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Esta semana todas las miradas se concentran en el diminuto país de Uruguay, tras la histórica aprobación del primer mercado de mariguana en el mundo con control nacional.[1]

Si bien es cierto que el proyecto todavía tiene que ser aprobado por el senado, hay razones para ser optimistas y creer que este país de 3.4 millones de habitantes lo logre. El gobierno uruguayo, al fin y al cabo, se ha ganado el derecho a presumir en lo que al control de substancias respecta. En el 2006, el Estado innovó con la adopción de regulación anti-tabaco que fue un parteaguas y obtuvo el honor más alto que se puede lograr en el esfuerzo por regular el tabaco: ser demandado por la tabacalera Philip Morris.

Entonces, la ley prohibió fumar en lugares públicos al 100 por ciento; prohibió la publicidad; cubrió el 80 por ciento de las cajetillas con advertencias gráficas; aumentó los impuestos un 70 por ciento y prohibió palabras como “light” o “suave”. Los resultados no tienen precedente: para 2011, sólo el 25 por ciento de los uruguayos fumaba (en comparación al 32 por ciento en 2006) y las tasas de fumadores jóvenes bajaron el ocho por ciento cada año todos los años. Los ataques al corazón se desplomaron un 17 por ciento.

El entonces presidente, Tabaré Vázquez, quien ideó la ley, es un oncólogo cuya madre y hermana murieron de cáncer –así que sabía lo que estaba haciendo. También José Mujica, el hoy presidente sabe lo que hace. Uruguay redujo su tabaquismo porque la ley del 2006 desplazó al mercado del tabaco de ser un mercado libre y fundamentalmente desregulado y lo reubicó en firmemente en manos del gobierno. El éxito de ese esfuerzo regulatorio sugiere que el país es capaz de controlar la mariguana, una sustancia que ha florecido en el mercado negro global, también un mercado fundamentalmente desregulado.

De hecho, controlar el cannabis puede resultar un problema menor que controlar el tabaco

En Uruguay (como en Estados Unidos), donde el consumo personal ya es tolerado, el tabaco es la principal causa evitable de muerte, y representa aproximadamente el 14 por ciento de toda la mortalidad adulta. El consumo de mariguana, en contraste, definitivamente no provoca cáncer, y menos del 10 por ciento de los consumidores de mariguana desarrollan una dependencia diagnosticada clínicamente (en comparación al 32 por ciento de los fumadores y al 15 de los consumidores de los consumidores de alcohol).

A diferencia de muchos medicamentos controlados, fumar mariguana no conduce nunca a una sobredosis. Y sólo una fracción de los uruguayos consumen cannabis regularmente, a comparación de aquellos que fuman tabaco (850,000) y toman alcohol (400,000) en exceso.

Será fácil hacer hacer mofa de la ley –ya veo venir encabezados que hablen del incienso de pachuli o bien chistes sobre los monchis, camisetas teñidas de colores y festivales de música. Pero la ley que aprobó Uruguay versa sobre la salud, y como alguien dedicado a promover la salud pública, puedo asegurar que la prohibición penal rara vez resulta la mejor forma de proteger la salud de la gente. En general, la mejor forma de proteger la salud es la regulación de algún tipo. La pregunta complicada es ¿cómo debe ser esa regulación? Si acaso, la propuesta de Uruguay es demasiado prudente.

El argumento de la legalización en Estados Unidos y otros lugares a menudo se enfoca en la seguridad ciudadana: sacar a la luz el comercio ilegal destruye al mercado negro y reduce los incentivos de violencia.

Ese argumento es sin duda válido –en México la guerra total de la administración anterior contra los carteles cobró las vidas de 60,000 personas desde 2006 hasta 2012. Hay mucha evidencia que señala que ese tipo de violencia no es, como decimos, “relacionada a las drogas”, sino en realidad está relacionada a la prohibición. De 2006 a 2011, el número anual de víctimas resultante directamente del intento por ejercer esa prohibición se incrementó año con año, llegando a un pico de más de 11,000 muertes en 2011 (no existen cifras oficiales para 2012). Eso hizo de la prohibición una de las amenazas más graves a la salud pública en mi país (mucho más peligrosa que las más o menos 600 muertes anuales a causa de sobredosis por todas las drogas ilícitas agregadas). En efecto, los homicidios en la guerra contra el narco –perpetrados por criminales o autoridades– han tenido tal impacto en México que el incremento en las tasas de homicidio en los años recientes se traduce en una expectativa de vida reducida.

Sin embargo, en Uruguay, donde la violencia (relacionada a la prohibición o de otro tipo) es mínima, la salud pública es también una razón de peso para regular la mariguana.

Cuando el gobierno monopoliza un mercado único, se crea una fuente invaluable de información sobre cuánto producto existe, de dónde viene y quién lo compra. Esos datos ayudarán a que la mariguana producida en Uruguay se mantenga fuera del mercado negro en Argentina o Paraguay, y lejos de los niños. También ayudará a que los reguladores emprendan campañas de prevención con objetivos claros, a que generen incentivos efectivos y diseñados a la medida para la cesación y provean servicios de salud donde más se necesiten.

Sin buenos datos no hay buena política pública

La regulación de la mariguana también permite que el gobierno separe los mercados de drogas, lo cual protege a los consumidores de mariguana de la exposición y promoción de drogas más duras como el crack y la heroína. Regular la mariguana también permitirá establecer un control de calidad, lo que reduce riesgos de salud asociados al consumo de sustancias adulteradas que han sido manipuladas por los productores para intensificar sus propiedades adictivas.

Si el senado uruguayo ratifica el voto de esta semana, tengo pocas dudas de que Uruguay podrá hacer que esta ley funcione.

Cuando el entonces presidente Vázquez anunció su plan anti-tabaco, los opinólogos predijeron que un gobierno latinoamericano no tendría la capacidad institucional para implementar reformas tan amplias. El éxito rotundo de Uruguay con el tabaco desmintió a los pesimistas. Demostró que las políticas públicas innovadoras y ambiciosas pueden controlar las drogas y mejorar la salud pública, y llevó a la adopción una ola de legislación anti-tabaco en la región. Tengo la esperanza de que los 3.4 millones de uruguayos puedan, una vez más, liderear a América Latina hacia políticas de drogas inteligentes, responsables y realistas que le den prioridad a la salud sobre el castigo, y a la gente sobre la política.

Alejandro Madrazo es profesor y coordinador del programa de Derecho a la Salud en el CIDE.

[1] Este texto fue publicado originalmente en el British Medical Journal.

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