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Un bicentenario por omisión

El miércoles 22 de octubre se cumplen doscientos años de la promulgación del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, mejor conocido como Constitución de Apatzingán. Trece meses antes, en la ciudad de Chilpancingo, se había reunido un congreso insurgente con el fin de redactar un documento constitucional. El responsable de que este congreso se haya formado, con todos los problemas inherentes a la situación bélica que vivía entonces el virreinato de la Nueva España, fue José María Morelos. De no haber sido por él, no habríamos tenido Congreso de Chilpancingo, ni Constitución de Apatzingán.

 

Llama la atención, sin embargo, no sólo el escaso influjo que Morelos logró tener sobre el congreso y sobre el documento que nos ocupa, sino también la falta de sintonía entre el “Caudillo del Sur” y el congreso en cuestión. Esto, sin embargo, no obstó para que Morelos considerara a esta asamblea como la tabla de salvación de la insurgencia; de hecho, su captura en diciembre de 1815 se dio en una acción en la que su objetivo (que se cumplió) era que los miembros del congreso pudieran escapar de las tropas realistas. A juzgar por los acontecimientos posteriores, se podría decir que la única “tabla de salvación” de la insurgencia era el propio Morelos, pues ésta nunca se recuperaría de su fusilamiento ese mismo mes.

Más allá de la suerte de Morelos, me interesa subrayar su perspicacia política en un aspecto crucial: la necesidad que percibió de institucionalizar la insurgencia. Es cierto que Ignacio López Rayón ya había dado pasos importantes en este sentido, pero los sucesos que tuvieron lugar entre 1811 y 1813 en el bando insurgente mostraron a las claras que Rayón no era la persona indicada para llevar adelante tamaña empresa. De hecho, uno de los principales motivos de Morelos para reunir al que se convertiría en el Congreso de Chilpancingo fueron las interminables querellas al interior de la “Suprema Junta Nacional Americana”, en las cuales Rayón, su creador, siempre fue protagonista. Morelos logró ese objetivo: reunir al congreso que redactara una constitución; sin embargo, insisto, su muerte selló la suerte de la insurgencia hasta 1820. Fue entonces cuando las posibilidades reales de obtener la independencia absoluta fueron retomadas por quien había sido uno de sus más acérrimos enemigos: el militar realista Agustín de Iturbide. La supuesta “consumación” de la independencia de México lo fue en sentido estricto sólo en este rubro. En casi todo lo demás, los proyectos socio-políticos de Morelos y de Iturbide eran profundamente distintos.

Sin olvidar los “Elementos Constitucionales” de Rayón, se puede decir que la Constitución de Apatzingán es el único documento constitucional en toda regla que produjo la insurgencia. Este simple hecho le concede una importancia enorme desde una perspectiva histórica, política, ideológica y de historia de las ideas. Sin embargo, se puede decir que el Decreto no ha recibido la atención correspondiente. Los motivos son diversos; entre ellos, cabe destacar el contexto en el que se promulgó (cuando la insurgencia se batía en retirada), la limitada aplicación del documento, la muerte de Morelos al año siguiente y, por último, el limitado influjo que tuvo sobre la Constitución de 1824, la primera del México independiente. No es éste el lugar para adentrarse en cada uno de estos motivos; me interesa, en cambio, centrarme en uno solo de los múltiples aspectos del Decreto: su carácter liberal.

