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En su edición de octubre, Nexos publicó el artículo Marihuana: seis mitos, escrito por Viridiana Ríos. Arturo Rocha, especialista en la materia, hizo llegar una respuesta al texto, la cual reproducimos en este espacio.

Parte indispensable de un diálogo responsable sobre la legalización de la marihuana en México es, en palabras de Viridiana Ríos, hacer notar los mitos que existen en el tema. La información errónea distorsiona la comprensión cabal de las implicaciones que una reforma tan profunda detonaría en aspectos tan distintos y cruciales de la vida pública como los niveles de criminalidad y violencia, la atención sanitaria, los sistemas penitenciarios y los límites entre el Estado y el ciudadano.

La académica acierta al adentrarse en los detalles de la legalización como política pública. Cuando precisa la existencia de algunos mitos que rodean la discusión, enciende y afila el debate; rompe con lugares comunes y lo hace, además, sin tomar partido. Sin embargo, ser consistente con esta conclusión inicial –es decir, subrayar las ficciones de la discusión que gravita alrededor de la política de drogas- implica contradecir, al menos de forma parcial, a su autora. Me refiero, específicamente, al primer y tercer mitos enumerados por Viridiana Ríos en su último artículo de Nexos.

Ríos aduce que el consumo de marihuana es legal. Con la histórica y muy breve salvedad del periodo de legalización de drogas en 1940, México no puede ser considerado un sitio con narcóticos libres, incluido el cannabis.[1] Cierto es que la reforma del 2009 a la Ley General de Salud, en el artículo 479, incluye una tabla con dosis toleradas de opio, heroína, cocaína, LSD, MDM, MDMA, metanfetaminas y marihuana. Esto implica que el derecho penal no prohíbe el consumo pero sí todas las demás acciones pertinentes: transporte, venta, suministro, tráfico y, más importante, posesión. Además, las cantidades para el uso individual permisibles son tan pequeñas que, en algunos casos, ni siquiera existen como unidad de venta del mercado. En relación con la marihuana, la ley admite aproximadamente cinco cigarros, lo que contrasta con el consumo individual estándar de una persona que fuma tabaco y adquiere cajetillas con veinte unidades.

Sin embargo, y aquí la contradicción, todos los verbos relacionados con el mercado de drogas están vedados a nivel administrativo. La sanción económica por uso personal oscila entre $360,000 y $720,000 por cada unidad de estupefaciente.[2] Esto significa, en la praxis, que cualquier persona que sea detenida con marihuana iría a prisión y que, en caso de que estuviera estrictamente consumiendo una cantidad inferior a cinco gramos, deberá pagar una multa de entre quince y treinta años de salario mínimo después de ser detenida, tratada como infractora, y liberada por el Ministerio Público.[3] Si esta ciudadana consumiera o portara un cigarro de más de cinco gramos iría a la cárcel por una duración que va de diez meses a tres años. En suma y para efectos prácticos, México es un país prohibicionista donde el consumo de marihuana está mínimamente despenalizado pero siempre es ilegal.

Me interesa principalmente discutir el tercer mito de la autora: la legalización no reducirá el número de presos. En primer lugar, aún con las cifras que ella cita –las 109 personas condenadas en 2012, los 720 en 2009 o los 400 en Estados Unidos- la excarcelación de al menos un individuo necesariamente implica una disminución del número de presos, lo que probaría la invalidez de su afirmación. No obstante, añade que el mito consiste en que nuestro sistema penitenciario permanecerá asfixiado y seguirá imponiendo grandes costos, post-legalización, dado que el número de presos por delitos con cannabis es muy bajo. Hay dos problemas fundamentales bajo esta afirmación: uno de imprecisión empírica y otro de omisión filosófica.

Un argumento sobre los efectos de excarcelación y ahorro que representaría la legalización de marihuana debe partir del número total de presos por delitos de esta sustancia y el coste que representan. El texto prescinde de ambos datos y deriva su conclusión sobre el caso mexicano a partir de cifras sobre las condenas y averiguaciones en 2012, además de otra acerca del número de detenciones entre 2009 y 2013. Estos indicadores son demasiado recientes y, en consecuencia, no capturan la histórica tendencia punitiva que se acumula y descansa en las longevas redes carcelarias. De acuerdo con la base de datos de la encuesta del CIDE, realizada en 2012 a presos federales, y las estadísticas públicas del sistema penitenciario de la Secretaría de Gobernación, en enero de 2013 había 49,560 internos, de los cuales 20,865 cumplen condenas exclusivamente por delitos contra la salud (a este monto, no obstante, hay que añadir 8,921 ciudadanos que están presos por las leyes de drogas y por otro tipo de crímenes federales).

