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En una entrevista reciente con el New Yorker, el presidente Obama finalmente reveló su apoyo a la legalización de marihuana en Estados Unidos. Sin embargo, no habló sobre el impacto potencial de su posición en la política exterior antidrogas de su país.

El mensaje de la representación estadounidense en la 43ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio pasado contradice a Obama. John Kerry, secretario de Relaciones Exteriores, afirmó que el gobierno de Estados Unidos no apoya la legalización de las drogas, ni siquiera la marihuana, principalmente porque no es claro para él que esto reduciría la violencia en el hemisferio occidental. Sin embargo, dijo que no se opone a una discusión amplia y abierta de políticas basadas en evidencia científica que abarque más aspectos de las consecuencias de las drogas, es decir, una política que ataque a la demanda de drogas y no sólo el suministro. Por desgracia, se le escapó el importante punto de que la legalización podría ser la base de una política integral si se logra en un ámbito global.

La postura de Kerry, además de contradecir el apoyo de Obama a la legalización de la marihuana, alimenta la percepción latinoamericana de que el gobierno de Estados Unidos es un obstáculo para la discusión de políticas más maduras para regular las drogas en la región. La posición del gobierno de Estados Unidos en la OEA contra la legalización de las drogas sorprendió a los latinoamericanos que han seguido los procesos de legalización de la marihuana en los estados de Washington y Colorado. La política exterior estadounidense se ha vuelto un acto de malabarismo retórico sin contenido válido: hace plausible la percepción de que Estados Unidos apoyará la prohibición de las drogas en el extranjero, mientras al mismo tiempo aprovecha el fortalecimiento de sus finanzas públicas locales mediante la creación de empresas legales para la distribución de drogas que pagan impuestos en su país.

Mientras tanto, los líderes de países latinoamericanos, como Guatemala y Uruguay, piden con urgencia un debate abierto para poner fin al prohibicionismo internacional, ya que en más de un siglo los ciudadanos de América Latina hemos experimentado el fracaso brutal de estas políticas que llevan un siglo prometiendo que reducirán el tráfico de drogas y su violencia.

Durante los últimos siete años, en México, hemos leído y sufrido en carne propia las noticias sobre cientos de miles de muertos, desaparecidos y  personas desplazadas a causa de la actual guerra contra las drogas, que dicho sea de paso, está plenamente respaldada por el gobierno de Estados Unidos mediante la transferencia de equipo con el dinero de la Iniciativa Mérida. Al mismo tiempo, vemos que algunos estados de Estados Unidos han decidido legalizar la marihuana para fumar tranquilos, mientras acá la violencia relacionada con las drogas aumenta sus víctimas por los miles.

Con esta imagen en mente, las posiciones de Obama y Kerry no pueden más que reforzar la percepción, compartida por muchos latinoamericanos, de que el gobierno de Estados Unidos realmente no quiere avanzar en la reforma de las políticas sobre drogas a nivel mundial, sino que pretende lavar su negocio a nivel nacional, es decir doméstico, mientras que mantiene su apoyo a la prohibición mundial de ciertos drogas, permitiendo así que las enormes cantidades de dinero que circulan en sus instituciones financieras se siga lavando. El gobierno de Estados Unidos parece estar simplemente presionando para mantener una posición geoestratégica en que América Latina sirve como proveedor drogas a cambio de algo de dinero y armas. En resumen, un sistema de subcontratación de sangre.

Desde una perspectiva histórica, esta situación está lejos de ser sorprendente, pero todavía es frustrante. Desde 1912, al menos, el gobierno de Estados Unidos ha liderado negociaciones diplomáticas para establecer y aplicar las tres convenciones internacionales de control de drogas. Después de más de un siglo de ineficacia, la administración Obama ha adoptado una muy necesaria perspectiva no ideológica, basada en evidencias para tratar la drogadicción como un problema de salud pública dentro de Estados Unidos. En el ámbito internacional, el gobierno de Obama también ha reconocido la “responsabilidad compartida” de Estados Unidos en el comercio de la droga, como principal consumidor de drogas en el mundo y como una de las principales fuentes de dinero y armas ilegales que ayudan a mantener los cártéles. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos no ha estado dispuesto a poner la opción de legalización de las drogas sobre la mesa de negociación diplomática. Tampoco ha aceptado hasta ahora su parte de responsabilidad por las consecuencias de su política exterior antidrogas desde el siglo pasado.

Si el gobierno de Estados Unidos mantiene esta posición ambigua, corre el riesgo de convertir la frustración latinoamericana en ira. Y cuando hablo de latinoamericanos potencialmente frustrados por su perversa actitud, no me estoy simplemente refiriendo al presidente Otto Pérez Molina de Guatemala o al presidente Juan Manuel Santos de Colombia, por mencionar dos de los políticos más elocuentes en la discusión de la legalización en la reunión de la OEA, o al presidente José Mujica, que mantiene su apoyo activo para legalizar la marihuana en Uruguay. Me refiero a las decenas de miles de víctimas de la violencia provocada por por políticas antidrogas equivocadas que han recibido apoyo, cuando no han sido impuestas, por Estados Unidos.

Hoy en día, muchos latinoamericanos nos sentimos como si estuviéramos de nuevo en la década de los años setenta, cuando decenas de miles de padres buscaban los restos de sus hijos asesinados, desaparecidos o desplazados por los dictadores —algunos de los cuales, por cierto, recibieron el apoyo del gobierno estadounidense. La diferencia ahora es que las víctimas de la guerra contra las drogas bien podrían aliarse con los activistas para reformar las políticas sobre drogas en todo el hemisferio. Por su lado, estos activistas también podrían trabajar juntos para pedir justicia y reparación de los daños causados por la evidentemente incorrecta y en ocasiones hiperviolenta política exterior antidrogas de Estados Unidos. En pocas palabras, los elementos están en su lugar para crear mecanismos de justicia de transición para el desmantelamiento del régimen de la prohibición mundial de ciertas drogas.

Es hora de que el gobierno de Estados Unidos ponga fin a la disociación esquizofrénica entre su política exterior y su política interior sobre drogas. Y más aún, es hora de que el gobierno de Estados Unidos deje de ignorar la historia centenaria de la violencia alimentada por la prohibición de drogas en América Latina y, sobre todo, a sus víctimas. Es la hora de una política más coherente, informada, racional y compasiva hacia las drogas llegó.

Ahora que lo tenemos tan cerca, señor Obama, me pregunto, ¿hay algo que podamos hacer para encontrar, por fin, un aliado en el gobierno de Estados Unidos para este proceso de reconciliación?

Froylán Enciso es candidato a doctor en historia por Stony Brook University, investigador visitante del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y becario de la Harry Frank Guggenheim Foundation.

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