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La respuesta organizada del gobierno al problema en Michoacán es una solución meramente contingente. Nombrar un funcionario con funciones de gobernador, atrapar jefes criminales de los “Caballeros Templarios”, limitar la acción de las autodefensas e implementar programas sociales parecen respuestas razonable, pero probablemente limitadas y superficiales. Después de la contingencia se requiere diagnóstico y plan, ante eso, ofrezco algunas ideas.

Militares, campo y drogas

La región de Tierra Caliente, Michoacán[1] –centro y sur del estado- tiene cuatro características especiales. Primero, es una zona enclavada entre la Sierra Madre del Sur y las zonas aguacateras del estado, y por su constitución geográfica es una zona económicamente dedicada a la agricultura. Segundo, es una zona de producción y tránsito del mercado de drogas, en específico de amapola y mariguana. Tercero, es una zona que ha vivido constantemente de intervenciones militares, en especial por los alzamientos armados por el despojos de tierras de 1959 a 1965. Cuarto, es una zona que por su marginación ha sido de las que más expulsión de migrantes tiene en el país. Todo diagnóstico de la situación de la región debe partir de estos contextos.

No hay que asombrarse, la economía agrícola en México ha sufrido varias transformaciones que han desarticulado los mercados de los cuales las zonas como Tierra Caliente sobrevivían. El fin del ejido, la política comercial agrícola y la mera supervivencia de algunos mercados por medio de rancheros locales (Hipólito Mora, líder de las autodefensas de La Ruana es ranchero limonero) ha tenido a la región en problemas económicos constantes. En esa economía sobrevive y migra la población de Tierra Caliente. Desde la década de los años 80 se intensificó un mercado alternativo al de la agricultura legal, la producción de mariguana, que después sería sustituida en los años 90 por la producción de la amapola, necesaria para la producción de heroína. La política de prohibición de drogas y el crecimiento del crimen organizado en México llevó al surgimiento de bandas criminales dedicadas a la producción y tráfico de drogas en la región, bandas antecedentes de Los Zetas y sus escisiones populistas, la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios.

La justicia y la política en Tierra Caliente fueron administradas por los caciques locales afiliados al PRI hasta los años 80. Muchos de ellos transitaron a los grupos del crimen organizado a finales del siglo. Las percepciones usuales de los calentano eran sobre su conducta violenta para resolver conflictos. En específico, para controlar los grupos armados, el gobierno federal desplegó al batallón 59 de infantería para hacer campañas de “limpieza” de los grupos insurgentes. Estos grupos fueron eficazmente sometidos, y las acciones del ejército pueden considerarse como un antecedente de la llamada guerra sucia que sucedería en Guerrero años más tarde. En suma, la contención de la violencia fue realizada por medio del PRI, de los caciques y el ejército.

La violencia criminal y la presencia de grupos del crimen avanzaron de manera constante durante décadas. Las bandas de criminales, como el cartel de los Valencia, el cartel del Milenio y los Zetas, provenientes de Jalisco, Guerrero y Tamaulipas, tomaron control de los mercados de drogas de la región. Tuvo que ser una escisión de los Zetas, La Familia Michoacana, la que controlara la entrada de otras organizaciones a la región. Ese fue el contexto del operativo conjunto Michoacán realizado por el gobierno de Felipe Calderón. El operativo logró detener al cartel del Milenio y disminuir la presencia de los Zetas, pero la Familia Michoacana –la cual se alimentaría de alcohólicos y fanáticos religiosos-  tomaría el protagonismo en la zona. Años después nacerían los Caballeros Templarios, con discurso a favor de la protección de los ciudadanos de los Zetas y la Familia –dirigidos por el fundador de la Familia, Servando Gómez- comenzó a asumir las funciones criminales en Tierra Caliente. Las funciones criminales no sólo constaron en el uso de la violencia para controlar la región, la extorsión a empresarios, ciudadanos y autoridades locales se volvieron costumbre.

Ante todos estos antecedentes, la situación actual de confrontación de grupos criminales y autodefensas parece natural, pero hubo un hecho que desató la dinámica de resistencia en las poblaciones, el registro de la violación de mujeres de los municipios con presencia de los Caballeros Templarios. La vida cotidiana fue trastocada mediante la violación del último espacio de dignidad del habitante de Tierra Caliente.

