El lunes 27 de octubre fue noticia un gran operativo policial en España que culminó con el arresto de más de cincuenta personas —entre empresarios, políticos y funcionarios— que formaban parte de una trama de corrupción urbanística. En rigor, nada nuevo.
La “Operación Púnica” mostró el último eslabón de una larga cadena de escándalos que durante los últimos años ha implicado a gobiernos, partidos políticos, sindicatos, bancos y hasta la propia Casa Real. El título del operativo no se deriva de las antiguas guerras contra Cartago sino del nombre científico del árbol que da la granada (punica granatum), y hace referencia a Francisco Granados, político del Partido Popular (PP) y antiguo número dos del gobierno de Madrid, acusado encabezar la red que adjudicaba obras públicas a cambio de sobornos.
¿Manzanas podridas o cleptocracia?
Al día siguiente, el presidente Mariano Rajoy (PP) pidió disculpas públicas por los hechos, manifestando comprender la indignación y el hartazgo ciudadanos. Más que el hecho de disculparse por actos de corrupción de miembros de su partido, algo que no es inédito, sorprendió la permanencia del discurso de las “manzanas podridas” en el jefe de gobierno. De acuerdo con Rajoy, el nuevo escándalo “responde a la codicia personal de los cargos públicos y no a las organizaciones a las que pertenecen».
Rajoy ya había pedido disculpas a raíz de otro escándalo a mediados de 2013, cuando el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, fue acusado de manejar un sistema de financiación ilegal mediante el cual, a lo largo de veinte años, se habrían otorgado sobresueldos mensuales a miembros del partido, incluido el actual jefe de gobierno. Pese a que Rajoy mantuvo comunicación con Bárcenas durante esos días (un SMS en que le pedía “ser fuerte” se volvió célebre), el discurso oficial fue que se trataba de actos aislados cometidos por el antiguo tesorero, de los cuáles el PP era una víctima más, no un cómplice.
De nuevo las “manzanas podridas”, un mensaje centrado en la responsabilidad individual, cuidándose de no señalar la dimensión sistémica del problema. Y si digo que sorprende es porque, a poco que se mire, parece que el cesto entero es el afectado.
Reconstruir la lista de escándalos de corrupción de la España reciente es como armar un complicado rompecabezas. Además de la “Operación Púnica” y el “Caso Bárcenas”, este puzzle incluiría la “Trama Gürtel”, otra red de sobornos a cambio de adjudicaciones protagonizada por empresarios y políticos del PP; el caso de las “Tarjetas Opacas” de Caja Madrid, con las que altos cargos de esta entidad pública realizaron gastos millonarios sin pagar impuestos; el “Caso Pujol”, que reveló un fraude fiscal realizado por la familia del “molt honorable” ex presidente de Cataluña; el “Caso Nóos”, que ha tocado al cuñado del rey Felipe VI; el “Caso de los ERES (Expedientes Reguladores de Empleo)”, que involucró al gobierno de Andalucía (PSOE) en prejubilaciones fraudulentas, subvenciones a empresas fantasma y pagos de comisiones irregulares; o el extraño “Caso Amy Martin”, cuando una fundación vinculada al PSOE pagó miles de euros a una columnista que resultó ser un invento de la ex esposa del presidente de la institución. La lista podría continuar con el “Caso Brugal”, el “Caso Emperador, el “Caso Pretoria”, el “Caso Mercurio”, el “Caso Pokémon”, o el “Caso Malaya”, pero el lector puede darse una idea. Actualmente, hay más de 1900 personas acusadas formalmente de delitos relacionados con la corrupción en España; sólo una treintena ha sido condenada a prisión.
Como proclamaban los indignados de la Puerta del Sol hace algunos años, parece que en España “no hay pan para tanto chorizo”[1], o como señala Raimundo Viejo, quizá valga la pena empezar a tomarse en serio el concepto de “cleptocracia”.
Breve apunte sobre las causas
El debate sobre las causas de la corrupción española no ha alcanzado un consenso. Hay quienes responsabilizan a una clase política mediocre y particularmente desvergonzada, al modelo de financiación de los partidos, e incluso, no faltan los argumentos esencialistas, que parecen aludir a una especie de “picaresca” genética. Dado que el paradigma de la corrupción en España son las recalificaciones irregulares del uso de suelo, la conjunción entre un sistema de planificación urbano especialmente rígido y una “burbuja inmobiliaria” también se ha contemplado como origen del problema.
