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En su edición de octubre, Nexos publicó el artículo Marihuana: seis mitos, escrito por Viridiana Ríos. Arturo Rocha, especialista en la materia, hizo llegar una respuesta al texto, la cual reproducimos aquí. A continuación presentamos la réplica de la autora del texto.

Agradezco a Arturo Rocha sus comentarios al referirse a mi artículo como una pieza que “enciende y afila el debate; rompe con lugares comunes y lo hace, además, sin tomar partido”. Me sonroja y enorgullece que valore mi trabajo de tal manera. Gracias por leer y gracias por sus elogios.

La presente nota responde a tres críticas hechas por Rocha, brinda evidencia empírica para sustentar mi argumento original y realiza dos aclaraciones.

Primero, Rocha argumenta que “en caso de que [un individuo] estuviera estrictamente consumiendo una cantidad inferior a cinco gramos [de marihuana], deberá pagar una multa de entre quince y treinta años de salario mínimo después de ser detenida, tratada como infractora, y liberada por el Ministerio Público”, lo que claramente contradice a la Ley General de Salud vigente (LGS).[1]

En su Capítulo VII, Art. 477, la LGS establece que “El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito mencionado en el artículo anterior [i.e. poseer alguno de los narcóticos señalados en la tabla (LGS, Cap. VII, Art. 477)] en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley, (LGS, Art. 478)”, es decir fuera de  “centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión (LGS, Art. 475)”. La tabla  a la que se refiere el Art. 477 se reproduce a continuación (LGS, Art. 479):

VR

Los artículos 475, 478 y 479 de la LGS son evidencia contundente e inapelable respecto a la tolerancia al consumo no sólo de marihuana, sino de cocaína, MDMA, metanfetaminas y otros narcóticos en la legislación mexicana.

Ahora bien, si se tienen reportados casos de sanciones penales en contra de consumidores de menos de 5 gramos de marihuana dichos casos son explícitas violaciones a la ley y deben ser apelados en los juzgados.

Segundo, Rocha argumenta que mis números sobre individuos sentenciados condenatoriamente por haber cometido sólo delitos contra la salud en 2012 son demasiado recientes como para capturar la realidad. En efecto, los delitos tardan en registrarse pero ello no cambia la solidez de mi argumento.

Analicé las series históricas de delitos ocurridos y sentenciados de 1953 a 2008 (INEGI 2013) y descubrí que en promedio el 86 por ciento de los delitos son registrados en los primeros tres años luego de su ocurrencia, y 31 por ciento en el primer año. Suponiendo que los datos que sustentan mi artículo, fueran sólo el 31 por ciento de los casos que se registrarán en el futuro, el número total esperado de casos, es decir 352 personas sentenciadas por el solo hecho de haber cometido delitos contra la salud, es todavía bastante bajo como para suponer la legalización generará un cambio importante en la cantidad de presos.

Tercero, Rocha argumenta que la legalización de la marihuana reducirá significativamente el número de personas que están en prisión porque “20,865 cumplen condenas exclusivamente por delitos contra la salud”, sin notar que los delitos contra la salud incluyen delitos por producción, transporte, tráfico, comercio y suministro de todo tipo de droga, no sólo por consumo de marihuana.

Tanto las Estadísticas Judiciales en Materia Penal del INEGI que proporcioné en el artículo que Rocha critica, como los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario (CNSP) que revisé detalladamente para escribir esta respuesta, apuntan a que hay muy pocas personas que serían liberadas de prisión si se legalizara el consumo de la marihuana. De acuerdo al CNSP, en 2012 sólo 426 reclusos servían penas por delitos relacionados con posesión de narcóticos en dosis de menudeo –menores a mil veces las dosis de la tabla arriba transcrita. Del total de denuncias que se tienen por delitos contra la salud de 1999 a 2011, en el 76 por ciento de los casos los individuos fueron detenidos por acciones no relacionadas con el consumo. Cuando se consideran las cifras de 2012 y 2013, el 67 por ciento de las denuncias se refieren a casos en los que los individuos fueron encontrados con al menos 5 kilogramos de marihuana o medio kilo de cocaína –dosis mucho mayores de las que esperaríamos de un simple consumidor.

Ahora bien, suponiendo que todos los reclusos que sirven penas por dosis de menudeo fueran consumidores, quedaría la tarea de identificar cuántos de ellos están en prisión por delitos relacionados sólo con marihuana y no con otras drogas, o por más de un delito. Es decir, sólo una fracción de los 426 podrían obtener su libertad si el consumo de marihuana se legalizara.

Finalmente, dos aclaraciones:

Primero, la frase “menos de 1% de los 40 mil prisioneros estatales y federales que tiene el país [EEUU] por drogas fueron condenados por delitos relacionados con la marihuana” debe ser corregida por “menos de 1% de los 40 mil prisioneros estatales y federales que tiene el país [EEUU] por marihuana fueron condenados por consumirla.” Agradezco a Rocha por haber hecho notar el error. El artículo en línea ya fue corregido.

Por último, Rocha me acusa de desestimar los derechos individuales por tratar de fundamentar el debate de la legalización con base en una discusión sobre sus efectos para el consumo, la salud y el sistema penitenciario y no, como él quisiera, sólo argumentando que fumar marihuana es un derecho individual que no puede ser “sacrificado en nombre de la utilidad colectiva”. Al respecto, soy culpable.

Si por debatir con base en cifras y costos reales debo ser identificada como desestimadora de derechos individuales, levanto la mano. No  tengo perdón.

Viridiana Ríos es Doctora por la Universidad de Harvard y colaboradora del Programa de Pobreza y Gobernabilidad de la Universidad de Stanford. Las opiniones aquí expresadas son de la autora y no reflejan ninguna de sus afiliaciones.


[1] El autor utiliza como evidencia un documento de Pien Metaal y Coletta Youngers (2011). Yo leí el documento en su total extensión y no pude encontrar la imprecisión que Rocha menciona en ninguna parte del documento. De hecho, el capítulo sobre México, dice claramente que la Ley General de Salud reformada en DOF-20-08-2008 “determines maximum quantities of the various drugs permitted for personal use” (Metaal y Youngers 2011, pag 62, disponible aquí.)

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