drogas

La instrumentación del régimen global de prohibición ha tenido una historia centenaria de violaciones a los derechos humanos y extorsión a la soberanía de México desde principios del siglo XX. Ante el costo humano de la Guerra contra las Drogas, diversos grupos ciudadanos han pugnado separadamente por 1) la reforma de las políticas contra las drogas mediante su regulación y la instrumentación de políticas de reducción de daño y 2) garantizar el acceso a la justicia y la reconciliación de las comunidades y personas que han sido víctimas de la violencia relacionado con la Guerra, mediante redes sociales, actos públicos y litigios estratégicos.

Estas estrategias han probado tener alcances muy limitados, por su falta de articulación y porque las reformas de políticas contra las drogas son mejor recibidas e instrumentadas cuando provienen de países consumidores. Los magros resultados se pueden explicar también por la ineficiencia y corrupción del sistema de justicia nacional que procesan los casos de violación a los derechos humanos en que participaron agentes del Estado. A esto se suma la incapacidad de los defensores de los derechos humanos por incorporar la defensa de la dignidad de quienes no fueron violentados, más que indirectamente, por el Estado.

Por eso, a partir de mis investigaciones sobre historia de las drogas y el narcotráfico recomiendo que se creen instrumentos analíticos y de movilización social similares a los propuestos por la literatura sobre justicia transicional durante el siglo XX. Principalmente, propongo la creación de comisiones de la verdad que evalúen los daños de las guerras contra las drogas desde el establecimiento del régimen global de prohibición a principios del siglo XX hasta nuestros días, especialmente desde Estados Unidos, para reparar sus daños.

El costo social del prohibicionismo

Luego de una elección muy cerrada, Felipe Calderón decidió hacer del combate al tráfico de drogas la prioridad de su gobierno (2006-2012). Como política pública, el despliegue militar y policíaco tuvo magros resultados en la disminución del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Las consecuencias sociales y los daños de estas políticas mostraron ser claramente devastadores. Aquí haré el recuento de estos daños hasta 2012, aunque lo que se ha vivido del regreso del PRI, con Enrique Peña Nieto en la presidencia, no permite vislumbrar una tendencia constante hacia un mejor escenario.

Según el conteo del diario Reforma, hubo 47,732 asesinatos relacionados con el crimen organizado entre 2006 y 2012, aunque hay analistas como Diego Valle Jones que, usando datos de varias instancias, ubican la cifra en alrededor de 63,000.[1] El malabarismo estadístico sobre muertos relacionados con la criminalidad organizada es más evidente cuando uno se detiene en casos concretos como el de los periodistas.

Según la ONG de protección a periodistas Article 19, 71 reporteros y fotógrafos fueron asesinados entre 2000 y 2012 debido a su trabajo. El Comité para la Protección de Periodistas sólo enumera 27 muertes, pero mantiene una lista de 38 asesinatos sin motivos claros desde 1992. Hay, sin embargo, otros colectivos que con metodologías heterodoxas, señalan hasta 127 asesinatos de trabajadores de la información en el período.[2]

Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calcula que hubo alrededor de 24,091 desaparecidos en ese periodo.[3] Aunque según una base de datos de la PGR filtrada al diario  estadounidense Los Angeles Times, la autoridad tiene 20,851 desaparecidos registrados entre 2006 y finales de 2012.[4]  Habría que agregar las cifras de “levantones”. No hay definición jurídica de este delito, pero normalmente supone el secuestro o desaparición forzada de personas de organizaciones criminalizadas por parte de una organización rival. El Ejército informó 18,491 reportes de levantones entre 2006 y 2012.[5]

El Consejo Noruego para Refugiados calculó que, además, se desplazaron 230,000 mexicanos debido a la violencia desatada por la Guerra contra las drogas. De estos desplazados alrededor de la mitad migraron a Estados Unidos. En su informe, el Consejo Noruego afirma que “aunque la responsabilidad primordial de brindar asistencia humanitaria recaiga en las autoridades nacionales, las agencias internacionales con mandato de protección presentes en el país deben hacer lo posible por cooperar con el Gobierno en la investigación y documentación del desplazamiento forzado en todas sus dimensiones, brindar protección y asistencia, y promover soluciones duraderas para las personas que se han visto obligadas a desplazarse”. Sin embargo,hasta la fecha, no queda clara la metodología del Consejo y ninguna organización o agencia gubernamental ha actualizado esta cifra.[6]

Finalmente, según los Informes Especiales de la CNDH, más de 39,000 migrantes centroamericanos fueron secuestrados en México durante  2007 y 2010. Los datos son incompletos, debido a la negligencia gubernamental.[7]

