VS-Sarmiento197

Esta semana, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó una recomendación sobre la actuación de las autoridades capitalinas respecto al caso Heaven/Heavens y otros tres de desapariciones en el Distrito Federal durante los últimos dos años.

Sin contar el racimo de violaciones a derechos humanos que se recabó en las investigaciones de estos cuatro casos, vale la pena retomarlos en este espacio para describir y analizar cómo actúa (o no) la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA, adscrito a PGJDF) y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

En los cuatro, de acuerdo con el Primer Visitador, Mario Ernesto Patrón Sánchez, hay varios elementos en común, entre los que destacan la negligencia de las autoridades, la falta de interés, la escasa pericia a la hora de investigar y el “carpetazo” de las investigaciones con el paso del tiempo. Pero todavía más grave, antes de eso se le niega algo crucial a las víctimas, el acceso básico a la procuración de justicia: abren la investigación a regañadientes, sólo después de la insistencia de los familiares.

El primero ocurre el 14 de agosto de 2011. Curiosamente –y no mencionado en medios con relación al Heaven/Heavens– ocurre en un bar en la esquina de Hamburgo y Lancaster. El bar, en ese entonces denominado Lancaster, es ahora el Heaven. Ahí, ese domingo, un hombre llamado Antonio César Ortega, de 33 años, fue secuestrado tras salir del lugar por tres individuos alrededor de las 9 de la mañana. Esto se sabe porque su hermano, Pablo Antonio, consiguió los videos de las cámaras de un banco cercano. Pablo Antonio se acercó originalmente al CAPEA el 15 de agosto, pero le dijeron que regresara al día siguiente.
El mismo Pablo Antonio testificó en diversas ocasiones, diciendo que le enviaron un mensaje desde el celular de su hermano el día 15, avisando que habían encontrado el teléfono en Xochimilco. También indagó y descubrió que la tarjeta bancaria de su hermano fue utilizada en un Walmart de Coacalco ese mismo día.

A pesar del testimonio y la denuncia, no es sino hasta el 1 de septiembre, según consta en la recomendación de la CDHDF, que las autoridades acudieron al bar para “realizar una inspección ocular”. No se utilizó el trabajo de peritos químicos, pero sí de peritos fotográficos. 18 días después de lo ocurrido.

De hecho, cuando el CAPEA turna el expediente a la Fiscalía Anti Secuestros (FAS), ésta realiza un cateo del lugar 10 días después; es decir, 28 a partir del secuestro.

Según la recomendación, la Ministerio Público Laura Itzel Flores le dice a Pablo Antonio y a familiares que no es necesario acudir a pedir informes a la FAS, que todo se puede hacer por teléfono. Después les dice que dejen de llamar, que la FAS les avisará si algo ocurre. Dos años después, los familiares acuden a la FAS, sólo para enterarse que el caso fue turnado una vez más al CAPEA, sin previo aviso.

Antonio César Ortega sigue desaparecido.

El segundo caso es el del Heaven/Heavens, que, como ya se comentó en ocasiones previas en este sitio, estuvo plagado de irregularidades. Sin entrar al fondo, podemos encontrar algunos elementos nuevos en la recomendación de la CDHDF. Entre ellos, que los desaparecidos fueron secuestrados entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde del 26 de mayo de este año, y no a las 9 de la mañana, como se había dicho en un principio.

Cuando los familiares acuden a denunciar, ese mismo día por la tarde, varios Ministerios Públicos les rechazan la petición, “hasta que tengan más información”.

De acuerdo con la CDHDF, las autoridades ignoraron el protocolo vigente relacionado con la desaparición de personas (“Protocolo para la búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, en especial de mujeres, niños y adolescentes”).

El primer paso de este protocolo es admitir la denuncia, cosa que no se hizo a tiempo. El segundo es iniciar un sub-procedimiento, el Plan Emergente de Reacción Inmediata (PERI), que consta de seis pasos. De éstos sólo se cumplieron la mitad, y a medias. Se hizo rastreo telefónico en las dependencias de seguridad del Distrito Federal, para revisar si se sabía algo de los 12 desaparecidos (primer paso). El segundo nunca se cumplió: crear volantes con su información personal. El tercero, búsqueda a través de radios y patrullas, tampoco se llevó a cabo. El cuarto, búsqueda de la Policía de Investigación, se hizo de forma parcial, pues sólo se hizo un recorrido del perímetro del lugar. El quinto, distribución de volantes a autoridades, no se pudo llevar a cabo porque nunca se hizo el segundo. El sexto, aportar testigos, tampoco sucedió por voluntad de las autoridades. Fueron los familiares quienes convencieron al primer testigo de presentarse a declarar. Uno de los pasos posteriores, conseguir material genético de los desaparecidos y sus familiares, ocurrió hasta tres semanas después.

