El Secretario de Energía, Jordy Herrera, anunció el mes pasado que se otorgaron 18 nuevos permisos para la creación de parques de energía eólica en la zona del Istmo de Tehuantepec y que el Gobierno Federal negocia con inversionistas privados incentivos que impulsen la construcción de nuevos parques en la región.
Las comunidades ikoots y zapotecas afectadas por estos proyectos de desarrollo han intentado reivindicar su derecho a la participación, información y a la consulta previa. Propietarios de los terrenos donde ahora se instalan gigantescos molinos reclaman la rescisión de los contratos de arrendamiento que firmaron con empresas trasnacionales entre las que se encuentran Iberdrola, Unión Fenosa, Eoliatec, Wal-Mart, Soriana, Preneal, Endesa y Gamesa, entre otras.
Su demanda es una: ¡que no se privatice la atmósfera!; su argumento es simple: se violaron sus derechos. Las trasnacionales –ante la mirada pasiva del gobierno que autorizó sin consultar previamente a los pueblos el cambio de uso de suelo de zona agrícola a zona industrial– actuaron con dolo pues no les dieron información suficiente sobre los proyectos, que irremediablemente impactaran la sustentabilidad alimentaria de la región al disminuir considerablemente la producción de maíz.
El precio pagado por la renta de los terrenos donde se instalan los generadores es de un peso por metro cuadrado, lo que significa un pago ínfimo en comparación con la ganancia que produce cada generador; ganancias que no se reflejan en beneficios para sus comunidades. Es su eterna historia: explotan sus recursos y son otros los beneficiados.
De acuerdo con el el convenio 169 de la OIT, el Estado Mexicano está obligado a consultar a los pueblos siempre que se trate de transmitir sus derechos sobre sus tierras, construir acuerdos y lograr el consentimiento previo, libre e informado, cosa que no garantizó en el Istmo, pasando por alto los movimientos sociales por la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas.
Hasta la fecha no existe en nuestro país una ley que reglamente estos derechos. Su expedición requiere de voluntad política para dejar tomar decisiones autoritarias que imponen un modelo occidental de desarrollo e imaginar mecanismos claros de diálogo que consideren la cultura de los pueblos, la alteración de su mundo cotidiano, su relación con la tierra y la afectación de los recursos comunes.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que la ausencia de leyes reglamentarias no exime al Estado del deber de consultar; por ende se puede denunciar la nulidad de los contratos, tomando en cuenta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas que establece el derecho a la restitución de las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente hayan poseído o utilizado y que hayan sido utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado.
La implementación eficaz de estos derechos cambia radicalmente la correlación de fuerzas, empodera a los pueblos indígenas, obliga al gobierno y a los empresarios a ver a las comunidades ya no como grupos vulnerables, sino como socios, a negociar entre iguales. Y no parecen estar dispuestos a ello.
Lo que sucede en la región es grave, hay violencia en vez de negociación. La confrontación entre los pueblos que están de acuerdo en arrendar sus terrenos contra las que oponen resistencia ha crecido sin que el gobierno medie de manera eficaz. El conflicto entre las comunidades de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar , Santa María del Mar , Unión Hidalgo y Santa María Xadani ha dejado heridos, una persona muerta y bloqueos de caminos que los comunican y provén de servicios, para presionarse entre ellos ya sea para arrendar sus tierras o rescindir contratos. El resultado es obvio: las comunidades se dividen y las trasnacionales se instalan.
Bettina Cruz y Maribel González, defensoras de derechos humanos e integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, denuncian constantemente que los hostigamientos, las amenazas, y la violencia aumentan a diario. Apenas hace unos días Bettina fue detenida por la PGR acusada por delitos contra la riqueza nacional y privación ilegal de la libertad por su participación en abril del 2011 en una protesta en las afueras de las oficinas de la CFE.
El gobierno estatal anuncia voluntad que no se ha traducido en hechos. Instala mesas de diálogo en las que las que el Gobernador, Gabino Cué, pide a las comunidades aceptar un proyecto que creará empleos y desarrollo sin comprometerse a garantizar sus derechos a la información, a la participación y a la consulta.
La omisión compartida entre el gobierno- en todos sus niveles: federal, estatal y municipal – por garantizar los derechos de las comunidades indígenas y mediar en los conflictos resulta preocupante. Se pone en riesgo la convivencia pacífica de los pobladores, su integridad física y su vida. Lo hemos visto antes, por ejemplo en Acteal.