A las estadísticas sobre los costos sociales de la guerra contra las drogas en los últimos años, habría que agregar los innumerables trabajos periodísticos que tratan de visibilizar el sufrimiento de las víctimas de la violencia relacionada al narcotráfico. Entre estos trabajos, resaltan las compilaciones realizadas por periodistas bajo el liderazgo de Marcela Turati, Diego Enrique Osorno, Juan Pablo Meneses y Lolita Bosch, así como los trabajos de Sandra Rodríguez y Javier Valdez.[8]

Ante tal cúmulo de evidencias sobre el gran daño causado por la guerra contra las drogas en los últimos, ¿cuál ha sido la respuesta social y sus logros?

Los límites de la respuesta social

Los logros de la movilización social han sido hasta ahora limitados. El Movimiento por la Paz con Dignidad y Democracia, por ejemplo, logró el reconocimiento del derecho de las víctimas de la violencia desatada por la guerra contra las drogas a ser reconocidos como actores políticos y a acceder a la justicia y la reparación de los daños infringidos por el Estado. Este reconocimiento, simbólico durante el gobierno de Felipe Calderón, se materializó en la firma de una Ley General de Víctimas por parte del presidente Enrique Peña Nieto el 8 de enero de 2013. Esta ley puso en evidencia las limitaciones de las instituciones de defensa de derechos humanos para procesar los reclamos de justicia:

La marginalidad actual de la CNDH —escribió Sergio Aguayo, en su crónica sobre la firma de la ley— fue evidente en la ceremonia de Los Pinos y en el contenido de los discursos. Su presidente, Raúl Plascencia, fue relegado al penúltimo lugar del lado izquierdo del presidium y en ninguno de los cuatro discursos se hizo referencia a la institución. Algo anda mal, muy mal, cuando en un acto de esta naturaleza tiene un papel tan secundario la principal institución creada por el Estado para la defensa de las víctimas. A nadie beneficia. Eso tiene que cambiar.[9]

La marginación de la CNDH es parte de la insuficiencia del discurso de los derechos humanos para procesar las demandas de justicia y defender los derechos de la víctimas de la guerra contra las drogas. La marginación de la CNDH es parte de la automarginación de las organizaciones en la defensa de las víctimas, porque se limitan a un solo tipo de  violaciones a la dignidad humana: las perpetradas por el Estado.

Las víctimas de violaciones por parte de actores que participan del mercado de drogas no son tomadas en consideración y, ante el desastre organizacional del sistema de justicia mexicano, no son llevadas a juicio. Esto provoca que, de entre el enorme número de desaparecidos, muertos, desplazados en México, en informes como “Neither Security, Nor Justice”, publicado por Human Rights Watch en 2011, sólo se enfoquen en los 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales en que participaron agentes del estado.

El resto queda como anecdotario circunstancial.[10]

No se analiza y ni siquiera se menciona que estos crímenes y este estilo de criminalidad también han sido inducidos históricamente por la instrumentación de políticas y guerras contra las drogas basadas en marcos regulatorios importados desde Estados Unidos y otros lugares.

La desconexión entre la políticas de drogas y sus víctimas

La discusión sobre la reforma de la política contra las drogas se ha desconectado de la defensa de las víctimas. Aunque algunos miembros del Movimiento por la Paz se han pronunciado a favor de la legalización de las drogas, tanto en México como en Estados Unidos las discusiones se han separado, estratégicamente.[11]

Existe un marcado optimismo por el avance reciente de las reformas de políticas hacia las drogas en el continente americano, al grado de considerarlas inexorables. Ha habido avances sustantivos, por ejemplo, en la descriminalización del consumo de drogas en Uruguay, Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, México y en cada vez más gobiernos locales de Estados Unidos han creado esquemas de legalización de marihuana para fines médicos y recreativos.

En una reunión de la Organización de Estados Americano realizada en marzo de 2012 en Cartagena, diversos presidentes y ex presidentes latinoamericanos acordaron  estudiar alternativa al régimen internacional de prohibición y sus políticas.[12] La legalización de la marihuana en Uruguay, Washington y Colorado ha dado gran impulso a las esperanzas de que las reformas de políticas hacia las drogas avancen más rápido, porque al fin de cuentas la legalización en un país como México sería asunto menor ante la aceptación del gobierno estadounidense de regulaciones más racionales hacia las drogas.[13]

Las propuestas para legalizar las drogas en Estados Unidos ponen en evidencia que las políticas que se desprendieron del prohibicionismo histórico de ciertas drogas fueron irracionales. Y aún más, se pone en evidencia que las guerras para prohibir drogas fueron guerras injustas: están en la raíz de la destrucción de comunidades enteras durante más de un siglo.

Las iniciativas ciudadanas separan las movilizaciones para la reforma de la política contra las drogas y el reclamo de justicia para sus víctimas. Estas iniciativas incluyen desde grupo de sanación espiritual y proyectos educativos para evitar el avance de la cultura de violencia y para fomentar la cultura de paz hasta pueblos en Guerrero y Michoacán que se han armado para evitar la entrada de grupos criminalizados a sus tierras. También hay grupos de familiares de desaparecidos en Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, la Ciudad de México, entre otros lugares, que han decidido acompañarse para buscar a sus familiares.[14]

Sin embargo, en contadas ocasiones, estos grupos colaboran con la reforma de políticas de combate a las drogas, porque no se ha reconocido su vínculo por parte del Estado mexicano, estadounidense y los reformistas del prohibicionismo.

Varios colectivos realizan investigaciones y acciones orientadas a cambiar la política hacia las drogas en México. Pugnan por una política hacia las drogas basada en evidencias y respeto a los derechos humanos. Sus actividades han sido eficaces para el avance de la perspectiva de reducción de daños tanto de consumo de drogas ilegales como su producción y tráfico. Sin embargo, en sus documentos y acciones se nota una visión corta de la historicidad de régimen global de prohibición, es decir la causa de su organización, y poca interacción con las iniciativas de reconocimiento y reparación de daños hacia las víctimas de las guerras contra las drogas en la historia de México.

En consecuencia, quedan muchas preguntas en el aire: ¿Qué pueden esperar las comunidades campesinas y de inmigrantes que fueron perseguidas y hasta asesinadas en la primeras operaciones para el combate a las drogas a principios del siglos XX? Ante la destrucción ecológica masiva de los programas de exfoliación química, ¿qué seguirá pasando con las comunidades que se quedaron con menos recursos para enfrentar su pobreza y marginación en lugares como la Sierra Madre Occidental desde los años 1970? ¿Habrá algún día reconocimiento y reparación de los daños y violaciones a los derechos humanos ocasionados por operativos militares, como las operaciones Cooperación, Cóndor y Canador, en los 1970, y las que siguieron después? ¿Acaso no merece México un disculpa por actos de violación soberana y coacción internacional, como la Operación Intercepción o la presión para declarar el tráfico de drogas como tema devastador de seguridad nacional durante la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos?  ¿Acaso no es justo que países consumidores, armamentistas y prohibicionistas colaboren en la reconstrucción institucional, social y comunitaria de un país que ha sufrido tantos daños por la instrumentación de políticas recomendadas y auspiciadas por ellos?

El 25 de noviembre de 2011, un grupo de mexicanos, bien intencionados, presentó 700 fojas que documentan 470 violaciones al derecho internacional humanitario, crímenes de guerra y lesa humanidad, al Fiscal de la Corte Penal Internacional. El abogado mexicano Netzaí Sandoval, con el apoyo de 23,000 firmas, señaló ante la Corte a Felipe Calderón Hinojosa, su gabinete de seguridad, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el resto de los “cárteles” mexicanos como posibles responsables de estos crímenes.  Pocos días después, el 27 de noviembre, la oficina de la presidencia comunicó que procedería contra los denunciantes por imputaciones “falsas y calumniosas”.[15] Al final de cuentas, no pasó nada. El juicio no prosperó y el presidente Calderón no procedió contra los demandantes.

El caso del juicio a Calderón y sus cortas consecuencias ilustra las dificultades para alcanzar la reconciliación y reparar los daños de las guerras contra las drogas, si no se atienden sus causas profundas y a sus víctimas. Es necesario crear el entramado intelectual para que nuestras miradas sobre los problemas provocados por nuestra actitud hacia las drogas integren sus causas con sus consecuencias y sus expresiones locales con lo global desde su origen.

Opciones

Las opciones para reformar las políticas de drogas en el futuro deben partir de una visión amplia de sus causas y consecuencias; deben compartirse y socializarse desde lo individual hasta lo global, y tomar en cuenta la reparación de daños causados por políticas anteriores. Es de esperarse que las comunidades que han sido afectadas por la violencia estatal o criminal reaccionen con resentimiento ante las reformas de estas políticas, especialmente la legalización de las drogas.

Ante la legalización de la marihuana en Washington y Colorado, en 2012, por ejemplo, una reacción frecuente en México fue preguntarse ¿cómo era posible que en Estados Unidos legalizaran la marihuana cuando México apoyaba una sanguinaria guerra? ¿Ahora resultaba que los criminales ya no lo serían? ¿Sería acaso cierto que esa guerra era totalmente injusta e inducida?

