guerra

“Al fin terminó la pesadilla”, leí en algún lugar el 1 de diciembre de 2012, justo después de que el presidente Felipe Calderón difundió una fotografía en la cual él y su familia caminaban hacia la salida de la residencia oficial de Los Pinos. En ese momento varios creímos que el énfasis en la prevención y reforma policial al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto podría significar un abandono de la política en contra de las organizaciones criminales de Felipe Calderón. Y no porque deseáramos que estas organizaciones siguieran operando, sino porque estas políticas nos habían metido en una espiral de violencia jamás antes vista en el país. Pero el pasado jueves 27 de noviembre me quedó claro que no sólo no terminaba la guerra de Calderón, sino que Enrique Peña Nieto había decidido continuarla. Esta guerra fundamentalmente responsable de lo que sucedió en Iguala y en Tlatlaya.

La “Guerra contra el narcotráfico” no es una invención de Calderón, sino de Richard Nixon, pero sin duda Calderón la hizo más suya que otros presidentes que le precedieron en México. Pero la guerra es diferente en Estados Unidos, porque allá las políticas clásicas son la infiltración selectiva de organizaciones criminales, los arrestos estratégicos, los programas de protección de testigos, y en varias ciudades y estados las políticas preventivas. En México la guerra consiste en arrestar líderes de las organizaciones criminales –para extraditarlos a Estados Unidos-, detener el flujo de drogas hacia el norte por medio de la quema de plantíos ilegales y si es necesario combatir con fuego –y sobre todo con militares- a estas organizaciones. Lo que decidió Calderón fue reaccionar de manera más agresiva contra las organizaciones criminales, y con consecuencias que vivimos hasta nuestros días, que se vivieron en Iguala, en Tlatlaya, la fragmentación de organizaciones criminales.

Antes de continuar, una constante, la debilidad del Estado mexicano: sistema judicial ineficiente, sistema carcelario colapsado, policías en todos los ámbitos sin preparación suficiente, mal pagadas, corruptas en más de una ocasión, procuradurías politizadas, gobiernos fiscalmente ineficaces. Ante esa debilidad se ha usado desde el sexenio de Miguel de la Madrid el último reducto de fuerza del Estado, el Ejército y la Marina. En ese contexto y con esas instituciones se decidió fragmentar de manera agresiva con los llamados “Operativos Conjuntos” a las grandes organizaciones criminales, los famosos carteles, y en el caso de Guerrero el cartel de los Beltrán Leyva. La premisa era sencilla -entendiendo que los carteles son federaciones inestables de organizaciones mafiosas locales alimentadas por el dinero del mercado ilícito de drogas-, fragmentar a las grandes organizaciones en regiones específicas del país para luego erradicar las más pequeñas que surjan de esas operaciones. De la fragmentación de Los Beltrán Leyva en el sexenio de Calderón surgieron entre otras organizaciones los Guerreros Unidos y Los Rojos.

No sólo eso, los operativos fueron la razón principal del aumento acelerado de los homicidios en el país. Michoacán y Guerrero fueron sometidos a varios de ellos. La pulverización de Los Beltrán Leyva y del Cartel del Golfo en la región permitió el surgimiento de otras organizaciones que se disputarían violentamente la protección de mercados ilegales, por ejemplo, La Familia Michoacana y su escisión, los Caballeros Templarios. La guerra en todo el país aumentó los homicidios, las desapariciones, las violaciones de derechos humanos. Pero, aunque momentáneamente se detuvo la política de operativos con Peña Nieto no fue suficiente, los efectos inesperados de la fragmentación continuaron.

En Michoacán las organizaciones confrontadas expandieron sus actividades a la minería ilegal, al control de puertos, a la extorsión de los ciudadanos de los municipios. Sólo era cuestión de tiempo antes que las redes de ciudadanos en Tierra Caliente se activaran ante la inoperancia del gobierno en detener esos delitos. En Guerrero, entidad entrecruzada por una cantidad de problemas políticos y sociales innumerables en varias regiones, los Guerreros Unidos, surgidos de la fragmentación, al igual que los Caballeros Templarios, en pos de obtener mejores redes de protección de sus actividades ilegales, ahora diversificadas por el ahorcamiento del mercado de drogas que representaba coaligarse con los grandes carteles, capturaron los gobiernos municipales. La captura de municipios para ampliar la red de protección de nuevas actividades ilegales en esos estados implicó corromper en el ámbito local a los partidos políticos. Esas capturas las conocía bien Felipe Calderón, michoacano de origen, y por ello mandó a arrestar a presidentes municipales capturados o en complicidad con el crimen. Lo que le falló a Calderón fue precisamente sus instituciones a la mano, la PGR y el poder judicial.

