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La semana pasada un tribunal en Guatemala sentenció por genocidio a Efraín Ríos Montt, quien fuera presidente de facto de Guatemala entre 1982 y 1983. La sentencia es el resultado de investigaciones judiciales que han durado más de una década con el objetivo de castigar a los responsables de las masacres más terribles cometidas por fuerzas de seguridad del estado guatemalteco durante la guerra civil que duró más de 30 años. En el caso particular de la sentencia en contra de Ríos Montt, la fiscal logró demostrar no sólo que se cometieron homicidios y crímenes de lesa humanidad, sino que la acción ilegal de las fuerzas de seguridad estuvo dirigida en particular en contra de un grupo étnico: los ixiles.

Aquí ofrecemos dos documentos que sirven para entender la magnitud del horror que vivieron los guatemaltecos durante el “enfrentamiento armado” , y en particular durante el gobierno de Ríos Montt.

El primero eso un largo reportaje en el que se narra la historia de la masacre y desaparición del pueblo “Dos Erres”. En 1982 un grupo de militares (compuesto por el grupo de élite del ejército guatemalteco, los kaibiles) buscando armas que supuestamente habían sido robadas por la guerrilla, entró al pueblo y mató a casi todos los habitantes. Los pocos supervivientes fueron quienes no estaban en el pueblo ese día, y un par de niños que fueron robados por los militares y criados como hijos de otras familias. En la masacre fueron asesinados bebés, niños, mujeres, a quienes arrojaron a un pozo después de darles un mazazo en la cabeza, y tras violar a varias mujeres. En ningún momento queda claro cuál es la razón de la masacre, ni los motivos para matar a bebés y niños, pero se infiere que fue producto de la estrategia que Ríos Montt llamaba, “quitar el agua al pez”. Ésta partía del argumento de que si no había población que apoyara a la guerrilla, el ejército podría combatirla más fácilmente.

El segundo documento, llamado “Violencia Institucional en Guatemala, 1960 a 1996: una reflexión cuantitativa” muestra de forma agregada el horror de la violencia estatal en contra de la población civil. Los autores, en la introducción, dicen: “…las estadísticas también pueden establecer un patrón de lo que fue tanto una tragedia como un crimen, en este caso, una extensa y deliberada política de asesinatos extrajudiciales cometida por el gobierno de Guatemala”. En la gráfica de abajo se muestran los asesinatos y desapariciones documentados por el Centro Internacional para Investigaciones de Derechos Humanos, entre 1960 y 1996, producto de las fuerzas de seguridad el estado guatemalteco (estas cifras sólo consideran asesinatos y desapariciones reportadas).

guatemala19601995

Los gobiernos de de Romeo Lucas García (1978 – 1982†) y Efraín Ríos Montt (1982 – 1983), fueron los más sangrientos de la guerra civil guatemalteca. En particular, en un año y medio de gobierno de Ríos Montt, se volvieron tan indiscriminados los asesinatos y desapariciones por parte de militares bajo su mando, que se llevaron a cabo el 43% de todos los asesinatos y desapariciones cometidos por el estado en 36 años de guerra civil.

Uno de los autores de este documento fue testigo experto en el juicio de Ríos Montt, porque a partir del análisis estadístico se mostró que hubo una política explícita de exterminio de la población indígena. Por ejemplo, la gráfica siguiente muestra cómo en ciertas poblaciones rurales el asesinato no sólo fue de hombres que, se interpretaba podrían ser reclutados por la guerrilla, sino de mujeres y niños indígenas. A su vez este asesinato fue desproporcionado frente al porcentaje de la población no-indígena. (Aquí se puede leer un análisis más detallado) (Según la sentencia en contra de Ríos Montt durante su gobierno murió 5.5% de la población Ixil).

indigenas

En el reporte también se ofrece una cita aterradora al respecto. Francisco Bianchi, quien fue asesor de Ríos Montt, dijo en 1982:

Los guerrilleros han logrado ganarse a muchos colaboradores indígenas. Por lo tanto, los indios son guerrilleros, ¿no? ¿Y cómo hace para luchar en contra de la subversión? Evidentemente, tiene que matar a los indios porque son colaboradores de los guerrilleros. Luego dirán que está matando a gente inocente, pero ellos no son inocentes, se vendieron a la subversión” (Amnesty International, 1982).

En estos días los abogados de Ríos Montt han anunciado que apelarán la sentencia, al mismo tiempo que las organizaciones de derechos humanos, y los movimientos de familiares de víctimas exigen que se cumpla la sentencia.  Con estos datos es difícil sostener el argumento de Ríos Montt de que las masacres han sido magnificadas por la prensa internacional.

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