Si en México no es posible asegurar que todos los recién nacidos y los adultos mayores tengan un acta de nacimiento; si no se garantiza que las personas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio o estén bajo una sociedad de convivencia, tengan acceso a los servicios de seguridad social y salud; si no es obligatorio respetar la voluntad de las personas con discapacidad; si no existen suficientes intérpretes y defensores de oficio conocedores de lenguas indígenas; si a las mujeres se les asigna un salario menor que a los hombres o si se les exige una prueba de embarazo antes de contratarlas; si se tolera la explotación laboral infantil; si los jóvenes no cuentan con un empleo estable y bien remunerado; si no se respetan los derechos de los migrantes; si no existe una política alimentaria que erradique la desnutrición en zonas rurales, no hay manera de ocultar que la discriminación se sigue filtrando por infinidad de grietas en la vida cotidiana de las y los mexicanos.

En el Reporte sobre la discriminación en México 2012, publicado por el Conapred y el CIDE, salen a relucir estos y otros escenarios en los que la desigualdad de trato es el pan de cada día. Este trabajo de investigación sustentado en entrevistas, ponencias, mesas de trabajo y el análisis de estadísticas, proyecta las sombras que aún cubren a los procesos civil y penal, a la cobertura de los servicios de salud, a la garantía del derecho a la alimentación y al mundo laboral, y, a la vez, trata de arrojar un poco de luz con un listado de recomendaciones que van desde el ámbito legislativo hasta el cultural, pasando por las políticas públicas.

El capítulo dedicado al proceso civil revela, entre otras cosas, que México ocupa el cuarto lugar en la lista de países latinoamericanos con subregistro poblacional, con 19.20% de niños y niñas menores de un año no registrados. La causa: las autoridades estatales no se han preocupado por acercar las oficinas del Registro Civil a las zonas indígenas rurales, porque no se percibe al registro de nacimiento como un derecho fundamental. Los estados con más bajo porcentaje de menores de un año con acta de nacimiento, según cifras del 2009, son: Chiapas (52.4%), Guerrero (53.7%), Oaxaca (65%), Puebla (69.9%), Veracruz (71.5%). ¿Qué se recomienda? “Habría de impulsarse una campaña nacional del Registro Civil para incorporar a las personas que no se hallan inscritas […]”.

Al referirse a la justicia penal, el documento señala que es un terreno pantanoso en el que los ciudadanos temen caer. Primero, porque siempre salen al paso la corrupción y la desigualdad. Retoman los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011, en la que los entrevistados consideran que la justicia en México tiene un largo listado de problemas, entre los que destacan la corrupción (22%), la desigualdad e injusticia (11.30%) y los funcionarios corruptos o incapaces (11.20%). Segundo, porque el grado de confianza que tienen en figuras relacionadas a la procuración de justicia es bajo.  Y para muestra toman resultados de la misma encuesta, en donde se asignan calificaciones reprobatorias para el Ministerio Público (5.7) y la Policía (5.4). Y tercero, porque “se asume que los ingresos de la persona son clave para obtener satisfacción”.

La radiografía de la discriminación en el mundo laboral muestra severas fracturas, debido a que existen grupos vulnerables a los que no se les garantiza el derecho a un trabajo estable y bien remunerado. Las mujeres ganan menos que los hombres por hacer el mismo trabajo, obtienen empleos de menor jerarquía profesional (en los hogares, en maquiladoras o en la informalidad), se enfrentan al acoso y hostigamiento sexual en donde trabajan (205,587 casos de insinuaciones y propuestas sexuales registró la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2006), dificultad para hacer valer sus derechos en caso de maternidad y la ausencia de pago en el caso del trabajo doméstico.

El reporte también aborda la realidad que enfrentan más de tres millones de niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 17 años: casi la mitad (4 de cada 10) trabaja tiempo completo para contribuir con los gastos de su familia y el resto parte el día para asistir a la escuela. Se les encuentra en la calle como vendedores ambulantes o limpiando coches, aseando casas, como esclavos para pagar una deduda de los padres, en la pornografía o la prostitución, en minas o en el campo, enterrando de esta manera cualquier posibilidad de que en un futuro su fuerza laboral sea valorada.

Las personas adultas mayores, explican, tienen dificultad para conservar su empleo o para conseguir uno (90% de las ofertas están dirigidas a menores de 35 años) y, en el caso de estar jubilados, la precariedad de su pensión, los obliga a refugiarse en la informalidad, en donde obtienen recursos de propinas o de un salario menor al que se le asigna al resto de la población.

Para tener un acercamiento a la desigualdad de trato provocada por el deficiente nivel de cobertura de los servicios de salud en México, vale la pena enlistar algunas de las recomendaciones que se incluyen en la investigación:

  • “Las mejoras progresivas en el sistema de salud en México deben considerar los estándares básicos del derecho a la salud para evitar en lo posible la discriminación. Por lo tanto, la accesibilidad a los servicios de salud debe ser física, financiera, geográfica y adecuada culturalmente”.
  • “La política de salud debe considerarse también como una política de inclusión social que reduzca las brechas en el goce al derecho a la salud ante la evidente desigualdad –en la infraestructura, presupuesto, en el acceso y calidad en los servicios de salud –según la derechohabiencia o no derechohabiencia y situación económica”.
  • “Se requiere de una amplia estrategia nacional que promueva el derecho a la salud de la mujer a lo largo de toda su vida…”.
  • “Debe concluirse el proceso de reforma legislativapara asegurar que instituciones como el IMSS, ISSTE, ISSFAM, Pemex y demás organismos públicos con atención salud hagan derechohabientes a las parejas del mismo sexo que estén formalmente registradas bajo la figura del matrimonio, de la sociedad de convivencia o del concubinato”.
  • “La política de salud debe brindar a los niños y niñas con discapacidad, en condiciones que aseguren su dignidad, los servicios de salud necesario por parte del Estado, de manera gratuita de ser posible”.

En otro apartado, por último, se hace un balance sobre el cumplimiento del Estado mexicano en garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos. En este caso, sin embargo, interviene una red de factores gracias a la cual es posible disfrutar de una “nutrición saludable”: el derecho al agua, la posesión de una vivienda digna donde almacenar los alimentos, el derecho al trabajo bien remunerado y el derecho a la información para conocer el tipo de nutrientes y el precio justo de los alimentos.  En los deciles más pobres es en donde menos se reúnen estos requisitos. Sus bajos ingresos surten la canasta básica de carbohidratos, calorías y grasas; la precaria infraestructura en las comunidades rurales indígenas con menos de cinco mil habitantes ha provocado que haya un mayor nivel de desnutrición, y en una división de género, a los hombres es a los que se les sirve mejor la mesa, en tanto que la mayoría de las mujeres no pueden disfrutar de una autonomía alimentaria.  Aquí se subraya que en México no solo se tiene que hacer frente a la desnutrición y la anemia, también hay que comenzar a crear políticas públicas para la atención de la epidemia de obesidad.

Kathya Millares. Periodista y editora.

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