El profesor Víctor Lapuente, autoridad en la materia, considera a la corrupción española un resultado de dos procesos: la excesiva politización de la administración pública y la colonización de la política partidista por funcionarios públicos.[2]
Por un lado, España es un país con una importante proporción de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político y al cultivo de relaciones de tipo clientelar. El futuro profesional de este ejército de trabajadores es limitado e incierto, ya que depende de que el partido político de su patrón gane o pierda las próximas elecciones, lo que generaría incentivos perversos para cometer actos de corrupción entre este “personal de confianza”. Frente a ello, Lapuente pone el ejemplo de países desarrollados con aparatos administrativos más profesionalizados, como Dinamarca o Nueva Zelanda (los países menos corruptos del mundo, de acuerdo con Transparencia Internacional).
Por otro lado, también existen facilidades para que los funcionarios públicos que han obtenido su plaza mediante concurso comiencen una carrera paralela en la política. Dado que su puesto de trabajo se les reserva mientras dure su “aventura”, estos individuos (teóricamente, los más imparciales dentro del aparato estatal) pueden intentar entrar a la política profesional a un costo muy bajo. El hecho de que el gobierno español esté conformado mayoritariamente por funcionarios en excedencia (el presidente Rajoy tiene una plaza como “Registrador de la propiedad” desde los 24 años) hace que un cambio en este tema parezca difícil.
Percepciones sobre corrupción y consecuencias electorales: ¿una contradicción?
En lo que tiene razón Rajoy es en la enorme paciencia de la mayoría de los españoles que, mientras padecen sucesivos recortes sociales, observan a políticos y empresarios servirse con la cuchara grande.
Como señala Kiko Llaneras desde la web Politikon,[3] durante la década anterior la sociedad española no consideraba a la corrupción uno de sus problemas principales (importaba más la inmigración, por ejemplo). Esto comenzó a cambiar con la llegada de la crisis: de manera lenta pero estable, al tiempo que la economía entraba en recesión, la preocupación de los españoles por la corrupción ha crecido hasta ocupar el segundo lugar entre sus problemas, sólo por debajo del desempleo.[4]
¿Qué efectos electorales cabe esperar de todo esto? Aunque parece sensato suponer que cuando un gobierno se ve envuelto en escándalos de corrupción pierde apoyo en las urnas, la evidencia muestra que el asunto no es tan sencillo.
Los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández-Vázquez realizaron en 2010 un estudiosobre las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en dos regiones de España (Andalucía y la Comunidad Valenciana) entre 2003 y 2007. En dicho trabajo encontraban que los escándalos tendían a concentrarse en municipios costeros y con mayor disponibilidad de suelo urbanizable, que no existían diferencias significativas entre los principales partidos políticos (PP y PSOE) en cuanto al número de alcaldes envueltos en escándalos y, sobre todo, que no existía evidencia empírica de ningún tipo de castigo electoral a los partidos o alcaldes acusados de comportamientos corruptos.
¿Cómo explicar la convivencia entre una creciente preocupación por la corrupción y su escaso costo político? ¿Por qué los votantes perdonan a los corruptos?
Dos hipótesis
Parte de la respuesta podría encontrarse en dos hipótesis planteadas por Eva Anduiza, Aina Gallego y Jordi Muñoz: la primera tiene que ver con la recepción que los votantes hacen de los escándalos de corrupción (la hipótesis del “ruido”); la segunda, con la existencia de un mecanismo de “intercambio implícito” entre votantes y políticos corruptos.
La primera hipótesis se refiere a que, pese a existir cobertura mediática de los escándalos de corrupción en un gobierno, en contextos de gran crispación política los votantes pueden no dar credibilidad a la información, considerándola una acusación sin fundamento por parte de la oposición.[5] Esto se relaciona con lo que Lluis Orriols llama “la guerra de trincheras mediáticas”. En España existe una íntima relación entre medios de comunicación y partidos políticos. Como consecuencia, el contenido de periódicos españoles tiene un elevado sectarismo, lo que fomenta el atrincheramiento de los lectores en medios afines a su ideología. Por ello, cuando un medio destapa un caso de corrupción, suele ser recibido por la otra trinchera como una estrategia política con el único fin de difamar al adversario, lo que provoca que los ciudadanos se tomen con cinismo los escándalos publicados por periódicos rivales.