La sanación del resentimiento subyacente a estas preguntas sólo es posible mediante la articulación de políticas y formas de movilización social que garanticen la reparación del daño en comunidades y Estados que han sido afectados por las violaciones soberanas y de derechos humanos durante más de un siglo de guerras contra las drogas. Necesitamos, pues, impulsar una especie de plan Marshall para la reconstrucción de las miles comunidades y los millones de víctimas de las guerras contra las drogas, con el apoyo financiero de Estados Unidos y otros países prohibicionistas.

Un primer paso bien podría ser el establecimiento de una Comisión Ciudadana de la Verdad sobre las Causas y Consecuencias de las Guerras contra las Drogas en México. El estudio exhaustivo de este grupo ciudadano bien podría sentar las bases para la reconciliación nacional e internacional mientras se transita a un régimen regulatorio de las drogas más maduro y racional.

Este ejercicio poco haría, sin embargo, por reparar los daños a las personas, comunidades y Estados que han sido víctimas de políticas y marcos regulatorios irracionales y violadores de derechos humanos durante el siglo XX y lo que va del XXI. Se tendría que crear alguna institución con capacidad de instrumentación de penas a los responsables y atención a víctimas del prohibicionismo.

Incluso si se constituye una Comisión de la Verdad e instituciones instrumentadoras de las reparaciones, existe una alta posibilidad de fracaso sin el apoyo y respeto del Estado mexicano.[16]El actual presidente no sólo tiene incentivos para perdonar a los gobernantes panista que pudieron incurrir en abusos, omisiones y corrupción para obtener estabilidad en la élite política y ganancias en los mercados de drogas, sino también a sus correligionarios en el PRI y sus contrapartes estadounidenses.

Una Comisión de la Verdad para la reforma del régimen global de prohibición de drogas lidiará, desde el inicio, con la necesidad de independencia y fortaleza política y jurídica para evaluar sus conexiones transnacionales con actos violentos que no son necesariamente perpetrados por un Estado, porque son inducidos por políticas prohibicionistas regionales, nacionales, internacionales y multilaterales.

Para el caso mexicano llamar a cuentas al gobierno estadounidense es fundamental. Mientras avanza el desmantelamiento régimen global de prohibición de drogas, los programas de reducción de daños para el consumo de drogas serán cada vez más frecuentes. También crecerá el deseo de los ciudadano por conocer la historia, la naturaleza y efectos de estas sustancias. Como parte de este proceso, debe ampliarse el contenido sobre la historia y los efectos fisiológicos, sociales e históricos de las drogas en la educación básica.[17] La educación para el uso responsable de drogas debe reconocer la propensión humana a la intoxicación para articular nociones de responsabilidad personal, comunitaria, social e histórica.

En Aguascalientes, julio 2013-San Diego, junio 2014

Froylán Enciso es candidato a doctor en historia por Stony Brook University, investigador visitante del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y becario de la Harry Frank Guggenheim Foundation.