Paola Zavala Saeb. Abogada.
siempre el gobierno se cura, ignora y se presta a las empresas y no al pueblo informandole de lo que puede suceder en caso de que acepten y les mencionara los riesgos que corren y por supuesto no les proporciona a la persona experta en el tema para que tomen providencias y no se presten a la explotacion, como ya sucedio y luego el mismo gobierno se admira de las manifetaciones y contratiempos que segun este (gobierno), y hace todo pòr hacer parecer que el pueblo no acepta el avance tecnologico y acusa al pueblo de estar en contra del progreso del mismo pueblo; por ejemplo aqui en manzanillo col., se piensa instalar una via de ferrocarril atravezando una colonia y perjudicando a mas de 55 familias y sus propiedades sin tomar en cuenta los daños (colaterales ahora se acostumbra decir asi), que les van a causar a mas de siete escuelas que con el ruido del paso del ferrocarril que ha pasado por años perjudica a toda la comunidad estudiantil de mas de 2500 alumnos y aparte con las vibraciones del mismo paso del tren y que en ocasiones rebasa los 4 o 5 de la escala de temblores, y en ocasiones se llegan a producir grietas en el piso por el mismo paso del ferrocarril de mas de 80 gondolas con doble estiba que a su ves cada una tiene un peso de 80 tons. aqui estamos haciendo la lucha porque esto no suceda ya que tenemos un estudio muy completo para demostrar que hay un lugar ideal para que pasen el ferrocarril que fue estudiado desde hace 19 años por personal del mismo ferrocarril, pero como sale mas costoso pues niegan que esto sea posible y no nos aceptan nuestra propuesta a pesar que tecnicamente ya les demostramos que esto es posible. ojala lo logremos, gracias por aceptar el comentario.
Que pena dan estas personas que se aventuran a dar un comentario de una nota de la Jornada (de los pocos diarios críticos que presentan los verdaderos problemas) sin tener la certeza de lo que los eolicos estan representando en las comunidades, creo que no leyeron bien la nota donde dice:
«El precio pagado por la renta de los terrenos donde se instalan los generadores es de un peso por metro cuadrado, lo que significa un pago ínfimo en comparación con la ganancia que produce cada generador; ganancias que no se reflejan en beneficios para sus comunidades. Es su eterna historia: explotan sus recursos y son otros los beneficiados».
.
Entonces no se ve por ningun lado el beneficio que dicen estar proporcionando y que se esta anunciando con bombo y platillo en medios de comunicacion como la televisión y la radio. Este tipo de proyectos efectivamente vulneran los derechos de los pueblos y comunidades indígenas al no existir un proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado para la implementación de estos proyectos en esos territorios. Estoy segura que si la gente tuviera a la mano toooda la información que necesita al respecto no le entrarían a rentar sus tierras por las miserias que les dan. Quien no tiene una relación directa con la tierra y el territorio es dificil que pueda entender la problemática que se esta viviendo en esa región… no seamos tan ciegos e informemonos lo suficiente antes de emitir un comentario
saludos y felicidades… escritos de estos y su explicacion somera y acertada hacen los suyo: invitación al análisis político…
Es increíble en donde ponen la mirada nuestros gobernantes. Lo propio se masacra y malvarata, mientras lo ajeno se compra a un precio muy elevado.
México: luz de la calle, eolicas en la casa.
El comentario de José abajo es muy atinado. Yo también he estado en el Istmo por cuestiones familiares y aquellos propietarios donde ya hay parques eólicos traen una buena renta adicional al negocio base ya que los generadores usan poco terreno.
Este artículo debiera ser mas objectivo, solo presenta una cara de la moneda y siempre hay mas.
Nexos: Cuestionen a sus artículistas, de lo contrario al rato van a parecerse a La Jornada.
Creo que vale la pena presentar el otro lado del argumento. Como reportero fui a Juchitan en 2009 para investigar el tema, en relación con el proyecto Eurus. Lo que encontré es que los ejidatarios que habían firmado contratos estaban contentos con los términos, ya que el costo de oportunidad por lo que producen es muy bajo (pocas hectáreas de granos o ganadería no intensiva) Los que no estaban de acuerdo son los de comunidades en donde no se instalan aerogeneradores, que usan el argumento de la consulta y el consenso en las comunidades para obtener un beneficio.
Sin duda puede mejorar la relación con las comunidades pero resulta muy complicado y eleva mucho los costos de transacción emprender un proyecto como este pidiendo consenso para cada paso.
Tampoco creo que las empresas busquen la división de las comunidades, estos enconos preceden a los proyectos de energía eólica y está fuera de las posibilidades de las empresas el tratar de resolverlos.
La mayor responsabilidad es de las autoridades locales que en vez de dar certeza jurídica a todos los involucrados se dedican a negociar con las comunidades dependiendo de su filiación política y recurren a la intimidación cuando son presionados por las empresas.