Lo acontecido con Luis Bárcenas refuerza este argumento: uno de los periódicos más afines al PP, El Mundo, ha sido quien mayor cobertura ha dado al escándalo del ex tesorero. Esto parece haber dotado al caso de mayor credibilidad, aumentando su efecto entre los votantes “populares”.
Por su parte, la segunda hipótesis propone la existencia de un mecanismo de “intercambio implícito”, mediante el cual los votantes pueden considerar que el bienestar generado por un político corrupto compensa los costos de la corrupción.[6] Para el caso de España, otro trabajo realizado por Rivero y Fernández-Vázquez junto a Pablo Barberá parece actualizar este argumento. En esta investigación, los autores consideran 75 municipios afectados por escándalos de corrupción entre 2007 y 2011. Su conclusión es que el castigo electoral a los alcaldes corruptos existe, pero es modesto: de apenas un par de puntos porcentuales. Sin embargo, dentro de este resultado encuentran una heterogeneidad muy llamativa: en los casos en que la corrupción ocasionó una pérdida de bienestar para la población (por ejemplo, malversación de fondos o fraude) la pérdida de votos se duplicó, mientras que en los casos en que la corrupción produjo —además de beneficios privados para el alcalde— “ganancias” para el resto de la población (como cuando se otorgan permisos irregulares de construcción que fomentan la actividad económica) no existió penalización alguna.
En síntesis: a la hora de explicar la reacción de los votantes ante escándalos de corrupción, la cobertura mediática importa, pero no es suficiente. Evaluar la credibilidad de la información y las consecuencias de los delitos en términos de bienestar también es fundamental.
Una sorpresa anunciada
Tras pedir disculpas públicas el martes 28 el presidente Rajoy y los representantes del PSOE se enredaron en un penoso “¡Y tu más!”en el Senado, intercambiando acusaciones mutuas de corrupción. El incidente nos recuerda que, para que los escándalos de corrupción tengan consecuencias electorales, debe existir una alternativa que, a juicio del ciudadano, pueda hacer las cosas de otra manera.[7] Pienso en eso mientras leo que la joven iniciativa “Podemos” —la gran sorpresa de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo— ya ocupa el primer lugar en intención de voto entre los españoles. En rigor, nada extraño.
César Morales Oyarvide es politólogo.
[1] «Chorizo» es una manera coloquial de llamarle al corrupto.
[2] Dos textos donde expone este tema pueden consultarse aquí y aquí.
[3] Los textos sobre la corrupción española que ha hecho esta web especializada en análisis político son excelentes. Su editor, Pablo Simón, presenta una compilación aquí.
[4] Un matiz: España se ubica en el puesto 40 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional; México en el 140.
[5] El “ruido” hace referencia al intercambio de acusaciones y desmentidos propio de este tipo de escándalos.
[6] Expresiones populares como “Roba, pero hace” resumen bien esta idea.
[7] Lo señalan Belén Barreiro e Ignacio Sánchez-Cuenca al estudiar otra época generosa en escándalos de corrupción en España: los noventa.
Excelente escrito ya se extranaban sus textos en este medio.
Excelente reflexión señor Morales. Me parece que la lectura que hace sobre la génesis de la corrupción es bastante completa; concuerdo con la apreciación de que la frecuencia con la que se da este tipo de delitos nos impone con claridad la idea de que se trata de una cleptocracia, o por lo menos, de un comportamiento para el que existe un alto grado de anuencia sistémica. Aquella alternativa de las «manzanas podridas» es a todas luces una falacia chanflera, un recurso retórico demagógico, y no sólo por lo observado, sino porque para empezar expresiones como esa (como “casos aislados”) no dicen nada, son meros sonsonetes insustanciales –desde cierta óptica, todo en este mundo es clasificable como caso aislado o “manzana podrida”.