El tercer caso también es de este año, y ocurrió en otro bar, éste en la delegación Gustavo A. Madero. Del lugar, el Virtual Mix Club, desaparecen cinco jóvenes alrededor de las 5 de la mañana del 21 de abril.

La madre de uno de los desaparecidos, según la recomendación, acude al Ministerio Público. Ahí la recibe Cynthia Hernández, Oficial Secretaria, quien le dice que “no quiere chismes” y que “regrese cuando tenga algo que aportar”. La madre le pide que inicie un trámite para obtener el registro de llamadas del celular de su hijo, a lo que responde que “eso tarda mucho”.

La averiguación previa se levanta dos días después de la desaparición, pero no es hasta el 29 de abril que se gira un oficio para pedir los videos de las cámaras de la SSPDF que se encuentran cercanas al lugar. El problema es que las cámaras borran los videos cada siete días. El trámite y su desahogo ocurren durante el tiempo límite, por lo que las imágenes se pierden.

Los familiares, otra vez, son quienes realizan la investigación. Ellos encuentran a los testigos y la evidencia fotográfica de lo ocurrido. Ellos son quienes peinan los hospitales, el servicio forense, los albergues y otros puntos donde pudieran estar los desaparecidos. La Procuraduría no hace lo propio, o al menos no con la misma celeridad.

El cateo del bar ocurre dos veces, uno el 17 de mayo (casi un mes después) y otro el 19 de junio (casi dos meses después), sin resultado alguno. No es hasta que se turna el caso a la Procuraduría General de la República que se detiene a dos personas en conexión con los desaparecidos, que siguen declarados como tal al día de hoy.

El cuarto y último caso es del que menos información se tiene. Se trata de la desaparición de Georgina Abigail Zitlalpopocatl García, de 19 años, el 9 de marzo de 2012. Según las investigaciones, fue obligada a subirse a una camioneta en la calle Ferrocarril de Cintura, en la Colonia Morelos.

Al igual que en el caso anterior, los videos de las cámaras de seguridad son borrados. En esta ocasión, aunque se piden el mismo día que se acepta la denuncia, el 19 de marzo, ya es demasiado tarde. Esto porque la madre de Georgina había ido a denunciar desde el 12 de marzo, pero los funcionarios del CAPEA le dicen que se espere una semana porque su hija pudo “irse con los amigos o con el novio”. También sigue desaparecida.

Respecto a los cuatro casos, la CDHDF encontró varios elementos en común: en cuanto a los videos de seguridad de cámaras, tanto bancarias como del gobierno, sólo se obtuvieron o por investigación propia de los denunciantes. En algunos ya no existían los videos, por la dilación de las autoridades.

En todos los representantes del Ministerio Público trataron de convencer a los familiares de que no denunciaran lo ocurrido. En algunos al menos lo lograron aplazar, lo que entorpeció las investigaciones posteriores.

En los cuatro son los familiares quienes realizan las mejores (y a veces únicas) pesquisas. Son ellos quienes encuentran evidencia, consiguen testigos y avanzan las investigaciones.

Llama la atención en la recomendación lo que todos sabemos a voces, la actitud de los Ministerios Públicos cuando se presenta la denuncia. No sólo es no querer tramitarla, sino la poca empatía con las víctimas, y las excusas para no hacerlo. Apelan a los estereotipos (orientación sexual, que sea menor de edad con novio/novia, que no tendría por qué estar en un lugar así) para no realizar su trabajo.

Una última cosa que vale la pena destacar: en la recomendación la CDHDF resalta que no existen protocolos específicos en el Distrito Federal para lidiar con desapariciones de esta “magnitud”, entiéndase: más de una persona.

Esteban Illades es editor de Nexos en línea.

Te recomendamos: