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A continuación reproducimos íntegramente el documento que Artículo 19 envió a la redacción de Nexos a propósito de la investigación de Viridiana Ríos, ¿Quién mata a los periodistas?, publicada en la edición de agosto de 2013.

La perspectiva académica es un elemento importantísimo para entender los fenómenos de violencia. En el tema particular de la violencia en contra de periodistas en México, existen varias investigaciones sobre sus implicaciones legales, el efecto que tiene en la cantidad y calidad de información disponible a las audiencias, así como del nivel que guarda la salud mental de quienes cubren temas relacionados con violencia y crimen.  En este sentido el texto de la Dra. Ríos aporta elementos para la discusión y opiniones que bien vale confrontar con otras fuentes de información y la evidencia empírica disponible.

1.) Prácticamente el análisis realizado por la Dra. Ríos se basa en los números compilados por el Comité para la Protección para Periodistas (CPJ), las cuales se enfocan principalmente en el asesinato y desaparición. Sí bien ambos actos son considerados violaciones graves a la libertad de expresión, no muestran la diversidad y complejidad del patrón de violencia ya que son situación extremas. Es decir, apenas dejan entrever la punta del iceberg.  El número de asesinatos no es un factor determinante al momento de evaluar el nivel de peligrosidad de una región. Afirmar que una zona es segura o insegura para periodistas debido al número de asesinatos lleva a conclusiones erradas. Coahuila y Michoacán, por ejemplo, con 3 y 4 asesinatos documentados respectivamente de 2000 a la fecha, son dos de las entidades en México con mayor número de agresiones totales a la prensa aun cuando el número de muertes es relativamente baja si se le compara con Veracruz que reporta 14 asesinatos. Algo similar ha pasado en Colombia y Rusia, en donde las cifras de asesinatos han bajado sostenida en los últimos años, pero esto no ha tenido un efecto positivo en las condiciones de vulnerabilidad y seguridad de la prensa.

2.) Existen otras organizaciones de la sociedad civil que registran y documentan las agresiones en contra de la prensa con una metodología distinta a la del CPJ. La cifras de la CNDH han sido desechadas por ARTICLE19 (informes 2011, 2012) dada la laxitud y falta de metodología.  En estos informes hemos señalado como existen nombres de personas que no ejercían el periodismo o eran homónimos de alguien que se dedicaba al periodismo. ARTICLE19 mantiene una base de datos de los casos de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación que han tenido lugar desde 2000 a la fecha. Con más de 1500 casos registrados de amenazas, secuestros (en sus diversas modalidades), detenciones ilegales y arbitrarias, asaltos, robos etc., se puede concluir que el agresor más recurrente son las autoridades. Evidencia que contradice las afirmaciones de la Dra. Ríos y que repitió hasta el cansancio el ex Presidente Felipe Calderón señalando al crimen organizado como principal amenaza a la prensa.  Tal vez, lo que veamos no sea un “cambio de empleo” sino una suerte de outsourcing en donde los perpetradores siguen siendo los mismo pero echan mano de nuevos aliados. Dividir en categorías tajantes a las autoridades y grupos del crimen organizado es sumamente complicado en especial en el caso de asesinatos y desapariciones de periodistas en México.  No sólo el “narco se enoja al leer la nota”, también las autoridades locales, el ejército y las policías.

3.) La narrativa no explica, como bien señala la Dra. Ríos, porqué  donde se cubre el narco de manera habitual no ha habido tantos asesinatos. Esto se debe a que el factor de riesgo no es cubrir el narco sino más bien cubrir lo relacionado con la corrupción de autoridades y la colusión con grupos del crimen organizado.  Basta echar un vistazo al trabajo periodístico de las víctimas para confirmar esta afirmación.  El caso del Semanario RioDoce en Sinaloa, por ejemplo, demuestra cómo se puede cubrir el narco en condiciones aceptables de seguridad, sin embargo las agresiones de las que han sido víctimas han tenido lugar cuando publicaron información sobre corrupción. Los ataques cometidos al medio, desde granadazos hasta ataques cibernéticos, se han dado cuando publicaron notas referentes al vínculo entre una organización de la droga y el gobernador. Armando Rodríguez en Ciudad Juárez, llevaba más de un año sin escribir de temas policiacos  antes de ser asesinado en 2008. Su trabajo se enfocaba en investigaciones sobre la corrupción que imperaba en las fuerzas policiales locales. Las agresiones registradas por ARTICLE19  desde 2009 al primer trimestre de 2013, en una de cada tres agresiones el presunto responsable eran las fuerzas de seguridad. Del total de 769 agresiones en contra la prensa durante ese periodo de tiempo, el 34% (263) provenían de policías estatales, (104) de policías municipales, (69) de Marina / Ejército (49) y (41) de la policía federal.

