Casa de Vidrio, Daniella Tobar

Hace un par de semanas en un evento público Enrique Peña Nieto y (casi todo) su gabinete presentaron documentos que anunciaron como la publicación voluntaria (la ley no lo requiere) de sus declaraciones patrimoniales. Estos documentos se pueden consultar en la página de internet de la Presidencia de la República. En la prensa se ha reportado el contenido de las declaraciones, pero sobre todo el hecho de que la presentación voluntaria de información no incluyó detalles, el valor de las propiedades, las propiedades de familiares directos, y en muchos casos (incluyendo al Presidente de la República) se reportaron donaciones de terrenos mientras ostentaban cargos públicos.

Se han escrito varios artículos de opinión analizando los detalles de estas declaraciones patrimoniales, y en particular la contradicción entre la información faltante y el evento de presentación como un acto de transparencia. Por ejemplo están los artículos de Mauricio Merino, Leo Zuckermann, Jesús Silva-Herzog Márquez y Ernesto Villanueva. En ellos también hacen notar que por lo menos en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón se hizo el gesto de presentar declaraciones patrimoniales del Presidente de la República más completas (tiene más detalles la de Fox que la de Calderón).

Fue en el gobierno de Miguel de la Madrid que se empezó a requerir por ley a todos los funcionarios públicos presentar una declaración patrimonial al inicio de su encargo, al final, y de manera anual. Sin embargo la ley no incluyó que se hicieran públicas las declaraciones patrimoniales. En el documento de la OCDE “Declaración de bienes de funcionarios públicos: una herramienta para prevenir la corrupción“, donde hacen un estudio comparado de mejores prácticas a nivel internacional, argumentan que las declaraciones patrimoniales no sólo sirven como una herramienta de fiscalización de ingresos, sino para conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores privados a los que les toca regular. En México, hoy, la sociedad no puede saber ni una ni la otra.

Probablemente el país con una las regulaciones más transparentes de declaración de bienes de funcionarios públicos es Estados Unidos. Cada año se vuelve información pública la declaración patrimonial de los funcionarios del poder ejecutivo, del poder legislativo, y de los jueces federales. Aunque la información no la hacen pública ellos, cualquier persona la puede pedir, y hay organizaciones de la sociedad civil que acumulan y estudian esta información. En el caso del poder ejecutivo y legislativo lo hace OpenSecrets.org, y en el caso del poder judicial lo hace JudicialWatch.org. Por ejemplo aquí se puede ver la declaración patrimonial de Barack Obama y la del Presidente de la Suprema Corte, John Roberts. En el Reino Unido la declaración no es patrimonial, pero sí de intereses financieros y donaciones. Aquí se pueden consultar todos los datos de las donaciones y donantes al Primer Ministro David Cameron.

En este texto, el investigador Ernesto Villanueva cuenta cómo en el año 2002 cuando se hizo una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en México, la propuesta que originalmente presentó el PAN declaraba pública la información de las declaraciones patrimoniales. Tras el dictamen de la reforma dentro de la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, se específico que las información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así lo deseaba. Esto en parte se debe a que la ley no sólo regula al poder ejecutivo, sino que también regula al poder legislativo que ha mostrado ser al menos o más opaco en este tema.

En un estudio hecho por investigadores de varias universidades y el Banco Mundial sobre la publicación de las declaraciones patrimoniales del poder legislativo, México sale como uno de los pocos países en los cuales no se pudo recabar información alguna sobre el tema. El estudio es interesante porque muestra una relación entre la percepción de corrupción y la opacidad en términos de publicación de bienes de legisladores. De los 175 países analizados, en 109 existe la obligación de legisladores de entregar información patrimonial, y sólo en 13 de estos fue imposible acceder a la información: México, Argelia, Angola, Bahamas, Belice, Cabo Verde, Kasajistán, Namibia, Nicaragua, Perú, Rusia, Sri Lanka y Uganda. Esta información coincide con los esfuerzos de la organización civil FUNDAR por conseguir las declaraciones patrimoniales de legisladores mexicanos, y sólo conseguir respuesta de tres de ellos.

El reciente error de la Presidencia de la República de hacer pasar por transparente un acto de opacidad, es una oportunidad no sólo para convertir en documentos públicos las declaraciones patrimoniales del poder ejecutivo, sino también hacerlo para el poder legislativo y el poder judicial. Hay muchos ejemplos de legislación que se pueden tomar como guía (el Banco Mundial compiló hace unos meses una biblioteca de leyes sobre declaraciones patrimoniales alrededor del mundo), para que en México sepamos qué potenciales conflictos de interés tienen nuestros servidores públicos, y desde la sociedad se pueda monitorear que los ingresos que perciben sean legales y en caso de no ser públicos, que al menos haya una explicación de por medio.

 

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