Agregaría dos cosas. Primero, que la racionalidad del votante (y me aventuraría a decir que la racionalidad democrática) no es compatible con el cálculo sustantivo. Los ciudadanos rara vez cuentan con la información suficiente para establecer con claridad un vínculo entre la corrupción del político y los posibles beneficios –o perjuicios- que podría generarle. Aquellos que cuentan con dicha información, y que la usan para obtener lo que desean (como obras públicas), en realidad son una minoría. En todo caso, yo lo vería más desde la óptica del “problema solver”; corromper es un medio inválido, pero el fin justifica los medios, dicen. De tal modo, no pueden existir grandes incentivos o castigos para la corrupción desde la arena electoral. El hartazgo de la corrupción es sólo un reflejo de un mal momento económico; si no hubiera corrupción, los votantes encontrarían algo más de lo cual hartarse. La democracia, por más aspaviento que puedan hacer los transitólogos quejicas, no se construye sobre “moral grounds”; el voto secreto es un ejercicio de total pragmatismo. Un matiz: aún sin democracia, con un índice de percepción de la corrupción elevadísimo –corruptus in extremis-, se puede amar al líder. Amarlo tanto como para cantarle una canción todos los días, como para tener su foto en tu casa y seguir sus enseñanzas al pie de la letra.
Segunda cosa que agregaría. Es probable que ya lo haya leído, pero vale la pena mencionar el artículo de Susan Rose-Ackerman “The economics of corruption”. En él, Susy nos explica que la corrupción entre el gobierno y las empresas, aquella “puerta giratoria” que tanto menta el Quadri español de PodemOs, se suscita o se le debe en gran proporción a la estructura de mercado y a la las preferencias del gobierno a la hora de las rondas licitatorias. La ausencia de castigos efectivos a las empresas en el caso de contubernio, la ambigüedad de las metas gubernamentales y la concentración de los mercados son el pan húmedo donde florece el Penicillium Corruptum. Aunque el argumento es más complejo, la idea es que el equilibrio de mercado y la solidez de las identidades políticas son la cura para la corrupción. Dicho escenario competitivo incrementa ampliamente el costo de la corrupción, toda vez que la pluralidad de agentes económicos funciona como un “multipanóptico” en el que un escándalo es suficiente para que una empresa pierda la hegemonía y otra la gane. Naturalmente, para que esto funcione, también deben existir claras consecuencias legales para las empresas, y las plataformas políticas deben ser alternativas mutuamente excluyentes, como no sucede con el PSOE y el PP, que podríamos calificar, jugando con las palabras, como izquierda recta y derecha siniestra, respectivamente.
Muy buen artículo señor Morales.
P.D. Señor Jaramillo: Uno: no confunda la nacionalidad con la biología. No se es español por genética. Dos: No entiendo porqué hubo de tomarse la molestia de responder a un argumento que sólo se mencionó en el sano y necesario ejercicio de cubrir todas las aristas. Nadie aquí dijo que la corrupción es genética. Mire, acá cabe mejor su arenga: http://www.firstpost.com/blogs/the-corruption-gene-are-indians-culturally-wired-to-be-corrupt-125925.html
Etrusco: no le vendría mal adornarse con la sonrisa que le es característica a su pueblo.
Vamos a ver: no pretendía contestar punto por punto al escrito del señor don César Morales por innecesario, sino indicar la causa principal de la corrupción en España, ya que de la corrupción en España habla el artículo.
Ya cambié de apodo para que no se me obligue a sonreír. Sí, lo he comprendido, yo sólo quería querellar para calentar el debate. Para mi próximo acto, los llamaré cínicos a todos y luego me retractaré al estilo PIT.
Ya cambié de apodo para que no se me obligue a sonreír. Sí, lo he comprendido, yo sólo quería querellar para calentar el debate. Para mi próximo acto, los llamaré cínicos a todos y luego me retractaré al estilo PIT. ¿Por qué? Porque podemos.
Para armar bulla hay que dar con el interlocutor adecuado; y no es el caso.
Gracias por sus comentarios, Antonio, y por su juicio tan generoso.
No conozco el trabajo de Rose-Ackerman, pero lo buscaré; parece muy interesante. Concuerdo completamente en que el rol de las empresas, y no sólo del sector público, en el problema de la corrupción es fundamental.