4.) La conclusión de que las zonas de disputa entre bandas criminales  es donde se concentra el riesgo para periodistas deja a un lado un elemento importantísimo para el análisis: La presencia del Ejército o fuerzas federales en esas zonas. Muchos de los asesinatos de periodistas coinciden en el tiempo con el comienzo de operativos masivos de las fuerzas federales como parte de la política de combate al crimen organizado y cuyos efectos de exacerbación de la violencia pueden ser medibles también. Esto es cierto en el asesinato de Armando Rodríguez (Ciudad Juárez, Chihuahua 2008), Miguel Ángel López Velasco (Veracruz 2011), Bladimir Antuna (Durango, 2009), Valentín Valdés (Saltillo, Coahuila 2010) y la desaparición de José Antonio García Apac (Michoacán 2006).

5.) La Dra. Ríos señala que hasta el momento sólo se han utilizado métodos legales y periodísticos para analizar el fenómeno y propone un tercero, sin embargo al hacer las afirmaciones respecto a la identidad de los grupos en disputa regresa a utilizar los métodos de investigación que deshecha. Es decir aquellos basados exclusivamente en fuentes gubernamentales. Estos grupos de “reciente creación”  como los denomina, en su mayoría han sido vinculados precisamente con los grupos tradicionales y, cuya “nueva identidad” fue impulsada por los mismos grupos criminales o inclusive por el propio  gobierno como parte de una estrategia de comunicación.

6.) Así también, el análisis de la Dra. Ríos contiene una imprecisión lamentable cuando habla sobre la controvertida editorial del Diario de Juárez, ya que reproduce la información errónea que publicó la mayoría de la prensa internacional. En dicha cobertura se habló de un medio de comunicación entablando un proceso de negociación con “las diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez”, cuando en realidad era un texto que trataba de reaccionar a la falta de respuesta del entonces Presidente Felipe Calderón al editorial que publicaron un día antes pidiendo apoyo cuyo título es  “¿Qué quieren de nosotros?”, fue una pregunta retórica. Interpretarlo de otra manera es simplemente un error de comprensión.  El compromiso y valentía del personal del Diario de Juárez continúa patente en sus publicaciones.

7.) Finalmente, inferir en que la cobertura de guerra es más peligrosa que la cobertura de paz es una afirmación insostenible basada en suposiciones. Esa impresión es recurrente en países europeos o del norte global dada la efectividad de las grandes corporaciones mediáticas (CNN, FOX, BBC etc.) al colocar el tema en foros internacionales (en especial en la ONU) y que, lamentablemente, ha hecho invisible la cruel realidad que se vive en países que, a pesar de no calificar como conflictos armados, sufren de crisis de seguridad pública o inclusive crisis de institucionalidad como México, Pakistán, Rusia, Somalia, Honduras, Filipinas etc.  Proporcionalmente mueren más periodistas en tiempos de paz que en contextos de guerra, pensar de otra manera es ignorar los procesos de sofisticación de la violencia, la censura y la violación de derechos humanos en las últimas décadas. Los contextos de paz son mucho más inciertos e inestables, lo cual resulta una verdad a Perogrullo después de un poco de trabajo de campo.

Ricardo González es Oficial Senior del programa global de protección a periodistas en la oficina internacional de ARTICLE 19 y Francisco Sandoval documenta las agresiones contra la prensa en el Programa de libertad de expresión en la oficina de ARTICLE 19 para México y Centroamérica.

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