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El 16 de agosto, una tubería de 20 centímetros se rompió en la refinería más vieja de México, en Minatitlán, Veracruz. Mientras los desechos aceitosos eran vertidos en el Río Coatzacoalcos, a lo largo de más de 30 kilómetros al final del día, un grupo de residentes que se juntó en la ciudad recordó el largo y dañino efecto que la industria petroquímica ha infligido en el medio ambiente y la gente de esta región. Pero su horrendo pasado y presente apenas y han sido registrados en los varios encabezados que la industria petrolera mexicana genera en la capital, así como en los principales periódicos estadounidenses. En ellos, durante las últimas semanas, la discusión giraba en torno a la propuesta del nuevo presidente de (más o menos) privatizar la industria petrolera del país, manejada por más de medio siglo por el Estado mexicano.[1]

El debate sobre la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto necesita considerar lo que cualquier reforma pueda implicar en el medio ambiente y el bienestar de las personas que viven en lugares como Minatitlán. No hay mejor punto para iniciar esta reflexión que en la expropiación de 1938, cuando México se convirtió en el primer país en desarrollo en expulsar a las compañías petroleras occidentales y en convertir sus activos en una empresa gubernamental. Muchos mexicanos celebran el nacimiento de Petróleos Mexicanos, o Pemex, en casi los mismos términos que la revolución de 1910; es una declaración moderna de independencia de los poderes extranjeros. Por ello, los izquierdistas como el ex-candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador han acusado que la reforma equivale a “traición”, mientras que Peña Nieto defiende su propuesta como el cumplimiento de las intenciones de Lázaro Cárdenas. Casi olvidado, tanto en México como Estados Unidos, es que la decisión de expropiar de Cárdenas fue provocada por levantamientos locales en refinerías y campos que estaban vinculados profundamente con el abuso ambiental y laboral de las compañías extranjeras.

Las investigaciones en los archivos mexicanos previos a 1938, hechas por la historiadora Myrna Santiago y por este autor han demostrado qué tan amplios fueron estos abusos. Para los trabajadores petroleros locales, las huelgas y el sabotaje se convirtieron en una forma de vida. Más allá de las refinerías y los campos petroleros de Veracruz y Tamaulipas, los derrames masivos de petróleo amenazaban la vida de los pescadores y agricultores de forma regular. Y los fuegos horribles y las explosiones, el humo y los gases que emanaban desde el interior de las operaciones petroleras afectó a los pueblos de alrededor, atizando un enojo y resistencia que, para 1938, convirtió a la expropiación en la mejor solución.

Los lectores estadounidenses de hoy sentirán que los argumentos a favor de la reforma energética de Peña Nieto son familiares. Estos se centran alrededor de las fallas de las empresas estatales: su corrupción e ineficiencia, su trato de consentidos a los sindicatos y su monopolio en el mercado nacional de bienes tales como la gasolina, lo cual ha mantenido precios altos. Pero hasta ahora, los debates casi no han versado sobre las consecuencias locales de esta reforma en las regiones que más serán afectadas, como los pueblos alrededor de la boca del Río Coatzacoalcos, hacia donde ha gravitado el 70 por ciento de la producción petroquímica mexicana.

Ya hace unas semanas, la venta de un enorme conjunto petroquímico en Pajaritos a una compañía privada llevó a rumores extensos de posibles despidos, y le ha quemado los pies a los líderes sindicales locales. En cuanto al impacto ambiental que provenga de cualquier reforma, éste sólo será mayor al ya acumulado bajo el propio Pemex.

La mano dañina de la producción petroquímica y petrolera estatal en esta región se vio de forma clara el 16 de agosto, en una reunión que moderé en la Universidad Veracruzana de Minatitlán. Ahí, un cúmulo representativo de ciudadanos y voceros de Pemex compartieron historias de qué tan profundamente ha afectado la industria a la región. Aunque los representantes de Pemex argumentaron que su cuidado del medio ambiente ha aumentado significativamente desde el principio de la década de 1990, hicieron poco esfuerzo en debatir la oleada de testimonios críticos posteriores. Pescadores y biólogos reportaron que las poblaciones de peces a lo largo del río, especialmente cerca de las plantas, habían disminuido drásticamente.

Aquellos que vivían en barrios cercanos a la refinería hablaron de humo, esmog y olores extraños. Tanto ellos como algunos doctores hablaron de concentraciones inusuales de leucemia infantil y otras enfermedades mortales alrededor de las plantas y de la región en su conjunto.

Sin embargo, la escasez de estadísticas u otros estudios –todavía más escasos que en el “Callejón del Cáncer” de Luisiana– ha dejado estos reclamos como algo “meramente” anecdótico.

A pesar de que el propio Pemex suministra entre el 30 y el 40 por ciento del presupuesto del gobierno federal, el monitoreo estatal de su impacto ambiental en esta zona se mantiene débil. En la oficina local de la SEMARNAT, sólo hay una persona encargada de supervisar la industria en la región. El consenso general que emergió a partir de esta reunión fue que, por más que las políticas ambientales de México y Pemex se vean bien en papel, no se aplican de forma efectiva (“no se cumplen”).

Aunque el monitoreo y la regulación práctica han aumentado de la noche a la mañana, las experiencias recientes en Estados Unidos hacen que sea muy fácil imaginar qué más calamidades serán infligidas en ésta y otras regiones ricas en materia prima una vez que  algo similar a la reforma de Peña Nieto sea aprobado y las transnacionales privadas lleguen corriendo.

Una de las intenciones fijadas en la reforma es invitar a nuevos inversionistas en tecnologías que puedan abrir las reservas nacionales de petróleo en aguas profundas –el tipo de perforaciones que ha hecho Deepwater Horizon con resultados desastrosos en el golfo estadounidense. Otra importación esperada es el “fracking”, cuyo historial en Estados Unidos ha sido, al menos, controvertido.

La inminente posibilidad de mayores desastres ecológicos significa que, al menos, un monitoreo y control ambiental más eficaces deberían formar parte de cualquier reforma integral de la industria petrolera mexicana. En el mejor de los casos –aunque esta posibilidad es remota– la reforma debería incluir políticas públicas y una calendarización clara para que México haga la transición de energía no-renovable a energía renovable.

Las buenas noticias son que muchas personas en el sur de Veracruz al menos ya conocen las desventajas de vivir junto a la industria petrolera, y que muchos de ellos ya se han organizado. Pero hasta ahora, sin contar a Greenpeace México y una visita en 2007 de Global Community Monitor, han recibido poco apoyo de los grupos nacionales e internacionales de protección al medio ambiente. Aquellos estadounidenses que se han preocupado tanto por el “fracking” o la perforación petrolera o el calentamiento global necesitan voltear la mirada más allá de los confines de sus debates locales y nacionales. En la histórica lucha por el gas y el petróleo mexicano, todas estas amenazas están presentes, presagiando un nuevo nivel de devastación de la humanidad y la ecología de esta lejana esquina del mundo.

Christopher Sellers es coeditor del libro Dangerous Trade: Histories of Industral Hazard across a Globalizing World, así como autor de Hazards of the Job: From Industrial Disease to Environmental Health Science. Es profesor de historia en la Universidad de Stony Brook en Nueva York.