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Rey chiquito, Trino.

La ausencia de transparencia y rendición de cuentas en México no es un problema nuevo, pero sí cada vez más escandaloso. Mientras que en tiempos de hegemonía priista los gastos del erario a nivel local y federal eran opacos –por ejemplo, la llamada “partida secreta” presidencial– , ahora es más común que se ventilen irregularidades en los medios. En los últimos dos años, varios gobernadores y presidentes municipales han sido exhibidos en la prensa por la forma en que han contratado deuda y en que han dispuesto de los recursos públicos.

El primer caso importante fue el de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, que en 2011 fue acusado de aumentar la deuda estatal en 434 por ciento durante su mandato. Aunque la Procuraduría General de la República dijo después que no contaba con pruebas suficientes para vincularlo al llamado “moreirazo”.

Poco después, tras la derrota del PRI en Oaxaca, la secretaría de la contraloría del estado denunció que el gobierno de Ulises Ruiz había desviado recursos públicos de 45 dependencias, y existen investigaciones abiertas en contra de varios exfuncionarios públicos. En particular la Auditoría Superior de la Federación ha documentado el desvío de recursos destinados al Seguro Popular.

Desde entonces, las acusaciones en contra de los gobernantes a nivel estatal y municipal han aumentado. Juan Sabines, exgobernador de Chiapas, el estado con mayor pobreza alimentaria a nivel nacional, contrató más deuda que el propio Moreira, según diversos reportes. Al término de su mandato, Chiapas debía más de 40 mil millones de pesos, el 15 por ciento de su Producto Interno Bruto anual según cifras de 2011.

Fausto Vallejo, al tomar posesión como gobernador de Michoacán, denunció que el estado debía 32 mil millones de pesos, y anunció que denunciaría penalmente a los responsables. Pero Vallejo también fue señalado por triplicar la deuda de Morelia en su mandato.

En Cuernavaca se acusó que con la administración de Manuel Martínez Garrigós, la deuda local ascendió al 50 por ciento de los ingresos anuales.

Los dos casos más recientes son los del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, quien tiene una orden de aprehensión en su contra por peculado y uso indebido del servicio público y el de Andrés Granier, exgobernador de Tabasco. Granier enfrenta investigaciones federales y locales por desvío de recursos y peculado; fue arraigado el 14 de junio.

La acumulación de estos escándalos marcan la pista por la cual los gobernadores después de la democratización de los noventa han construido la base de su poder. No parece casualidad que estos escándalos (excepto por Coahuila) salen a la luz una vez que llega al gobierno un partido que estaba en la oposición y hace las denuncias en contra de su antecesor.

Lo que es particularmente interesante es que la alternancia en el poder (y los escándalos de corrupción subsiguientes) no suceden porque el gobierno federal intervenga directamente en los gobiernos estatales, sino porque los partidos políticos nacionales construyen alianzas con actores locales, tanto a favor como en contra, de los gobernantes en turno.

En su libro Boundary Control: Subnational authoritarianism in Federal Democracies (2013) (aquí se puede descargar parte de la investigación que se hizo para el libro) Edward L. Gibson explica cómo en países que se consideran democracias a nivel nacional, el autoritarismo a nivel subnacional, se mantiene mediante mecanismos de “control de fronteras”. Estos mecanismos tienen como principal objetivo evitar que los escándalos del autoritarismo local se conviertan en escándalos nacionales, que ayuden a las oposiciones locales a hacer alianzas nacionales. Los casos que compara Gibson, son los estados del sur de Estados Unidos entre finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, Argentina después de la democratización de los años ochenta, y México después de finales de los años noventa.

En México este “control de fronteras” no puede ser garantizado con la desaparición de mínimas reglas de competencia democrática (como, en cambio, sí sucedió en el sur de EU), y por tanto aunque se mantienen estas reglas a nivel local, los gobiernos estatales encuentran mecanismos informales para garantizar el aislamiento político de su estado a través de la construcción de un partido hegemónico local. Esto lo hacen en parte con embates en contra de la autonomía municipal (para que no se desarrollen gobiernos de oposición ahí), el control de las transferencias federales (por ejemplo el caso del dinero del Seguro Popular), y la cooptación de los partidos de oposición locales.

Sobre en el caso de Oaxaca que estudia Gibson, dice:

El control sobre la legislatura del estado, también le dio al gobernador control sobre el poder judicial estatal, que no cuestionó el uso por parte del gobernador de fondos públicos, ataques en contra de la autonomía municipal y prácticas electorales.

Por eso no debe ser sorpresa que en los lugares donde sí ha habido alternancia, se hacen públicos estos escándalos de forma más frecuente, que en los lugares donde se mantiene en el poder el mismo partido. Al hacer público un escándalo el nuevo gobierno no sólo hace responsable a sus antecesores de decisiones ilegales sino que participa en las disputas nacionales por el poder, pues una u otra acusación puede afectar a los partidos políticos a nivel nacional. A su vez los gobernadores buscan formas de volverse importantes para sus respectivos partidos a nivel nacional, y así tener el suficiente peso político para establecer su “control de fronteras”.

La perspectiva de Gibson también nos puede hacer pensar sobre cuál debe ser la relación entre el gobierno federal y los estados. ¿Qué tanto debe intervenir el primero en los segundos? Si el poder de los gobernadores se dice ilimitado, ¿por qué cuando hay alternancia se hacen públicos actos de corrupción que antes no eran visibles? En los estados donde no ha habido alternancia como el Estado de México, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo, Veracruz y Campeche, ¿se puede esperar que la oposición un día gane en las condiciones actuales o los poderes federales deberían de intervenir para igualar el terreno de la competencia política? ¿Mientras no haya alternancia nos podremos enterar de escándalos de corrupción o desvío de dinero público en estos estados?

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