Imagine por un momento que un amigo suyo (digamos que uno muy bien intencionado), cree haber concebido el programa público que cambiará el futuro de los habitantes de un municipio en el que se denuncian 30 mil delitos al año, como ocurre en Ciudad Juárez. Imagine también que, además de muchas ganas de ayudar, usted cuenta con el dinero que se requiere para llevarlo a cabo. Sin embargo, cuando usted pregunta cuáles son las metas del programa, un demoledor silencio tras una serie de vaguedades le indica que no hay tales.

Bajo estas condiciones, ¿firmaría usted el cheque?

Un programa público sin metas es, además de una irresponsabilidad gubernamental, una improvisación cara: como diseñar una vacuna sin saber exactamente qué enfermedad se quiere evitar. Hace imposible saber si los objetivos se cumplieron, medir su efectividad y por ende, si debe replicarse o desaparecer.

Si partimos de lo anterior, tendremos una mejor idea de la gravedad de lo que reportó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2010: todos los programas de la Secretaría de Seguridad Pública federal relacionados con la prevención del delito y la participación ciudadana (11) se implementaron ese año sin que la dependencia hubiera establecido metas para éstos.

El gris panorama se torna negro si recordamos que ha sido el propio Presidente Felipe Calderón quien ha asegurado, como en su último mensaje de Año Nuevo, que “lo más importante de la estrategia de seguridad del gobierno federal es la prevención del delito”; o que estas medidas son “uno de los tres ejes” de dicha estrategia.

Las siguientes conjeturas son pertinentes: o la relevancia de prevenir el delito sólo existe en el discurso del ejecutivo federal y el de funcionarios con tareas relacionadas a la seguridad pública, o la capacidad de diseñar programas o políticas con este fin no existe en la presente administración. ¿De qué otra manera podría explicarse tal desdén?

La ASF fue contundente al exponer las consecuencias de la omisión de la SSP “la ausencia de un sistema de evaluación que responda a la complejidad del problema y, por ende, de las soluciones que demanda, en un contexto de alta y diversificada incidencia delictiva, no permite dimensionar objetivamente su contribución a atacar las causas estructurales del delito, ni a frenar y revertir la dinámica delictiva que se ha desencadenado en prácticamente la totalidad del territorio nacional”.

En cuanto al gasto efectuado por la dependencia federal para prevenir la comisión de ilícitos, de la revisión de la Cuenta Pública de la SSP efectuada por la Auditoría se desprende que sólo 4 de cada 100 pesos ejercidos en 2010 tuvieron ese destino (de un total de 4 mil 131 millones 214 mil 400 pesos erogados aquel año por la dependencia federal).

Siguiendo con la información de la ASF, la mayor parte de los recursos (84 pesos de cada 100) se destinó al desarrollo de infraestructura y tecnología; a la oficina del titular de la SSP y sus unidades de apoyo le correspondieron 7 de cada 100 pesos; 4 a establecer y dirigir las actividades de planeación y protección institucional y sólo un peso de cada 100 a normar la política penitenciaria nacional de la dependencia.

En este punto, surge la siguiente disyuntiva: si consideramos que los recursos en esa unidad administrativa se ejercen sin que sus programas para prevenir el delito tengan metas claras, ¿valdrá la pena demandar que se incrementen los recursos que se destinan a este importantísimo rubro considerando que no hay forma de calificar su relación costo-beneficio?

Habrá quien piense que destinar recursos públicos casi a ciegas a esta materia (en una versión más del throwing money at the problem) no sea una mala idea, que la prevención del delito es cuestión de mera buena voluntad, o quizá nuestros funcionarios pasan por alto que es indispensable contar con evaluaciones rigurosas al momento de decidir qué programa aplicar.

Esta empresa no es inalcanzable, es más: ya está hecha (en parte). Existen bancos de buenas prácticas y sitios que publican las “fichas técnicas” de cada programa de prevención con sus objetivos generales y específicos a detalle, su metodología y resultados en el corto, mediano o largo plazo. El Departamento de Justicia estadounidense cuenta con uno propio (al que llegué vía mi colega Alejandro Hope), en el que personal capacitado para este tipo de evaluaciones, completa un proceso formal de análisis (en ocho pasos) que concluye en la calificación del programa como efectivo, prometedor o sin efectos. En este punto, cabe señalar que la duración de cada uno puede variar considerablemente dependiendo de su diseño; lo que implica que para obtener resultados confiables sobre la efectividad de los programas, es imprescindible contar con mediciones consistentes en el tiempo.

Del lado latinoamericano contamos con poca información. La Universidad de Chile, en una iniciativa en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Open Society Institute, lanzó un banco de buenas prácticas también en línea con información sistematizada de experiencias de éxito en   la disminución de la violencia y el delito. Lamentablemente no hay información de programas de México registrada en el mismo, ni tuvo éxito mi búsqueda en línea de evaluaciones originadas en nuestro país en materia de prevención del delito con el nivel de sistematización mencionado.

En resumen, saber qué programas nos servirán para evitar que la violencia siga reproduciéndose en México nos tomará tiempo y seriedad en la definición de metas; será mejor que empecemos ya. Mientras tanto, para la SSP, 2010 se fue sin metas en esta materia.

Año sin metas, año perdido.

Lilian Chapa Koloffon. Investigadora y Gerente de Comunicación de México Evalúa. Centro de Análisis de Políticas Públicas

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