El Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP), es un tratado de libre comercio que es negociado desde 2006 entre Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Brunei, Vietnam, Malasia y Singapur, al cual recientemente se han incorporado Canadá y México.

Al informar al Senado sobre el inicio de negociaciones formales del TPP, la Secretaría de Economía (SE) reveló que la negociación contempla más de veinte temas, entre los que se encuentran agricultura, servicios financieros, propiedad intelectual, telecomunicaciones, competencia, trabajo, medio ambiente, entre muchos otros.

A pesar de que no se han revelado detalles sobre los acuerdos alcanzados de forma previa a la incorporación de México al TPP, ni las posturas que México defenderá en las subsecuentes rondas de negociación, el Gobierno y un sector de la élite empresarial del país, han pregonado los posibles beneficios de estrechar relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico. No obstante, detrás de las fanfarrias de la retórica gubernamental, se esconden serias amenazas para el interés público, tanto por la forma en la que la negociación se está llevando a cabo como por el contenido de los acuerdos dentro del TPP.

La negociación “secreta” 

El proceso de negociación del TPP se ha llevado a cabo en condiciones de secrecía extrema. La ausencia de mecanismos de transparencia y participación, al menos al nivel de aquellos que se adoptan en el marco de organizaciones internacionales, ha provocado severas críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil las cuales han sido marginadas de las rondas de negociación. 

Por el contrario, ha sido revelado que un grupo de 600 “asesores corporativos” (cabilderos) poseen acceso privilegiado a detalles técnicos y textos del TPP facilitados por la oficina de comercio de los Estados Unidos (USTR). La absoluta falta de transparencia, aunada al privilegio otorgado a grupos de interés, ha generado gran preocupación respecto del contenido de los acuerdos y los posibles impactos perjudiciales al interés público.

En México desgraciadamente se ha adoptado el mismo camino de opacidad y exclusión. Por un lado, la SE informó al Senado y difundió en un comunicado de prensa respecto de la última ronda de negociaciones en Nueva Zelanda, la creación de un mecanismo denominado “cuarto de junto” con el objeto de “estrechar las consultas a nivel técnico para puntualizar intereses y/o sensibilidades de los sectores involucrados”. Sin embargo, gracias a documentos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública, hoy se conoce que el llamado “cuarto de junto”, no es más que un mecanismo para que una élite empresarial conozca detalles técnicos y determine la posición de México en la negociación en atención de sus intereses privados.

Según la respuesta otorgada por la SE, los “expertos del sector privado” que constituyen el “cuarto de junto” acompañan a la delegación mexicana en las rondas de negociación del TPP, acceden a información detallada, en tiempo real, sobre el estado de las negociaciones y son determinantes para definir la posición de la delegación gubernamental. 

A pesar de que el número y nombres de quiénes forman parte del privilegiado “cuarto de junto” han sido considerados como información reservada por parte de la SE, se hizo público que la determinación de los integrantes del “cuarto de junto” se hace a través de la Coordinadora de Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE) que deriva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN).

Así, de manera arbitraria la SE concede acceso a detalles técnicos de la negociación a un grupo privilegiado y al mismo tiempo señala que “la información técnica compartida con los responsables del sector privado se mantiene en carácter reservado” para el resto de la ciudadanía. 

Esta política discriminatoria incluso alcanza a los propios miembros del Senado, a quiénes la SE les ha negado el acceso a detalles técnicos del TPP argumentando que “existen aspectos que implican información reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia” (sic). La anterior contradicción ha causado molestia en más de un miembro del Senado.

Los derechos humanos y el interés público amenazados

A pesar del hermetismo de las negociaciones, han sido filtrados textos relacionados con los capítulos de “Propiedad Intelectual” e “Inversiones”, de los cuáles se desprende que los temores de que el TPP atente contra el interés público están justificados.

Por un lado, ha sido revelada la intención de que el TPP incluya disposiciones aún más restrictivas a las propuestas en el moribundo Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) o en la polémica ley estadounidense conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act) dentro de las cuáles se incluyen la imposición de mayores responsabilidades a intermediaros de internet para combatir violaciones al derecho de autor, la adopción de mecanismos privados de censura previa (notice and takedown) y de monitoreo de comunicaciones privadas, la imposición de sanciones penales por la utilización no comercial de expresiones protegidas por derechos de autor, las restricciones para la adopción de excepciones y limitaciones, la continuación de la perpetua extensión del término de protección entre otras medidas que afectarían de manera grave los derechos humanos en el entorno digital.

Asimismo, la medidas en materia de patentes farmacéuticas y las restricciones al comercio paralelo podrían representar un grave riesgo para el acceso a medicamentos, como lo ha señalado la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Por su parte, del capítulo de “Inversiones” destaca la intención de crear un mecanismo de solución de controversias “inversionista-estado”, el cual permitiría a un inversionista extranjero demandar a México por la adopción de medidas tomadas en aras del interés público, como aquellas adoptadas para prevenir los daños a la salud provocados por el tabaco o la obesidad (como ha sido el caso de México respecto del capítulo 11 del TLCAN). Este tipo de mecanismos ha sido rechazado por países como Australia, por considerar que limitan su capacidad de atender sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Puede llegar a ser loable la intención de incrementar el comercio justo entre México y otros países, sin embargo el fortalecimiento de las relaciones comerciales no puede dejar de observar el interés público que el discurso de la prosperidad causada por la liberalización económica reiteradamente promete. 

La mejor forma en que México, y el resto de los países que negocian el TPP, puedan garantizar que en el fortalecimiento de sus relaciones comerciales los derechos humanos, y por ende el interés público, no sean vulnerados, es garantizando que la negociación sea llevada a cabo de manera transparente y participativa, hacia adentro de cada país negociador y entre las partes negociantes, de lo contrario el TPP cumplirá la promesa de materializarse, ya sea como una de las más grandes afrentas a los derechos humanos o como una iniciativa fallida más, derrotada por la emergente sociedad civil global cansada de las imposiciones del mercado. Aún hay tiempo de evitar ambos escenarios.

Luis Fernando García. Abogado por la Universidad Iberoamericana. Candidato a maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derechos Propiedad Intelectual en la Universidad de Lund. Twitter: @tumbolian

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