Foto: iose

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Transcurridos dos años de la presentación de la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a casi ocho años de la denuncia de los peticionarios ante el Sistema Interamericano, en días pasados la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió su fallo en el caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. El caso versa sobre la responsabilidad internacional de México por la “desaparición y ulterior muerte” de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez en el 2001.

México efectuó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, sin embargo, adicionalmente la Corte le encontró responsable por la violación al Derecho a la Vida, la Integridad y Libertad Personal de las tres jóvenes, en relación con la obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio a toda persona, a disfrutar de estos derechos, así como la obligación de adoptar medidas de derecho interno para su protección. Así mismo, México resultó responsable por la violación del derecho a la no discriminación de las menores por su condición de mujeres, respecto de los anteriores derechos y la violación del derecho de la niñez, en perjuicio de las dos jóvenes menores de edad.

Respecto de los familiares de las víctimas, la Corte declaró violado el derecho a la no discriminación en el acceso a la justicia, así como a la integridad personal, por los sufrimientos causados y los actos de hostigamiento de los que fueron víctimas. México no demostró haber adoptado normas y medidas para que los funcionarios responsables de recibir las denuncias sobre desapariciones, tuvieran la capacidad y sensibilidad para entender el grave fenómeno de la violencia contra la mujer.

Esta sentencia es de las pocas en las que el Tribunal ha entrado a analizar las obligaciones consagradas en la “Convención de Belém do Pará”, respecto del deber de debida diligencia y de adecuación de la normatividad interna para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer.

La sentencia es per se reparadora, pero además México deberá:

  • Continuar las investigaciones penales para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los hechos.
  • Investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades y a los responsables de los hostigamientos efectuados a los familiares de las víctimas.
  • Publicar la sentencia en distintos diarios y en el sitio electrónico oficial del Estado.
  • Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y levantar un monumento en memoria de las mujeres víctimas de homicidio por razones de género en Ciudad Juárez, a develarse en dicha ceremonia.
  • Continuar la armonización legislativa con los estándares internacionales, desde una perspectiva de género.
  • Crear una página electrónica con información de las mujeres, jóvenes y niñas  desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como de los cuerpos no identificados.
  • Crear una base de datos de niñas y mujeres desaparecidas a nivel nacional, con información genética y muestras celulares de sus familiares, para su efectiva localización.
  • Continuar implementando programas y cursos de educación y capacitación en derechos humanos y género, principalmente en Chihuahua, para superar la situación de violencia contra las mujeres.
  • Brindar atención médica y psicológica gratuita a los familiares de las víctimas que lo deseen.

El Estado debe pagar a los familiares de las víctimas por concepto de gastos funerarios, gastos de búsqueda, lucro cesante o pérdida de ingresos, daño moral y gastos y costas,  aproximadamente $11,280,000.00 (Once millones, doscientos ochenta mil pesos).

Es así como el tribunal busca dar respuesta a las prolongadas demandas de los familiares de las víctimas, en uno de los casos más conocidos de violencia contra las mujeres en nuestro país.

Ana Sofía Torres.
Abogada.

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