AP-10

El Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parece haber pasado de largo sin dejar mucha huella, sin que lo hubiéramos sometido al juicio crítico de siquiera revisar su veracidad.

En términos mediáticos, como herramienta de comunicación, puede regateársele poco al Mensaje del Primer Informe. El Presidente reafirmó la imagen de transformación con la que construyó una candidatura y alcanzó la presidencia. Un discurso pulido, ágil, sustentado en frases breves, cuidadosamente acomodadas en párrafos cortos, saturados de alusiones al movimiento. Un discurso con pocas cifras que distraen y muchas imágenes que emocionan. Un discurso que parecía construido para perder la atención en los temas más problemáticos de esta administración- la economía- y para ganarla nuevamente en la reiteración constante de la capacidad política de este gobierno- para tejer acuerdos, para lograr consensos, para convocar aplausos-. Aún así, entre pocos resultados descontextualizados y muchas intenciones pendientes, nos hablaba un presidente que renunciaba con ello a su otra gran marca: “los compromisos cumplidos”. Y he ahí el problema de este Informe.

Los datos presentados en el Informe van desde simples imprecisiones- como la ausencia de respaldo a ciertas aseveraciones o la adjudicación de logros que no corresponden a esta administración, sino a la pasada-, medias verdades- como ocurre con las cifras de seguridad-, hasta mentiras –como es el avance reportado en el rubro de desarrollo social.

Es decir, el Presidente no sólo se refirió a la Reforma en Telecomunicaciones y Competencia Económica como si fueran dos iniciativas por separado; ni se limitó a mencionar como logro propio la aprobación de legislación en la que no ha tenido injerencia alguna- la Ley General de Víctimas y la Ley de Amparo, así como la reforma constitucional para permitir la concreción de un Código Único de Procedimientos Penales-, sino que también se engalanó con la inauguración del primer tramo del Túnel Emisor Oriente y la Planta de Bombeo el Caracol, puestos en marcha el 28 de noviembre de 2012, por el Presidente… Felipe Calderón[1].

En materia de seguridad no explicó en qué radica la nueva coordinación entre dependencias y órdenes de gobierno, pero sí afirmó que ésta, junto con el uso de más inteligencia ha permitido la detención de 65 de los 122 presuntos delincuentes más buscados- 53%- que se compara a una cifra de 67% que presentara Felipe Calderón en noviembre del 2012[2]. Bajo la lupa de ese indicador, o la coordinación no ha cambiado o no ha servido de nada. Y la inconsistencia en este dato llama la atención por partida doble porque en la página de la PGR los “delincuentes más buscados” suman 188, no 122[3].

En este mismo rubro, el Presidente Peña destacó la disminución de 13.7% de homicidios dolosos entre diciembre de 2012 y julio de 2013. Sin embargo, omitió mencionar que en el mismo periodo, los otros dos indicadores comprometidos en campaña presentan un retroceso: los secuestros han aumentado un 12% y las extorsiones se han incrementado en casi 27%[4].

Por otro lado, en el ámbito de Desarrollo Social, el Presidente mencionó el fortalecimiento del Programa Oportunidades, cuyos beneficios “llegan a más de 30 mil localidades adicionales”- en el anexo estadístico se reportan las mismas 105,588 para el año pasado que para éste- y que ahora “también ofrece… suplementos alimenticios para niños y mujeres embarazadas”- que se documentan por lo menos desde 2006 en el mismo anexo-. El programa Oportunidades ciertamente reporta un incremento en gasto proyectado de 11% respecto al año pasado, pero atiende hoy a 45 mil familias menos que las que atendía el año pasado[5].

Respecto al programa para adultos mayores que se ha ampliado para incorporar a personas desde los 65 años, el Presidente anunció que “en tan sólo seis meses se incorporaron 1.6 millones de nuevos beneficiarios”. Nuevamente el dato no encuentra correlato en el Informe mismo, en donde se reporta un crecimiento del programa de prácticamente la mitad del anunciado- 800,277 personas-.

Preocupa que los pocos datos presentados en el Mensaje del Primer Informe de Gobierno no hayan sido revisados ni siquiera por quienes tuvieron la tarea de redactarlo, pero preocupa más que la imprecisión o falsedad en la mayor parte de las cifras presentadas se convierta en una práctica que estemos dispuestos a obviar. Para los ciudadanos, no dar seguimiento puntual a los ejercicios de rendición de cuentas podría implicar, a la larga, la claudicación a este derecho.

Jaina Pereyra es Maestra en Economía por la London School of Economics and Political Science y licenciada en Economía y en Ciencia Política por el ITAM. Trabaja en el Senado de la República y es profesora de asignatura en el ITAM.