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Con un procedimiento de aprobación que sólo puede calificarse como desaseado, donde una buena parte de los Congresos locales únicamente se dedicaron a validar sin análisis, ni discusión e incluso en paquete con otras reformas de gran calado –¿me estás oyendo, Congreso de Colima?-, la Reforma Política por fin será publicada en el Diario Oficial de la Federación. Con este acto empiezan a correr los plazos límite establecidos en los artículos transitorios (120 días) –joyas en sí mismos por lo extensos, abigarrados y cargados de obligaciones no transitorias- para designar a los nuevos Consejeros que integrarán el INE, que a su vez deberá integrar los 32 órganos electorales locales para la aprobación de las varias leyes secundarias que crea y para conformar su estructura administrativa de cara al proceso electoral federal de 2015 que, de acuerdo con el calendario electoral, arranca en octubre de 2014.

Dado que la prohibición de modificar las normas que rigen un proceso electoral noventa días antes del arranque del mismo se mantuvo, los legisladores y las autoridades electorales recién conformadas tienen hasta junio 2014 como fecha límite para establecer todo el marco normativo; leyes secundarias y reglamentos, con el cual se operará la elección intermedia y un buen número de elecciones locales. Tarea compleja si tomamos en consideración lo sustantivo de los cambios de esta nueva reforma, especialmente en lo relativo a la institucionalidad electoral.

En este contexto, tenemos que las normas que den efectiva vigencia a una de las reformas más importantes para la vida democrática del país deberán ser creadas, discutidas, modificadas, negociadas y votadas en tiempo récord. Así, los legisladores tienen en sus manos la nada sencilla tarea de articular los procedimientos de designación de los Consejeros del INE, modificar el sistema de fiscalización del Instituto para cambiar de un sistema exhaustivo pero que entregaba resultados una vez terminado el proceso electoral a uno inmediato, acotar, en la medida de lo posible la discrecionalidad de las facultades dadas al INE en la reforma constitucional para intervenir en las elecciones locales, la reglamentación, largamente prometida del artículo 134 constitucional y promulgar una nueva ley de partidos que, aunque abreve en buena medida del capítulo quinto del COFIPE, deberá –esperemos- incluir cambios sustantivos en las reglas que rigen a los mismos, entre otros temas.

Por si esta carga de trabajo en tan poco tiempo fuera poco, como ya lo señaló Pedro Salazar, la simultaneidad en la aprobación y publicación de la Reforma en materia de Transparencia pone además un problema adicional sobre la mesa: los tiempos en la designación de los Consejeros del INE. Gracias a un procedimiento de designación complejo, y cuya única lógica parece ser una enorme desconfianza en el trabajo político profesional que deberían realizar los legisladores al desahogar este tipo de tareas, la conformación del Instituto Nacional de Elecciones depende en parte del Instituto Federal de Acceso a la Información, ya que, inexplicablemente, el Pleno del mismo debe nombrar a dos de los integrantes del Comité que deberá realizar los exámenes y la selección de candidatos a Consejeros a proponer a la Cámara de Diputados. Pleno que, de acuerdo con la Reforma en Materia de Transparencia, también se encuentra en proceso de renovación.

De acuerdo con la Reforma en materia de Transparencia, los Comisionados del Instituto que deseen quedarse deberán presentar su solicitud ante la Cámara de Senadores, a más tardar diez días después de la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, y una vez presentadas, los Senadores tienen otros diez días para, o bien ratificar a estos Comisionados o darle paso al nuevo procedimiento de designación de todo el Pleno. Pero, incluso si estos fueran ratificados, vale la pena recordar que esta reforma también aumentó el número de Comisionados a siete, y que, de acuerdo con el reglamento del IFAI, el Pleno sólo se integra con la totalidad de los Comisionados. Así, en síntesis, sin un IFAI completo, no hay posibilidad de arrancar el proceso de designación de los Consejeros del INE, y los tiempos, se acortan.

Además de depender de la designación del IFAI, la conformación del INE, paso fundamental para comenzar a materializar los principales cambios propuestos en la reforma, depende también de la promulgación de las legislaciones secundarias. De acuerdo al artículo 41 constitucional y a los transitorios de la reforma, la designación de los Consejeros del INE deberá sujetarse a los requisitos “que la ley señale”, es decir, sin ley secundaria, aprobada y en vigor, los legisladores se encuentran atados de manos para arrancar la designación del Consejo General del INE. Cualquier tipo de solución creativa al respecto, esto es, aplicar la ley vigente (donde se establece el procedimiento para seleccionar a los Consejeros del IFE), o generar vía acuerdo un mecanismo de designación, enfrentaría serios problemas de constitucionalidad que podrían terminar por ser resueltos en la vía jurisdiccional, pronóstico nada favorable para la conformación de una nueva institución que, hasta ahora, no ha generado muchas simpatías y a la que hasta ahora, no se le han evidenciado esas virtudes que los legisladores señalan que tiene.

El escenario pinta difícil para los legisladores en el periodo legislativo que está por comenzar. El alud de “reformas estructurales” aprobado en el anterior periodo requiere ahora la creación y modificación sustantiva de un gran número de leyes de vital importancia y urgencia y los plazos empiezan a correr en simultáneo. Sabemos que nuestros legisladores no son afectos a respetar los plazos constitucionales que ellos mismos prevén en los artículos transitorios de las reformas, sin embargo en este caso, el incumplimiento podría tener consecuencias graves. Arrancar un proceso federal electoral con una legislación incompleta, hecha con prisas, o peor aún, con una Constitución vigente pero no aplicable a falta de leyes secundarias y autoridades electorales legal y legítimamente constituidas por primera ocasión desde la creación del IFE hace más de veinte años sería, además de un retroceso, una falta de certidumbre que terminaría por minar de forma irreparable el estado de nuestra democracia.

Paula Sofía Vázquez. Abogada por la UNAM.

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