En un artículo publicado hoy en El Universal, el investigador Mauricio Merino advierte que con el cambio de administración en diciembre, el nuevo gobierno tendrá a su disposición un enorme número de plazas labores que repartir en la administración pública federal debido a las limitaciones y deficiencia de la ley del servicio público de carrera (y su implementación):

Hasta el año 2010, los datos reportados en la cuenta pública ya fiscalizada nos decían que había 1 millón 698 mil plazas en la administración pública de la Federación y que, de ellas, solamente 35 mil 689 estaban registradas en el servicio de carrera: el 2.1% del total. Dicho en términos más simples, aun suponiendo que ese método ordenado por la ley desde el año 2003 funcionara impecablemente —y tomando los datos validados del año 2010—, el próximo gobierno tendría la posibilidad de designar nada menos que 1 millón 662 mil 785 plazas.

Además de los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y titulares de unidad, que juntos suman 643 plazas, el próximo Presidente podría nombrar a casi 4 mil 500 directores generales —incluyendo a los adjuntos—, a casi 10 mil directores de área y a más de 50 mil subdirectores y jefes de departamento. Y dado que no existe ninguna regla que lo impida, podría hacerlo sin tomar en cuenta nada más que la amistad, la cercanía y la lealtad política de quienes ocupen esos puestos. He ahí el botín ganado por el PRI, perdido por el PAN y disputado por el PRD: cientos de miles de puestos federales disponibles para dar y repartir, sin que medie algún concurso público, una competencia abierta, una revisión de méritos y capacidades adquiridas o una trayectoria profesional probada.

Sin duda el tema es importante porque la “disponibilidad política” de los puestos del gobierno no sólo es parte de una visión de la llega al poder como la captura de un botín para beneficios particulares, sino porque rompe algunos de los principios básicos de la democracia como son la igualdad de trato por parte del Estado. Es decir, el reparto de puestos públicos a partir de lealtades políticas o familiares es una parte de las prácticas clientelares que hoy siguen existiendo en nuestro país y que fueron denunciadas en el reciente proceso electoral.

Pero el desprecio por la igualdad de trato no es la única consecuencia de la ausencia de criterios profesionales y meritocráticos en la administración pública. Según un estudio de Peter Evans y James E. Rauch “Bureaucracy and growth: A cross-national analysis of the effects of “Weberian” state structures on economic growth (1999)” la ausencia de criterios meritocráticos y de la posibilidad de una carrera estable en el servicio público tiene un impacto sobre el crecimiento económico. Tras hacer una base de datos para medir que tan “weberiana” es la administración pública, hacen un modelo estadístico en el que incluyen a 35 países en vías de desarrollo. Su modelo (controlando otras variables como crecimiento previo y capital humano), concluyen los autores, les permite decir que:

La evidencia presentada agrega certeza a la propuesta de que las burocracias estatales caracterizadas por un reclutamiento meritocrático y predecible, y carreras escalonadas gratificantes, están asociadas a tasas de crecimiento más altas.

Tal vez la mejor evidencia de ellos son los países del sudeste asiático, como Taiwan, Japón y Corea del Sur.

En México desde el año 2003 se aprobó la Ley del Servicio Profesional que tenía como objetivo someter a concurso y crear una carrera con evaluaciones para los funcionarios públicos para al menos 62, 000 puestos en la administración pública federal. Sin embargo entre el inicio de su implementación y regulación, se redujeron en casi la mitad el número de puestos sometidos a concurso, y hasta el momento no se ha destituído a un funcionario como consecuencia de una mala evaluación.

En su texto “El servicio profesional de carrera (SPC) en la administración pública federal” José Luis Méndez hace una dura evaluación de lo que ha pasado en las dos administraciones panistas con el SPC. Lo más grave, pues va en contra de los objetivos declarados de la construcción de un servicio civil, es que el propio gobierno ha sistemáticamente violado el principio meritocrático de contratación. Por ejemplo, Méndez dice:

…prácticamente desde que se estableció el sistema de ingreso por mérito, la competencia entre candidatos ha sido evitada con frecuencia. Existe una sospecha generalizada de que los exámenes se proporcionan clandestinamente a los candidatos favoritos…

…más allá de estas sospechas, hay un dato objetivo: la utilización excesiva e injustificada del artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional, el cual establece excepciones al ingreso por concurso en casos de extrema necesidad (por ejemplo, desastres naturales). En los últimos tres años del gobierno de Fox hubo 2290 nombramientos por el artículo 34…En los primeros años del sexenio de Felipe Calderón ese número se incrementó de manera importante: entre enero del 2007 y julio del 2008 se realizaron cerca de 7000 de estos nombramientos…

En el último informe de labores de la Secretaría de la Función Pública se ofrecen datos donde parece que se mantiene la tendencia a evitar el ingreso meritocrático a través del uso del artículo 34, pues en el primer semestre del 2010 se contrataron “temporalmente” a   1387 funcionarios, y en el mismo periodo del 2011 a 1196.

El tema, como señala Merino, cobra relevancia ante el cambio de gobierno por venir. Así que bien valdría la pena estar atentos a cómo el nuevo gobierno reorganiza la administración pública, si continúa con la simulación de la ley, la desecha o hace un esfuerzo serio por rediseñar el servicio profesional. Por su vínculo tanto con los principios democráticos como con el crecimiento económica esta sí parece una “reforma que el país necesita”.

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