Imágen: Japaninc

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El mes pasado se celebró en nuestro país el 5to Congreso Global Contra la Piratería y la Falsificación, organizado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) e INTERPOL, patrocinado por varias empresas, entre ellas Televisa. La campaña mediática no se hizo esperar: titulares de los diarios más importantes nos informaban y legitimaban dicha reunión, publicando encabezados escandalosos en primera plana, acerca de las millonarias pérdidas que la industria del entretenimiento atribuye a la violación de leyes de propiedad intelectual.

En realidad, estas noticias en torno a la piratería, un componente importante de nuestra perpetua economía emergente (la cual parece supera las remesas enviadas desde Estados Unidos a nuestro país, según los mismos diarios) no parecen tan extrañas, pues la última semana de este mes será celebrada la séptima ronda de negociación del ACTA (Anti-Counterfeit Trade Agreement) en México.

El ACTA es un tratado multi-lateral enfocado a crear un marco legal internacional que legisle a nivel global la piratería de bienes tangibles y digitales, con el objetivo de proteger la economía global, específicamente a la industria del copyright.  La crítica central que este tratado ha despertado entre ciudadanos internautas, proveedores de servicios de Internet en Europa, investigadores y especialistas de derechos humanos, se refiere a la intención de implementar el formato de “tres avisos”( Ley HADOPI de Francia y  FRA en Suecia), en todo el mundo. Si un usuario es acusado de infringir derechos de propiedad intelectual tres veces, podrá ser desconectado de Internet -según este modelo legal-. De acuerdo a las “fugas” de información que se encuentran en la red -la única información disponible hasta el momento debido a la confidencialidad y falta de transparencia de sus promotores– no será necesario comprobar las infracciones que cometan los usuarios pues las denuncias en su contra serán suficientes. A su vez, los proveedores de Internet serán responsables de implementar la tecnología necesaria para monitorear el contenido que circula en la red y definir si su uso es legal o ilegal.

El error más evidente de esta iniciativa, es pensar que el incremento de mecanismos control en manos de la industria es una de las formas de erradicar el “problema”. Vale la pena preguntarse, ¿cuál es el verdadero problema que enfrenta la industria? Más que un problema de robo, ¿no será que la industria depende de un caduco modelo de Derechos de Autor y propiedad intelectual?  Lo que muestra la industria del entretenimiento es que no ha sabido adaptarse a un modelo de intercambio cultural al cuál es básicamente imposible dar marcha atrás. Tendrían que empezar por reconocer que el modelo de distribución y acceso a contenidos ha cambiado.

Muchos gobernantes siguen refiriéndose a Internet como algo nuevo, como una posibilidad,  un mundo maravilloso, por que hoy son los gobiernos y las grandes corporaciones las que están tratando de descubrir cómo utilizarlo, cómo actuar en y a través de él. Poco a poco tratan de resistir la idea de que en la red, los intercambios más frecuentes no están vinculados al consumo comercial. Al perder de vista la diversidad del ecosistema que se representa en línea, están cometiendo errores que en vez de flexibilizar e innovar las formas de producción cultural, las limitan, las hacen más rígidas y al fin y al cabo cavan su propia tumba.

En México está pendiente una gran discusión en torno al acceso a bienes culturales e información antes de firmar este tratado. En esta discusión se debe incluir a un amplia gama actores, entre ellos al componente fundamental y responsable de lo que llamamos Internet: los ciudadanos internautas.

La crítica que ACTA despierta en la comunidad internacional, además de la amenaza de los mecanismos de control, es el hecho de que las negociaciones han sido completamente opacas desde hace dos años y que sólo se ha tomado en cuenta la opinión de la industria del entretenimiento la cual ha publicado su preocupación frente a la piratería en Internet.

En México, el IMPI es el organismo encargado -junto con la Secretaría de Economía y la PGR- de las negociaciones del ACTA. En una entrevista Jorge Amigo, su director desde hace 14 años, admitió que las negociaciones continuarían privadas, pero que definitivamente buscarán más transparencia.  Habrá que ver.

El ACTA al parecer es la consecuencia global del debilitamiento de los valores democráticos, pues la influencia del cabildeo empresarial se demuestra capaz de elaborar leyes, tratados y derechos. Es el resultado de gobiernos que no sirven a los intereses de la mayoría de los ciudadanos.  El problema de fondo de este tratado, es su total falta de respeto por una calidad de vida democrática a la cual todos tenemos derecho, así como un ataque directo a la libertad de expresión, la privacidad y el acceso al conocimiento. Este último, clave para superar el conjunto de problemas que enfrenta nuestro país.

Nuestro futuro, hoy, depende de la obstinación de un grupo económico dominante de vivir en el pasado, con pocas posibilidades de sobrevivir en los términos que plantean. Como cualquier derecho, nuestros derechos como internautas y ciudadanos, tienen que ser defendidos por nosotros mismos. Un tratado internacional como el ACTA tendría nivel constitucional, es hora de combatir otra costumbre del pasado: la Constitución no se negocia en secreto.

Geraldine Juárez. Integrante del colectivo artístico F.A.T.

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