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Nadie esperaba el estallido social en Venezuela. Nadie lo esperaba porque el país se encontraba en un momento de alta desmovilización política. Las elecciones municipales del pasado 8 de diciembre fueron el último aliento antes del “descanso de urnas” de casi dos años hasta las parlamentarias de 2015.

Nadie lo esperaba pero había motivos suficientes. Los últimos datos oficiales, del Banco Central de Venezuela, dan una inflación anualizada del 56.3% en 2013, la más alta de los últimos 15 años, la más alta de todo el mundo –si exceptuamos a Siria, de la que no hay cifras oficiales, pero se estima que se sitúa en un 100% y a Zimbabwe, que lleva más de 15 años en hiperinflación-.  La escasez de enero se sitúa en un 28% y se traduce en largas colas para poder comprar azúcar, leche, mantequilla, harina de maíz para hacer arepas -que es para el venezolano lo que la tortilla para el mexicano- o pollo. Y sí se consigue. Un dato aún más escalofriante es la cifra de muertos: 24.500 finados en el país durante 2013, 70 fallecidos por cada 100 mil habitantes según el Observatorio Venezolano de Violencia. No hay cifras oficiales porque desde 2003 el Gobierno no las facilita. Se añade la percepción del aumento de la violencia en las calles, un dato no medible sino con el alud de amigos y familiares que, cada tanto, anuncian por Facebook que les robaron el celular y que estarán inactivos por unos días.

En política también sobran los motivos. Para una gran parte de los venezolanos, el resultado de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 fue un fraude. Salieron a reclamar, hubo protestas con más o menos violencia para pedir un recuento de los votos, pero el entonces líder de la oposición, Henrique Capriles, para evitar un estallido social, pidió a la gente que se recogiera en casa, que “pagara su arrechera (enfado) con la cacerola”. Y muchos no perdonaron esto, que se mantuviera en el poder el “ilegítimo de Maduro”. Llegó el 8 de diciembre y Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López –segunda cabeza visible de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, la coalición opositora-, fue el que más alcaldías ganó para la MUD.

Y empezó la desunión. Dimes y diretes que antes se hacían de puertas hacia adentro comenzaron a mostrarse a la opinión pública a través de Twitter y ruedas de prensa. El clímax llegó el pasado 2 de febrero, cuando López y la diputada María Corina Machado convocaron a una asamblea ciudadana para buscar lo que se conoce como #LaSalida, el fin del mandato del Presidente Nicolás Maduro por vías constitucionales: su renuncia, por enmienda constitucional, mediante la Asamblea Nacional Constituyente o un referendo revocatorio –sólo posible a partir de 2016-, por desobediencia civil según el artículo 350 de la Constitución.

Caos y blackout informativo

“En la calle es donde el pueblo se reconoce”, dijo Rómulo Betancourt, considerado por muchos el padre de la democracia venezolana. Y en la calle es a donde Machado y López planearon llevar sus acciones: asambleas locales, organización ciudadana y protesta “democrática, pacífica, constitucional” hasta llegar a su fin último. La siguiente parada en la estación era unirse el 12 de febrero a las manifestaciones convocadas por las universidades del país por el Día de la Juventud. Tuvieron el apoyo del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, no así de Henrique Capriles ni de Ramón Guillermo Aveledo, auspiciador de la Mesa de la Unidad.

12 de febrero. La primera de, por ahora, 12 jornadas de protestas. Inició como una marcha pacífica, con la presentación de un documento a la Fiscalía General del Estado –en Libertador, zona denominada chavista-, pidiendo la liberación de una decena de estudiantes apresados en días anteriores en el interior del país que protestaban por la inseguridad. Llegó la Guardia Nacional Bolivariana. Los manifestantes lanzaron piedras, se rompió el mobiliario urbano. En un momento, el cordón de las fuerzas policiales desapareció y empezó el caos. Disparos. Dos muertos. Uno de ellos, Juan Montoya, miembro de lo que se denomina “colectivo”, grupos armados auspiciados por el Gobierno. Se desconoce qué hacía en la zona. El otro, Bassil Da Costa, estudiante.

El grueso de los manifestantes se dispersó y desplazó sus protestas al este de Caracas, zona reconocida como opositora. Más represión policial en la zona de Chacao y, al final de la noche, otro muerto: Roberto Redman, supuestamente a manos de colectivos armados. Los dos primeros, a manos de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin. Maduro anunció que los funcionarios fueron detenidos y puestos a disposición de Fiscalía, pero se desconocen sus nombres y el estatus actual en el que se encuentran frente a la justicia.

Para el mandatario venezolano, el responsable de todas las muertes y de los actos vandálicos desatados el 12F es Leopoldo López, quien se entregó a las autoridades el pasado 18 de febrero en medio de una manifestación a la que, ahí sí, acudieron todos los dirigentes de la Mesa de la Unidad. Se le imputan varios delitos, entre ellos, intimidación pública, incendio de edificio y delito de asociación. Actualmente permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía. Podrían caerle hasta 10 años de cárcel.

Las muertes, así como la reclusión de López, desataron aún más impotencia e indignación en la población y cada día aparecen focos de protestas en distintos puntos de Caracas. Pero también en varias ciudades del interior: Mérida, Valencia, San Cristóbal. En esta última se desataron fuerte, así como las posteriores represiones, hasta el punto de que el Presidente no descartó decretar estado de excepción para el Táchira y suspendió la conexión a internet.

¿Por qué tumbar la red? Porque está siendo el principal modo de saber qué pasa en el país. La mayor parte de las televisiones nacionales pertenecen al Estado, las que no, cayeron en la autocensura, al igual que las radios, especialmente en los primeros días. El blackout informativo hizo que los venezolanos acudieran masivamente a Twitter, Facebook y a canales internacionales que se emiten por cable, principalmente NTN24, colombiano, y CNN En Español. Al primero, se le sacó del aire por orden de Maduro y se cerró el acceso a su página web dentro del territorio nacional. En el caso del segundo, se expulsó a la periodista Patricia Janiot del país, se le quitó el credencial a su corresponsal, y se amenazó con sacar también del aire al canal. Pero el presidente dio marcha atrás.

Los Carnavales se acercan. Cuatro días festivos en los que las protestas podrían llegar a su fin. Pero en las calles, los manifestantes –que ya no estudiantes, porque hay venezolanos de cualquier edad y condición social-, siguen clamando justicia y el fin del Gobierno de Maduro. El balance, al 24 de febrero, es de 539 detenciones, 19 privados de libertad y 18 casos certificados por el Foro Penal Venezolano de tortura por parte de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana. Torturas graves que pasan desde la aplicación de electricidad, ahogamiento en gasolina hasta una violación anal con fusil. Y las muertes. 13. Venezuela camina hacia la incertidumbre y la destrucción si no hay un verdadero diálogo de paz.

Alicia Hernández es una periodista española en Caracas.

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