Si la primera reforma liberal en materia de drogas fuese la completa despenalización de la marihuana, este primer giro legislativo daría resultados inmediatos en las cárceles mexicanas, una vez que los presos salgan libres por la vía del amparo o mediante una ley secundaria de excarcelación. Sólo en el fuero federal, la mitad de todos los convictos por drogas, cerca de diez mil individuos, recuperaría su libertad. El número de ciudadanos libres sería ligeramente inferior a la población penitenciaria completa de Sonora, casi el doble de la tamaulipeca o cerca de ocho veces la de Campeche.[4] Además, la legalización del cannabis reduciría a la mitad la tasa de sobrepoblación federal. Con respecto al costo, el erario ahorraría $940 millones de pesos, suma equivalente a seis veces el presupuesto del hospital infantil de México o casi al doble del presupuesto anual de El Colegio de México.[5]

La única cifra penológica que Ríos proporciona no es sobre México y además es incorrecta. Ella afirma que sólo 400 presos, de un total de 40,000 internos federales y estatales, cumplen condenas por delitos relacionados con la marihuana. Tanto en términos relativos como absolutos, Estados Unidos es el país con más presos en el mundo y muy probablemente en la historia de las civilizaciones.[6] En 2011 poco más de siete millones de habitantes vivían en libertad condicional (incluyendo parole y probation, además de la suma de todos los sistemas penitenciarios), lo que supera la población completa de Dinamarca o Massachusetts. Estrictamente tras las rejas malvivían 2.24 millones de ciudadanos, de los cuales 504,000 cumplen sentencias por crímenes de drogas (242 mil en prisiones estatales, 94 mil en prisiones federales y 167 en cárceles locales).[7] Sólo a nivel federal hay 10,400 presos más de los que la autora admite y cuestan $302 millones de dólares. Empero, es cierto que el porcentaje de crímenes de marihuana en Washington es mucho menor que el de México (11 por ciento contra 49 por ciento) lo que implica que una reforma que legalice el cannabis sería, en estos términos, más benéfica al sur que al norte del Río Bravo.

Ahora bien, la omisión filosófica que antes mencioné es doble. Consiste, primero, en una tácita desestimación de los derechos individuales. Ríos connota un punto de vista muy común en el debate sobre leyes de drogas: una reforma criminológica tiene valía en tanto que soluciona, o contribuye significativamente, a un propósito ulterior a nivel agregado; en este caso, la sobrepoblación y el costo excesivo de las cárceles. Sin embargo, una ley, sin importar los efectos consecuencialistas que genere, debe ser primeramente justa y también debe tomar en serio el estatus moral de los individuos, que de ningún modo deben ser sacrificados en nombre de la utilidad colectiva.

Segundo, los defensores de la legalización de drogas hemos planteado una pregunta que cualquier democracia liberal, como la que aspiramos ser, está obligada a proveer: ¿qué justifica la condena penal? ¿Por qué es correcto y aceptable privar de la libertad a los individuos que rompen ciertos códigos, en este caso, los de drogas? El Estado jamás es tan coercitivo como cuando daña. Dado que el castigo, por definición, está diseñado para infligir dolor, el imperativo moral de un Estado que imparte justicia dañando al demos, enjaulando a miles de individuos, deja la puerta más peligrosa de todas, la de la tiranía, completamente abierta. Junto con el castigo carcelario, el sistema coercitivo y el aparato de justicia debe justificarse para los ciudadanos que, recordemos, están gobernados bajo la regla suprema del consentimiento.

Ninguna corriente filosófica ha logrado justificar plenamente las pautas legislativas  del prohibicionismo. La liberación de un solo preso, en tanto que el encierro por delitos de drogas es arbitrario y los humanos tenemos derechos inalienables, justificaría la reforma legislativa. Así pues, el mito de las drogas y las cárceles (es decir, “la legalización de la marihuana reducirá el número de presos”) en tanto vinculado a tendencias agregadas no sólo es cierto: también es un alegato, en el mejor de los casos, insuficiente y secundario.

Arturo Rocha es graduado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE y miembro del equipo de seguridad binacional de US-MEX FoCUS (Forum for Cooperation, Understanding and Solidarity) del ITAM y Stanford University.


[1] Froylán Enciso, “Una historia para (re)legalizar las drogas en México”, video de YouTube, 20:11, 8 de agosto de 2013.

[2] Alejandro Madrazo, “Foro Internacional: Drogas un balance a un siglo de su prohibición”, video de YouTube, 31:59, 15 de febrero de 2012.

[3] Pien Metaal y Coletta Youngers, eds., Systems Overload: Drug Laws and Prisons in Latin America (Amsterdam: Transnational Institute y Washington Office on Latin America, 2011).

[4] INEGI, Estadísticas sobre seguridad pública y justicia 2010. México: INEGI, 2011.

[5] Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2013.

[6] Roy Wamsely, World Prison Population List (Eight Edition) (International Centre for Prison Studies, Kings College London)

[7]Drug Policy,” The Sentencing Project, acceso el 5 de octubre de 2013.

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