El 18 de junio de 2014 el presidente Peña Nieto inauguró una Base de Operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Sierra de Nanchititla, en el municipio de Luvianos, Estado de México, municipio colindante a Tlatlaya. Esta Base de Operaciones reforzó la presencia militar en el sur del Estado de México, Tierra Caliente, junto con las instalaciones del 102/o Batallón de Infantería, ubicado en San Pedro Ixtapan, Tejupilco, y la Base de Operaciones Mixtas de Amatepec. De hecho, las instalaciones del 102/o Batallón fueron inauguradas el 13 de mayo de 2011 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El secretario de la defensa nacional, el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda conoció a Enrique Peña Nieto cuando el primero era comandante de la primera región militar, que comprendía el Estado de México, y el segundo gobernador del Estado de México. El proyecto de ese batallón posiblemente pasó por el escritorio del hoy secretario de la defensa nacional. El fin del Batallón era acercar al Ejército a Tierra Caliente, donde operaban Los Zetas y La Familia Michoacana. El 29 de junio de 2014 militares adscritos al 102/o Batallón de Infantería –del cual dependen las mencionadas bases de operaciones- ejecutaron extrajudicialmente a 22 personas según la CNDH. La política de militarización, no sólo en operativos, también en nuevas instalaciones militares, ya cobró víctimas.

Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto tienen responsabilidad de lo sucedido en Iguala y en Tlatlaya por dos factores, por lo que se dejó de hacer –fortalecer capacidades institucionales en materia de justicia y desarrollo- y por lo que se hizo mal –políticas de fragmentación y militarización agresiva contra organizaciones criminales-. Se podría decir que la agenda de Calderón –ahora retomada por Peña Nieto- precisamente fortalecía capacidades y combatía a las organizaciones criminales para cumplir el estado de derecho. El problema es que lo hizo mal, con el enfoque equivocado y las consecuencias siguen afectando al país hasta el día de hoy. Nadie podría quejarse de la reforma del sistema penal, el inicio de las políticas de prevención de la violencia, o la intención de mejorar la coordinación, reformas las policías y evitar la infiltración de las organizaciones criminales en la política. El problema es que se ha hecho con las políticas equivocadas, o mal implementadas, o incluso sin implementarse. Son los efectos no esperados –quisiera pensar que son no esperados- de la política de la guerra contra el narcotráfico que Estados Unidos nos ha presionado a realizar. Y en más de una ocasión, ahora con Peña Nieto, las políticas más evidentes –reformas policiales, de fiscalías, inteligencia financiera-, con experiencias probadas en otros países, son abandonadas en favor de políticas reactivas, como por ejemplo eliminar a las policías locales.

Los gobiernos de Calderón y Peña Nieto tienen responsabilidad en la crisis actual porque sus políticas reactivas nos metieron en esta espiral de violencia. Estos gobiernos han aceptado el régimen internacional de prohibición de drogas, y lo peor, se ha hecho una fragmentación tan agresiva de organizaciones criminales que la sola eliminación del régimen de prohibición de drogas no nos alcanzaría para detener el problema porque éstas se han diversificado de la misma manera agresiva hacia nuevas actividades ilícitas lucrativas. El horror que viven todos los ciudadanos en el país con el aumento de la extorsión o el secuestro. Peña Nieto decidió seguir las políticas de Calderón al anunciar nuevos operativos conjuntos –en especial en Tierra Caliente-, y ha declinado buscar alternativas de fortalecimiento institucional o de cambios de políticas. La guerra del gobierno federal tiene la anuencia del PAN y el PRD, de todos los gobernadores y del congreso. Espero que #TodosSomosAyotzinapa no termine como tragedia con la perpetuación de la guerra, sino que termine con un triunfo, su fin.

Raúl Zepeda Gil es estudiante de la maestría en ciencia política por El Colegio de México; actualmente trabaja en su tesis de maestría sobre las políticas de seguridad anti narcóticos en la región de Tierra Caliente.

 

Te recomendamos: