Hace unos meses en la revista Nexos publicamos un artículo de Roberto Valladares en donde explica cómo funciona el sistema de notarías en México, lo compara con otros países del mundo, y hace una propuesta interesante: organizar el sistema de notarías como organizamos el registro civil.

Entre los problemas que describe Valladares del sistema actual, está la existencia de redes de corrupción y complicidad entre las autoridades públicas y notarios, que muchas veces resultan serlo, como parte de una prebenda del gobernante en turno. Son pocos los estados de la república que asignan las patentes de notario con mecanismos meritocráticos (si es que alguna) y lo que prevalece son redes clientelares y favoritismo:

Sin ahondar sobre el manido tema del clientelismo y el favoritismo en la asignación de notarías, menciono algunos otros datos que llaman la atención de la simple revisión del directorio de notarios del Distrito Federal —donde la normatividad establece desde hace 60 años procedimientos meritocráticos de ingreso. Al revisar los apellidos se encuentra que al menos el 16% de los notarios tiene parentesco consanguíneo con otro notario; o seguramente son hermanos (tienen apellidos poco comunes e idénticos); o muy posiblemente tienen una relación filial (comparten un apellido y sus notarías se ubican en el mismo domicilio). Quedan fuera de la contabilización los que estén emparentados, pero tengan apellidos comunes y no compartan oficina, por lo que la cifra real de notarios emparentados posiblemente es superior al 20%. En cuanto a los nombres de pila, el patrón más destacado es la inequidad de género: sólo el 6% de los notarios del Distrito Federal tienen nombre de mujer.

El día de hoy el periódico Reforma publica una nota en la que acusa a Enrique Peña Nieto de repartir notarías a amigos y aliados políticos en los últimos días de su gobierno.

En las dos últimas semanas de su gestión al frente del Estado de México, el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, creó 9 notarías y refrendó al frente de otras 20 a un total de siete políticos cercanos a su administración.

Además avaló que en al menos dos casos, los cargos fueran recibidos en herencia.

Esta denuncia muestra cómo varios gobernadores han convertido en práctica común esta forma de clientelismo. Peña Nieto no es el primero en terminar su mandato con el cuestionable otorgamiento de notarías, pues al menos Fidel Herrera siendo gobernador de Veracruz repartió 113 notarías, Humberto Moreira en Coahuila repartió 19 (entre ellas una a su Secretario de Gobierno), Ulises Ruiz dio 38 en Oaxaca, y en Michoacán Leonel Godoy otorgó 11 a excolaboradores y amigos.

No hay duda que quienes manejan el sistema de notarías como patrimonio político y no hacen un esfuerzo por cambiar su organización son responsables de las decisiones que toman para beneficiar a amigos y socios. Sin embargo, estos escándalos también presentan una oportunidad para cuestionar cómo funciona el sistema actual, si deben de mantener ganancias oligopólicas, y si no sería mejor y más accesible el servicio notarial si lo dieran funcionarios públicos.

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