Foto: Ricardo Ramírez Arriola, ganador del Permio Alemán de Periodismo

En el primer capitulo de “La Fiesta del Chivo” de Mario Vargas Llosa, Urania Cabral regresa a Santo Domingo en 1992, 35 años después de haberse desterrado de la Republica Dominicana. Su Padre, Agustín Cabral, había sido un colaborador cercano del dictador Leónidas Trujillo. Indecisa al respecto de visitar a su padre anciano y convaleciente, en su antigua casa ubicada en la calle de Cesar Nicolás Penson, Urania recorre Santo Domingo recordando con angustia anécdotas de su infancia. De pronto, la imagen del vestíbulo de la casa en la que vivió durante su niñez le llega a la mente, y recuerda “la imagen de la Virgencita de Altagracia, con esa placa de bronce jactanciosa: “En esta casa Trujillo es el Jefe”.” Urania se pregunta si su padre habría conservado aquella placa, o si por el contrario, la lanzaría “al mar como los miles de dominicanos que la compraron y la colgaron en el lugar más visible de la casa, para que nadie dudara de su fidelidad al Jefe, y que, cuando el hechizo se trizó, quisieron borrar las pistas, avergonzados de lo que ella representaba: su cobardía.”

El relato de Vargas Llosa ilustra con precisión distintas características de los regímenes autoritarios. Aborda los extremos a los que se puede llegar cuando, como sucede en todas las dictaduras, el poder se concentra en una sola persona. Y, adicionalmente, hace un reproche histórico a las sociedades, victimas de estos regímenes, por su necesaria complicidad en la articulación del autoritarismo que padecen.

El reproche de Vargas Llosa regresó a mi memoria cuando leía sobre las recientes manifestaciones en el estado de Chiapas de ciudadanos inconformes con la reinstauración del pago de la tenencia vehicular y el cobro por el alumbrado público que ha implementado la nueva administración con el pretexto de sanear las finanzas públicas del estado. Durante la pasada administración de Juan Sabines (2006-2012) el estado de Chiapas incurrió reiteradamente en la generación de deuda pública para “financiar proyectos de desarrollo”. Al término del sexenio, datos extraoficiales señalan que Chiapas se encuentra endeudado por un monto que rebasa los 40 mil millones de pesos, y sin embargo, la mayoría de chiapanecos (todos, quizá) no percibe en el estado una inversión de semejantes magnitudes.

Las manifestaciones se han caracterizado por una consigna generalizada: la exigencia de los inconformes de que se inicie un proceso judicial en contra del ex gobernador Juan Sabines. El reproche ciudadano, en principio es digno de celebrarse y constituye, quizá, el despertar de una sociedad adormilada y condescendiente con gobernantes corruptos y autoritarios. Sin embargo, visto desde otro punto de vista, más severo tal vez, las manifestaciones, no son más que una repetición histórica de los dominicanos lanzando a ultramar la placa de bronce, una vez, y solo una vez que el hechizo se ha trizado.

Los signos de corrupción e incompetencia que caracterizaron al sexenio Sabinista, no son de ninguna manera una novedad para los chiapanecos. El tema del excesivo endeudamiento del estado y el dudoso destino de los abundantes recursos que éstas transacciones generaron no es nuevo, ha estado en la prensa nacional por algún tiempo ya. Sin embargo, la sociedad chiapaneca decidió esperar para manifestarse, únicamente hasta que el ex gobernador se encuentra desprotegido de la aureola de poder que lo cobijó durante su sexenio y probablemente también padeciendo una resaca de poder difícilmente descriptible. Es decir, únicamente hasta que el hechizo se ha trizado.

En un estado como Chiapas, en el que hay reiteradas evidencias de que la justicia se utiliza en forma arbitraria y en el que la prensa local -que debería ser el contrapeso natural a los excesos del gobierno- sirve solo como un instrumento de propaganda, es natural encontrarse con sociedades civiles acobardadas ante la figura casi omnipotente que el gobernador representa. Reitero que si bien las manifestaciones me parecen un acontecimiento digno de celebración, me parecen también tardías. El perjuicio está hecho, y difícilmente el pago de la deuda saldrá de otro lado que no sea el bolsillo de los chiapanecos.

Si bien es cierto que las manifestaciones se desataron por las medidas emprendidas por la nueva administración, también es cierto que las voces inconformes no parecen estarlo con el nuevo gobernador. Quizá con cierta resignación, los indignados chiapanecos saben que una deuda tiene que ser saldada, y lo que buscan es, en cierto sentido, un linchamiento público que atenúe el molesto sentimiento de haber sido ultrajados.

No obstante, la nueva administración estatal, encabezada por Manuel Velasco, no parece escapar de las vergonzosas características que rigen la política chiapaneca. El “Güero”, quien llego a la gubernatura con apenas 32 años de edad, lo hizo impulsado por una campaña sin precedentes en el estado, tanto por su duración como por la abundancia de recursos con los que contó. No es ningún secreto para los chiapanecos que tanto la prensa local como el paisaje urbano y rural en la entidad, han estado saturados por la jovial figura del actual gobernador durante varios años ya. Este tipo de campañas publicitarias, por supuesto cuestan y cuestan caro. El origen de los recursos y el destino de los favores -acaso el mismo- no están muy claros aún, sin embargo, el panorama se irá aclarando progresivamente, y cuando suceda ¿saldrán los chiapanecos a la calle a jugar su papel de contrapeso? o ¿esperarán a que el nuevo hechizo vuelva a romperse para manifestarse en enero del 2019?

Héctor Trujillo. Estudiante de posgrado en Administración Pública,
Columbia University

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