Rosendo Radilla

Rosendo Radilla

El 15 de diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia condenando al Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco el 25 de agosto de 1974 en manos de militares del Ejército en Atoyac de Álvarez, Guerrero. La Sentencia es un gran logro del movimiento de familiares y víctimas de delitos del pasado que durante décadas han luchado por obtener justicia por las violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia.

A pesar de los argumentos del Estado durante el proceso internacional y su negativa a reconocer de una manera clara y contundente la perpetración de los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra de Rosendo Radilla, la Corte fue categórica al afirmar que el Estado mexicano violó los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida, al reconocimiento a la personalidad jurídica de Rosendo, así como los derechos a la integridad física y psicológica, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Igualmente la Corte considero que la investigación cursada por el caso ante la jurisdicción militar, vulnera el derecho internacional y ordenó reformar las disposiciones del Código Militar para restringir su competencia.

La estrategia del Estado mexicano de ocultar la verdad, no sólo en el ámbito interno sino en el litigio del caso ante la Corte no prosperó, toda vez que éste se negó a remitir copia de la averiguación previa correspondiente a la desaparición de Rosendo Radilla a la Corte, lo que obligó a la misma a dar por probados los hechos denunciados en detrimento del propio Estado. Por segunda vez, el Estado mexicano se ha negado a cooperar con la Corte Interamericana, pues ocurrió lo mismo en la Sentencia de Campo Algodonero.

Igualmente, la Corte destaca que la impunidad en la que se encuentran los hechos, a 35 años de haber sucedido, la falta de diligencia en la investigación y el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado desde la creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), sin que se observe voluntad y seriedad en las investigaciones, configura una violación a la obligación del Estado mexicano de asegurar el acceso a la justicia.

El Fallo de la Corte confirma que el México de ayer y el México de hoy están unidos por la impunidad estructural y los obstáculos legales a los que las víctimas se han enfrentado, obstáculos que hoy la Corte está ordenando superar.

Juan Carlos Gutiérrez. Director General de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

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