[1] Sin embargo, cabe señalar que según el recuento “Menos días aquí” del colectivo “Nuestra Aparente Rendición” registró 34,082 víctimas de violencia en México tan sólo entre  el 12 de septiembre de 2010 y el 16 de enero de 2013. También hay cifras de INEGI, la PGR, medios de comunicación, etc., pero ninguna parece cubrir el total de los homicidios en México como ha sido argumentado por Diego Valle Jones: “Possible mnipulations of Homicide Rates in Mexico”, consultado el 15 de enero de 2013. Valle Jones también ha hecho su propia estimación de 63,000 muertes relacionadas con la guerra contra las drogas: “Mexico’s Drug War: 63,000 extra deaths in 6 years”, consultado el 15 de enero de 2013.
[2] Para un análisis de los datos, véase Alma Guillermoprieto, “México: Risking Life for Truth”, The New York Review of Books, 22 de noviembre de 2012. La lista más heterodoxas, con 127 historias de vidas de trabajadores de la información, fue elaborada por el colectivo Nuestra Aparente Rendición en Lolita Bosch y Alejandro Vélez (eds.), Tú y yo coincidimos en la noche terrible, México, NAR, 2012.
[3] El Presidente de la CNDH, en comparecencia frente al Senado, también dijo tener registro de 46,015 homicidios, 15,921 cadáveres sin identificar y 1421 inhumaciones en fosas clandestinas. Además, dijo haber recibido 34,385 quejas contra funcionarios de seguridad pública, por cateos ilegales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura (Leticia Robles, “CNDH contabiliza 24 mil desaparecidos”, Excélsior, 22 de noviembre de 2012).
[4] La jefa de la corresponsalía de Los Angeles Times dio una copia de la base de datos a la organización Propuesta Cívica. Esta organización hizo públicos ciertos análsis de la información en este blog: “Bases de datos sobre personas desaparecidas en México 2006-2012”, consultado el 16 de enero de 2013.
[5] Gustavo Castillo, “18 mil 491 levantones en el país”, La Jornada, 31 de enero de 2011.
[6] Norwegian Refugee Council/Internal displacement Monitoring Centre, “Informe del Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para Refugiados sobre el desplazamiento forzado en México a consecuencia de la violencia de los cárteles de la droga”, Diciembre de 2010, consultado el 16 de enero de 2013.
[7] CNDH, “Informe Especial sobre secuestro de migrantes en Mexico 22 de febrero de 2011”, consultado el 16 de enero de 2013. La historia de vida de algunos migrantes asesinados ha sido recogida por la iniciativa de alma Guillemroprieto en el portal 72migrantes.com del cuál se publicó un libro: Alma Guillermoprieto, Gael García, et. al., 72 Migrantes. Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Almadía, 2011.
[8] Turati, Marcela. Fuego Cruzado: Las Víctimas Atrapadas En La Guerra Del Narco. México, D.F: Grijalbo, 2011; Diego E. Osorno. País De Muertos: Crónicas Contra La Impunidad. Mexico, D.F: Debate, 2011; Meneses, Juan P. Generación ¡bang!: Los Nuevos Cronistas Del Narco Mexicano. México, D.F: Editorial Planeta Mexicana, 2012; Bosch, Lolita. Nuestra Aparente Rendicion. México, D.F: Grijalbo, 2011; Páez, Varela A, and Marcela Turati. La Guerra Por Juárez. México, D.F: Temas de Hoy, 2009; Rodríguez, Nieto S. La Fábrica Del Crimen. México, D.F: Temas de Hoy, 2012; Valdez, Javier. Levantones: Historias Reales De Desparecidos Y Víctimas Del Narco. México, D.F: Aguilar, 2012.
[9] Sergio Aguayo, “En Los Pinos”, Blog “El Cambio”, consultado el 17 de enero de 2013.
[10] Consultado aquí, el 18 de enero de 2013.
[11] Así lo hizo, por ejemplo, Javier Sicilia durante una caravana por varios estados de Estados Unidos durante 2012. Durante esta caravana también se pugnó por parar el contrabando de armas hacia México:  Gustavo Rangel, “Sicilia pide legalización y fin de “guerra absurda” contra narco”, La Opinión, 24 de agosto de 2012.
[12] Véase por ejemplo el informe preparado por el Transnational Institute: Amira Armenta, Pien Metaal and Martin Jelsma, “A breakthrough in the making? Shifts in the Latin American drug policy debate”, Series on Legislative Reform of Drug Policies Nr. 21, Junio 2012, consultado el 20 de enero de 2013.
[13] Richard Fausset, “Mexico Considers Marijuana Legalization after Ballot Wins in U. S.”, Los Angeles Times, 4 de enero de 2013.
[14] Sobre estas iniciativas, véase el excepcional libro colectivo: Marcela turati y Daniela Rea (Eds.), Entre las cenizas: Historias de vida en tiempos de muerte, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, Sur/Red de Periodistas de a Pies, 2012.
[15] Los detalles de episodio aquí, consultado el 19 de enero de 2013.
[16] El caso más cercano en México es la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado establecida por Vicente Fox (2000-2006) que, en palabras de especialistas en justicia transicional como Sergio Aguayo y Javier Treviño Rangel, no logró “verdad ni justicia.” Fox hizo un acuerdo implícito para perdonar de facto a priistas que habían cometido atrocidades en el pasado (Aguayo Quezada, Sergio, and Javier Treviño Rangel. 2007. “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”. Foro Internacional (México). (190): 709-739; Quezada, Sergio Aguayo, Javier Treviño Rangel, and Maria Pallais. 2006. “Neither Truth nor Justice: Mexico’s De Facto Amnesty”. Latin American Perspectives. 33 (2): 56-68).
[17] El antecedente más claro de este tipo de reforma educativa es la educación sexual.  El avance de la educación sexual durante el siglo XX nos dejó la enseñanza sobre los problemas de cerrar los ojos a la sexualidad infantil y juvenil al promover contenidos que pongan la abstinencia como la mejor actitud ante los peligros de una sexualidad irresponsable (Levine, Judith, No apto para menores: los peligros de proteger a los niños y a los adolescentes contra el sexo, México: Oceano, 2006).

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