Si el tradicionalismo que caracterizó la manera en que tanto Hidalgo como Morelos concibieron la lucha contra las autoridades virreinales está fuera de duda, también debería estarlo el carácter liberal de la Constitución de Apatzingán. Es cierto que su primer artículo estipula que la religión católica es la única permitida, pero más allá de que estamos dentro del mundo hispánico, este elemento por sí solo no basta para escatimar el liberalismo que permea el documento. Al respecto, cabe destacar el capítulo V de la primera parte, dedicado a los derechos individuales y que lleva por título “De la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos”. Sobre estos cuatro derechos, el artículo 24 dice: “La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas”. Más adelante, el artículo 27 establece que la seguridad de los ciudadanos “consiste en la garantía social: ésta no puede existir sin que fije la ley los límites de los poderes y la responsabilidad de los funcionarios públicos”. En cuanto a los límites del Poder Ejecutivo (“Supremo Gobierno” en el Decreto), los artículos 166 a 169 establecen que el poder público no puede arrestar a nadie por más de 48 horas, ni puede deponer a empleados públicos, ni mandar fuerza armada (“a no ser en circunstancias muy extraordinarias”), ni dispensar la observancia de las leyes bajo pretexto de equidad, ni interpretarlas en casos dudosos.

En esta misma línea, cabe recordar el mensaje a los conciudadanos que fue redactado por once diputados (entre ellos Rayón, Morelos y José María Cos); este mensaje acompañaba al texto constitucional cuando fue promulgado en Apatzingán. En él, los firmantes enumeran lo que ellos consideran los “capítulos fundamentales” del documento: la profesión exclusiva de la religión católica; la soberanía (popular con representación nacional); los derechos del pueblo; la dignidad del hombre; la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones de los ciudadanos; los límites de las autoridades; la responsabilidad de los funcionarios y, por último, el carácter de las leyes. Años más tarde, estos elementos, exceptuando el primero, llevaron a José María Luis Mora a considerar al Decreto como un “precioso código”, el cual consignaba “todos los principios característicos del sistema liberal” (los entrecomillados son del “Discurso sobre la independencia del Imperio Mexicano”, publicado en 1821).

A doscientos años de su promulgación, en el contexto actual que vive el país, rememorar el Decreto de Apatzingán dista de ser un divertimento historiográfico. Apatzingán y Ayotzinapa se encuentran en estados contiguos. Si traigo a colación a Ayotzinapa es porque lo sucedido cerca de ahí es una de las muestras más flagrantes de que el espíritu y la letra del Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana parecen haber fracasado rotundamente. Apatzingán fue la villa en la que se promulgó el Decreto el 22 de octubre de 1814 por azares del destino, pues, ante el acoso realista, el congreso que se había reunido poco más de un año antes en Chilpancingo pasó por otras ocho poblaciones antes de recalar en dicha villa. De esa magnitud era la convicción y el afán de Morelos y de un puñado de personas por dotar a la nueva nación de un documento que “le diera vida”, que la fundara en términos legales, que le diera leyes, legalidad.

Bastaría con lo expresado hasta aquí para documentar punto por punto la enorme distancia que existe entre lo que Apatzingán se propuso para México y lo que Ayotzinapa revela sobre el país, aunque cabe añadir esa preocupación de Morelos que, se olvida a menudo, fue muy poco común entre los líderes de las independencias hispanoamericanas. Me refiero a su intento por terminar, o por lo menos reducir, la pobreza y la desigualdad. El caso es que a dos siglos de distancia el deseo vehemente de unos cuantos “insurgentes” por institucionalizar México, por dotarlo de instituciones (léase, por impedir la arbitrariedad), se ha convertido en un desfile interminable de abusos, connivencias, atropellos, indignidades, transas, corruptelas y asesinatos.

Por lo que toca a los ciudadanos mexicanos del 2014 y para calibrar la magnitud del deterioro del tejido social en nuestro país, cierro estas líneas planteando que entre las cosas que Ayotzinapa ha mostrado es que muchos mexicanos parecíamos habernos acostumbrado a vivir entre esos abusos, connivencias, atropellos, indignidades, transas, corruptelas y asesinatos. Tenía que suceder algo como lo acontecido ahí para que muchos mexicanos, sobre todo los jóvenes, se dijeran a sí mismos: éste no es el país que quiero. Puede parecer casi una trivialidad, pero para empezar a transitar hacia lo que sí queremos, para que las cosas empiecen a cambiar, creo que no es poco.

Roberto Breña

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