punitivo es difícil de romper y tiene para México la forma adicional de la presión vecina de Estados Unidos.

Sin Estados Unidos cualquier intento de legalización mexicana topará con un insalvable rechazo político, jurídico, logístico y económico: si México no actúa en esto de la mano de su vecino, no irá a ningún lado.

A fines del año pasado, cuando andaba todavía en trajines de precandidato, el jefe de gobierno de esta ciudad, Marcelo Ebrard dijo, durante una gira por Jalisco, que en materia de la lucha antinarco había que sentarse a “hablar en serio” con los Estados Unidos. “La verdad, agregó, “es muy difícil ganar una batalla de ese tamaño sin ellos”.

Esto fue el 9 de noviembre de 2011. Ese mismo día, el entonces precandidato republicano a la presidencia, Rick Perry, actual gobernador de Texas, comparó a México con Colombia y dijo que México podría requerir de las fuerzas militares estadounidenses para, “en coordinación” con los mexicanos, “eliminar estos cárteles de narcotraficantes y mantenerlos alejados de nuestras fronteras”.

No es ese el rumbo ni el tono del diálogo, supongo, en que estaba pensando Ebrard, sino más bien el que trazó, ese mismo día, el nuevo embajador estadounidense Anthony Wayne, al comprometerse en Tijuana a crear una frontera “del siglo XXI”, “eficiente para mejorar el flujo comercial y turístico, así como para prevenir el tráfico de mercancías ilícitas”. (Excélsior, 2/10/ 2011)

No deja de ser una ironía que el país que se reputa campeón mundial del libre comercio, tenga prohibidas y persiga dos de las cosas que más demanda de México: mano de obra y drogas. Y que sean esas dos cosas las que más envenenan las relaciones de los dos países a ambos lados de la frontera.

Irónico también que el país que se reputa como profundamente respetuoso de la ley, tolere y administre en su territorio dos mercados ilegales del tamaño de la migración mexicana indocumentada (13 millones de personas) y del consumo de drogas ilícitas (25 millones de usuarios).

La frontera es la línea imaginaria de un mercado que en realidad no tiene fronteras. La fantasía de que se reprimirá ese mercado con detenciones y persecuciones es sólo eso, una fantasía. Pero una fantasía de costos terribles para los dos países, en especial para México.

Termino con un poco de política ficción:

En un libro llamado Una agenda para México, que ha empezado a circular en estos días, y que resume y amplía dos ensayos previos sobre el futuro deseable de México, Jorge Castañeda y yo aventuramos que un azar afortunado podría permitir replantear frente a Estados Unidos la ecuación que hoy iguala narcotráfico con crimen organizado y con inseguridad y violencia.

“El nuevo presidente de México”, escribimos ahí, “tomará posesión el 1 de diciembre del 2012. Tres semanas antes, en los comicios presidenciales de Estados Unidos, casi seguramente volverá a figurar la iniciativa de legalización plena de la mariguana en California. Esta vez, dadas las tendencias de opinión y la mayor participación electoral de jóvenes, negros y latinos en la elección presidencial, es probable que California apruebe la legalización. Si esto fuera así, el nuevo presidente mexicano tendría una oportunidad de proponer la legalización equivalente en México o viajar a Washington, en compañía de algunos colegas latinoamericanos, para plantearle al presidente de aquel país que después de 50 000 muertos y la legalización en California, las cosas no pueden seguir iguales”.

Las cosas no pueden seguir iguales, pase lo que pase en California.

Si queremos terminar con la guerra de las drogas allá afuera, en las morgues y las fosas clandestinas de nuestras ciudades, debemos terminar antes con ella en nuestra cabeza, en la opinión pública local y global. Esto creo es lo que nos reúne, lo que estamos haciendo aquí. Debemos destruir la falsa premisa de que la guerra contra las drogas tal como la libra el mundo hoy es racional, eficaz o inevitable.

Lo único que es, en realidad, es obligatoria, porque se ha impuesto al mundo, contra toda evidencia, el dogma de que la guerra nos defiende, con eficacia, de un daño mayor.

Pero no hay ni ha habido daño mayor que la guerra misma.

Héctor Aguilar Camín.


[1] World Drug Report 2011

[2] Robert J. MacCoun y Peter Reuter, Drug War Heresies: Learning from Other Vices, Times, and Places, RAND, 2001.

[3] World Drug Report, 2011

[4] “The Case For Legalisation Time for Puff of Sanity”, The Economist, julio 26-28, 2001.

[5] Peter Reuter y Franz Trautmann (eds.), A Report on Global Illicit Drug Markets 1997-2008, European Commission, 2009. “Prisoners in 2008”, Department of Justice, 2010. En las cárceles estatales en Estados Unidos la distribución racial de sentenciados por crímenes de drogas es: 27.1% blancos, 44.2% negros y 21% hispanos.

[6] Eduardo Guerrero, “La raíz de la violencia” Nexos.

[7] Global Study on Homicide” UNODC, 2011.

[8] Encuesta Nacional de Adicciones, 2008.

[9] INCSR, Departamento de Estado, 2011.

[10] UNODC, op. cit., 2010.

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