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Es sábado 29 de noviembre. Han pasado más de dos meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de la Escuela Rural Isidro Burgos, ocurrida en Iguala, Guerrero la noche del 26 de septiembre, y que despertó la indignación de un país que en cada oportunidad recuerda: No somos todos, nos faltan 43.

La realidad es que es momento de revisar las cifras. No son 43. Son muchos más.

En Guerrero hay cientos de familias a las que les falta uno, o dos o tres. Son los otros, de los que muy poco se sabe aún porque el instinto de supervivencia hace del silencio la mejor arma de un sistema en el que la corrupción, la impunidad y en el mejor de los casos la incompetencia, han condenado por años a los familiares de víctimas de desaparición forzada a vivir solos su dolor.

Este día, decenas de familias suben el Cerro Gordo en Iguala para localizar lo que podrían ser fosas clandestinas, con la esperanza (sí; con una esperanza que a cualquiera que no conozca este dolor nos podría parecer aterradora) de encontrar el cuerpo de alguno de sus familiares.

Usando una coa como herramienta para identificar tierra reblandecida en donde pudiera haber algún cuerpo, la señora María Luisa, una mujer de la tercera edad que a decir de sus compañeras nunca se cansay siempre está disponible, busca a su hijo y a su nieto, a quienes hace dos años se llevó la policía de Iguala de unas canchas en las que trabajaban haciendo pozos. No recuerda la fecha, pero nos cuenta que su nuera presentó una denuncia: “¿Qué caso van a hacer si el mero indicado era del mando?

Con una playera azul amarrada en la cabeza para protegerse de un sol intenso, María Inés suelta el llanto: “¿Qué les hacían nuestros hijos que eran jovencitos que apenas empezaban a vivirque luchaban por buscar la comida para ayudar a las madres?. Su hijo Miguel, de 17 años, desapareció hace año y medio; estaba por comenzar el primer año de preparatoria. El niño pequeño se estaba operando en el hospital cuando se llevaron a mi hijo mientras iba camino a ver a su hermano. Maria Inés también presentó denuncia pero nadie le ha dado respuesta. Desde que desapareció su hijo, se enfermó de ataques de nervios para los que requiere medicamento; su esposo cayó en el alcoholismo y ya no cuenta con él para mantener su hogar (con otros dos niños). Yo como mujer tengo más valor en andar buscando a mi hijo porque es un pedazo de corazón que me quitaron.

Los dos más jóvenes del grupo tienen 14 años. Citlalli busca a su hermano, que fue secuestrado frente a ella y su sobrina (hija del hermano desaparecido) en abril del 2013, cuando llegaban a vender tortillas a una banqueta. Yair busca a su papá, que trabajaba como taxista y desapareció una noche hace dos años. En ninguno de los dos casos se presentó denuncia. Los dos caminan con un bastón de metal para ayudar a ubicar fosas. Citlalli me cuenta:cumplí 14 en octubre. Y mi hermano no estaba.

De acuerdo con Miguel, uno de los líderes más activos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que sin suficientes recursos ha apoyado a las familias en el proceso de visibilizar el problema y a las víctimas, hasta ahora son aproximadamente 750 personas las que se han registrado para pruebas de ADN. Del miércoles 26 de noviembre al sábado 29 aparecieron 16 cuerpos en las últimas fosas encontradas. Esto es sólo el inicio, asegura.

Vestidas en playeras negras con la leyenda Hijo: mientras no te entierre, te seguiré buscando, financiadas con el boteo de hace algunos días en la autopista del Sol, son en su mayoría mujeres quienes participan en las búsquedas. Algunas, como Ema, lo hacen por convicción, sin tener familiares desaparecidos.

En México, gracias al activismo de diversas organizaciones sociales como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el trabajo legislativo, se logró tener una Ley General de Víctimas y una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Justamente hoy, 29 de noviembre del 2014, finalmente entró en vigor el reglamento para esa ley. Pero las víctimas no la conocen y las instituciones, regularmente establecidas en la Ciudad de México y lejanas a estas realidades, poco han hecho para que la ley se vea reflejada en las vidas de estas personas.

Hoy, quienes desde la pobreza, la marginación, desde una vida de inmediatez y escasez, buscan a sus desaparecidos, no saben lo que es la reparación del daño, ni que la ley y el presupuesto federal tienen destinados varios millones de pesos al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Tampoco saben que existe un formato que llenar para ser parte del Registro Nacional de Víctimas, ni que pueden contar con asesoría jurídica para hacerlo. Desde luego, desconocen que el Estado está obligado a construir un Modelo Integral de Atención a Víctimas. Y todo esto, gracias a que otras víctimas como ellos, ya antes buscaron justicia.

Hoy, aunque la PGR desde el Distrito Federal ha enviado especialistas a tomar pruebas de ADN gratuitas (que tiempo atrás nadie hizo porque eran muy caras) y le está prestando ayuda psicológica con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la asesoría jurídica con la que han contado los padres para hacer efectivos sus derechos ha sido limitada. Aún no ingresan al Registro Nacional de Víctimas y por tanto no han recibido apoyo económico. No tienen dinero para pasajes, su angustia se divide en localizar a sus desaparecidos y atender las necesidades de sus familias; en algunos casos, niños y niñas que están cursando la escuela. Algunas ni siquiera cubren sus necesidades de alimento y comen principalmente tortillas del maíz que ellas mismas recolectan.

Nosotros no estamos en contra de nadie ni hemos hecho nada malo. No queremos sacar a nadie. No pedimos justicia. Sólo queremos encontrar a nuestros hijos. Le pedimos al gobierno que nos ayude, dice Esperanza, cuyo hijo fue desaparecido hace cinco años junto con su primo y un amigo, mientras jugaban futbol en una cancha en Iguala. 

La distancia entre las leyes y la vida de las personas es abismal. La gente vive el abandono de instituciones creadas y financiadas para servir a la sociedad. Cada institución que se crea con normas y presupuesto, se mantiene distante de los problemas de la gente. Ese problema que el presidente señaló como la justicia cotidiana, es la ausencia de instituciones que teniendo la responsabilidad de convertir la ley en acción, permiten que ésta se quede solo en papel; haciendo que lo cotidiano sea la injusticia.

Pero algo es cierto. La organización social está dando una luz de esperanza a esta gente que tiene mucho que enseñarnos a todos, sobre el valor y la tenacidad. Un carácter que en medio de esta tragedia nos recuerda qué somos como pueblo. Antes teníamos miedo, pero ahora ya no, dice Maria Inés.

Así como en el impresionante paisaje de Cerro Gordo, en medio de lo que Miguel llama un cementerio clandestino, crecen flores de manto azul con una belleza espectacular, de estas historias puede florecer la justicia que por tanto tiempo ha sido enterrada.

Fernanda Salazar es politóloga.

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