Sistema de Justicia transitorio, gobierno local y nueva dinámica social 

El ausente principal es el sistema de justicia, desde el ministerio público hasta la inteligencia criminal del gobierno federal. Desde la contención de las extorsiones hasta la estrategia anticrimen de todas las autoridades. El sistema de justicia no aparece en los relatos porque los problemas eran atendidos por medio de mecanismos como la mediación caciquil o la intervención militar. Ésa es nuevamente la respuesta, la intervención militar. Y a pesar que la reforma del sistema penal de justicia y la renovación de policías estatales estaban en plena operación, el gobierno estatal –tan incapaz como el federal, o como los de otras entidades- no pudo evitar ni contener la situación. Primer ejemplo, de los 10,206 policías que pasaron por exámenes de confianza, sólo 5,976 agentes aprobaron las pruebas[2]; ésas eran las fuerzas del gobierno estatal, pero no queda claro cuál ha sido su papel. Por otro lado, la reforma del sistema penal en Michoacán está, según el libro blanco de la secretaría técnica de la reforma, en la fase III, es decir, con legislación aprobada pero sin funcionar.[3]

Tal vez la alternativa, sobre todo ante las denuncias de corrupción de las autoridades políticas y judiciales, sea la creación de un sistema de justicia transitorio, es decir, un sistema con jueces, policías y ministerios públicos provisionales desde el gobierno federal en lo que el nuevo sistema local comienza a funcionar. El sistema de justicia requeriría que igualmente funcione en el ámbito federal una nueva política contra el narcotráfico. Se requieren nuevas instituciones estatales –un gobierno local más sólido- para que cuando se retiren los militares pueda haber un mecanismo que pueda enfrentar estas situaciones sin necesidad del gobierno federal. Pero esta solución tiene que ser trabajada con la población de Tierra Caliente. El reconocimiento del sistema de justicia debe venir desde las comunidades y con las autodefensas. Las relaciones sociales pacificas deben construirse por medio de una negociación entre las comunidades y los gobiernos sobre este plan de justicia transitorio. De ello depende el éxito de cualquier nuevo sistema de justicia.

El aspecto social trasciende al gasto social sin organización. Hay una necesidad intrínseca por una economía regional revigorizada, que pueda incluso ser alternativa al mercado de drogas en la región –no sin ello pensar en una solución más integral sobre la política de drogas-, el campo michoacano necesita ser rescatado de la dinámica social imperante. La economía de Tierra Caliente necesita integrarse a los polos económicos de la costa y el norte del estado. La marginación de la región debe ser atendida con política económica e industrial, no sólo con política asistencial. Recuperar el centro económico de la vida en la región es vital.

Las autodefensas deben ser el último eslabón de todo un plan de reconstrucción de las instituciones del Estado en Michoacán. Hasta que no haya un nuevo conjunto de instituciones que pueda resolver los problemas, ya retirado el ejército, sería imprudente sólo desarmar autodefensas. Son una necesaria solución temporal, la temporalidad depende de un nuevo gobierno local fortalecido, el nuevo sistema de justicia y la nueva economía local. El desarme, la desmovilización y la reintegración de las autodefensas deben ser por medio de que las nuevas instituciones sean reconocidas como confiables para la sociedad en la región. Las instituciones deben suplantar tanto el orden caciquil, el militar y el de control del crimen organizado, ello implica no sólo instituciones funcionando, también implica un sistema sin corrupción endémica. La vida cotidiana pacifica será recuperada mediante la construcción de la legitimidad de la ley, no al revés.

Raúl Zepeda Gil es politólogo por la UNAM y estudiante de maestría en Ciencia Política de El Colegio de México.


[1] Esta sección se basa primordialmente en dos trabajos de Salvador Maldonado, el libro Los márgenes del Estado mexicano: Territorios ilegales, desarrollo y violencia en Michocacán, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, 2010; y en “Drogas, violencia y militarización en el México rural. El caso de Michoacán”, Revista Mexicana de Sociología, (74)1, pp. 5-39. Además, de la historia criminal de la región, revisé a Guillermo Valdés Castellanos, “El nacimiento de un ejército criminal”, Nexos, septiembre, 2013. Las interpretaciones y errores son propios.
[2] Luis Pablo Beauregard, “La justicia, otra víctima de la violencia en Michoacán”, El País, 24 de enero de 2014.
[3] Libro Blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Gestión 2009-2012.

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