Una réplica a algunos de los puntos que plantea, con el sólo ánimo de continuar el debate:
Pese a que la racionalidad del votante puede no ser compatible con el cálculo sustantivo, creo que en el caso que estamos discutiendo la hipótesis del “intercambio “implícito” se sostiene. Es verdad que el cálculo exacto de los beneficios es difícil, pero no lo es tanto diferenciar entre los dos grandes tipos de corrupción que se señalan, especialmente en un contexto local: 1)la que sólo beneficia al alcalde y sus compañeros de fechorías, y 2) la que genera ciertas externalidades que se perciben como positivas a la hora de evaluar la gestión del gobierno. Pienso en el ejemplo de la recalificación irregular de terrenos para hacerlos aptos para la construcción, tan común en la época del “ladrillazo” en España: la construcción no sólo genera su producto directo, además, genera empleo para la población sin necesidad de estar especialmente calificada, turismo (pues suele centrarse en localidades costeras), un aumento en el precio de las propiedades locales y una mayor demanda en multitud de servicios. Todas ellas externalidades que mejoran la situación económica y son perceptibles. Otra cuestión es si este beneficio percibido o de corto plazo sea sostenible en el largo plazo.
Por otro lado, no sé si el hartazgo hacia la corrupción sea sólo un reflejo de un mal momento económico. Me parece que tiene mucho sentido: antes de la crisis no existía en España una preocupación por la corrupción como la que existe ahora; e históricamente hay precedentes: a mediados de los 90, cuando gobernaba el PSOE de Felipe González, también hubo una fase de recesión económica acompañada de casos de corrupción que generaron mucho escándalo. Y, de hecho, hay trabajos académicos que concluyen que “los votantes sólo están dispuestos a castigar a los políticos corruptos en tiempos de crisis económica” (Zechmeister, E. J. y D. Zizumbo-Colunga, “The Varying Political Toll of Concerns About Corruption in Good Versus Bad Economic Times”, 2013). Sin embargo, lo más llamativo del trabajo de Gonzalo Rivero, Pablo Fernández Vázquez y Pablo Barberá (“Rooting Out Corruption or Rooting for Corruption? The Heterogeneous Electoral Consequences of Scandals”, https://files.nyu.edu/pba220/public/rooting_out_corruption.pdf) es que ellos encuentran que el factor fundamental que media entre corrupción y castigo electoral no es la situación económica en general (crisis o bonanza) sino que el electorado se vea beneficiado de los actos corruptos o no. De nuevo el “intercambio implícito”, o como usted bien dice: pragmatismo.
Saludos!
No creo que la corrupción sea genética y, por lo tanto, que los españoles sean más corruptos por el hecho de serlo. Lo que sí hay en España es una mayor impunidad, y por lo tanto la corrupción se ha extendido como una mancha de aceite. No se acabará con ella mientras no se modifique el Código penal y los jueces se olviden de su ideología a la hora de instruir y de juzgar. La democracia en España no ha entrado ni en la Iglesia ni en buena parte de la judicatura y la fiscalía. Ese es el gran problema.
Gracias por su comentario. Yo tampoco pienso que la corrupción sea genética. Más que la credibilidad de las explicaciones de tipo determinista sobre estos problemas (que no resisten el primer análisis) lo que me parece interesante es su persistencia.
Es cierto lo que señala sobre el poder judicial y la necesidad de reducir la impunidad. Sin embargo, creo que el tratamiento al problema tendría que contemplar más que una reforma penal (a fin de cuentas es una medida reactiva) e incidir también en la prevención. Un paso importante sería un cambio en la manera en la que funciona la administración pública española (profesionalizarla, establecer más contrapesos), especialmente en el nivel local. Y un relevo en la clase política tampoco vendría mal, si me preguntan.
Aquí Pablo Simón hace un buen repaso de las distintas medidas que se han planteado para reducir la corrupción que podría interesarle: http://www.jotdown.es/2013/12/corruptissima-re-publica/
Claro que son necesarias todas esas medidas a las que usted apunta, del mismo modo que es imprescindible cambiar algunos artículos del Código Penal que no lo hagan tan laxo. Lo que de verdad sería «reactivo» es dejarlo como está.