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Un texto a partir del artículo de Viridiana Ríos en el número de Nexos de abril.

Leí con mucha atención el número de abril de Nexos sobre Michoacán. Los artículos de Salvador Maldonado, Denise Maerker, Leticia Pineda, Teresa Zerón-Medina y Eduardo Guerrero son piezas muy interesantes y útiles para entender el problema de la entidad. Sin embargo tengo que discrepar del artículo de Viridiana Ríos sobre las autodefensas.

El enfoque puramente legal que plantea Ríos –la necesidad de aplicar la ley a todo costo- puede ser peligroso para la misma aplicación de la ley en un futuro. Es necesario un marco de instituciones y condiciones para que la ley pueda funcionar. La anuencia de la población y los grupos de autodefensas está claramente relacionada con una exigencia de funcionamiento del Estado. Las acciones de los grupos de autodefensas funcionan bajo una lógica de excepcionalidad. La paz –vista como esas redes de socialización que permiten una vida cooperativa y sin violencia- se constituye a partir de la obediencia de la ley, pero también de que la ley tenga un sentido para la convivencia social. Las autodefensas actúan en la excepcionalidad para poder regresar a un estado de cosas previo a la intervención del crimen organizado. Pero seamos claros, la excepcionalidad no es la presencia del crimen organizado –historia de sobra hay de presencia criminal en la región. La excepcionalidad es la total inoperancia del Estado.

La primera objeción de Ríos es que las autodefensas demeritan el papel de los policías de carrera. Francamente no entiendo porque ejemplificar con Nuevo León y no ver lo que sucede en Michoacán. El País reportó que, de los 10,206 policías estatales en Michoacán que pasaron por un proceso de certificación, sólo 5,976 aprobaron las pruebas. Mi pregunta es, ¿dónde están esos policías que pasaron por este largo proceso de certificación? ¿Por qué nunca vimos su funcionamiento en la región en los meses previos a la crisis alrededor de Apatzingán? No es que desee desincentivar la formación de una policía capaz, pero debería funcionar la que ya están operando. Es evidente que la excepcionalidad no permitió a los locales ver a estas nuevas policías como un muro de contención ante el ataque del crimen organizado.

Legitimar a grupos armados motiva la formación de más grupos. Sí y no. La primera motivación es claramente la incapacidad del Estado para evitar su formación. En un mismo año –de manera casi simultánea- estos grupos surgieron por problemas similares, pero al día de hoy su influencia es menor a lo que pareció en algún principio (tal vez nos faltan reportes de las regiones donde aparecieron). Lo que permite el crecimiento de más grupos es el ejemplo de que se puede armar uno sin mayores dificultades, no tanto el hecho que se les legitime.

No se trata de que el Estado juegue a las intencionalidades sino a atender las situaciones. La situación es que grupos de ciudadanos armados tomaron tareas de seguridad por sus propias manos. Tanto es un peligro –a medio y largo plazo- dejarlas permanecer cuanto el hecho de restringirlas sin un esquema de instituciones permanentes que las suplan a posteriori. La acción del gobierno federal ha sido la más prudente, limitar sus decisiones y acciones en la medida de lo posible –aunque tengo objeciones concretas del manejo diario de esta estrategia-. Decir que no queda claro que las autodefensas obedecerán al Estado es reconocer que el Estado –ya desplegado con el Ejército y policía federal- es incapaz de disuadir con su presencia la acción de las autodefensas.

Presumir que las autodefensas no cooperarán con el Estado es pensar que el Estado nunca pasará a disolverlas. Claramente tienen que disolverse –o transformarse-. El problema sigue siendo el esquema de instituciones que se encargarán de las tareas extraordinarias que hoy realizan las autodefensas.

El último párrafo de Ríos me deja con más dudas: aplicar la ley en lugar de una estrategia plena de política pública. ¿Cómo exactamente la aplicación de la ley nos saca del dilema represión – cooptación? A mi entendido, la aplicación de la ley en asuntos penales es represiva, así que de mínimo se debió desarmar a las autodefensas y procesar a todos por el delito de posesión de armas exclusivas del Ejército. Incluso si eso sucediera, ¿con qué sistema de justicia lo haría? El libro blanco de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación del Sistema Penal de Justicia dice que el nuevo sistema de justicia en Michoacán está aprobado pero todavía no opera. Además, el sistema federal parece apenas enterarse que había un estado de Michoacán. Sería prudente que la autora explicara con más detalles que es aplicar la ley según su entendimiento. De cualquier manera, estamos en mayo, y el gobierno federal sigue sin disolver mediante detenciones a las dos organizaciones criminales en disputa. ¿Cómo se hubiese logrado eso sin autodefensas? ¿Más o menos rápido?

A final de cuentas creo que el tema es de instituciones y capacidad de dar un sistema de relaciones pacíficas de la sociedad con el gobierno para enfrentar el problema. La ley será consecuencia de que estos dos elementos mencionados estén operando como esperamos que funcionen. Cualquier esquema de pacificación de la región pasa por hacer que la ley tenga sentido para todos, no su aplicación unidireccional a expectativas que todos se encuadren cual sociedad militar, sino como sociedad civilizada. La solución de la ley pasa por el supuesto de que las instituciones funcionan, cuando son las instituciones una parte fundamental del problema en Michoacán.

Raúl Zepeda Gil es politólogo por la UNAM y estudiante de maestría en Ciencia Política de El Colegio de México.

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