TELETON

Ya llegó el Teletón 2014. Como sucede desde 1997, la gran empresa de medios Televisa, a través de la Fundación Teletón, llama a la solidaridad de los mexicanos con el fin de recaudar la mayor cantidad posible de dinero para apoyar a las personas con discapacidad que no cuentan con los medios económicos para solventar las atenciones médicas y/o psicológicas que requieren.

Es ya una costumbre utilizar esta campaña para hacer gala de capacidad analítica. Hay quien se queja, con poco fundamento, de la mala calidad de la atención brindada en los Centros de Rehabilitación Infantil Teletón (los connotados CRITs). Pese a que en mi familia no hay personas con discapacidad, he visitado un par de estos centros por diversas circunstancias, y me consta que la calidad y la diversidad de atenciones que en ellos se ofrece, así como las instalaciones que para tal fin han sido dispuestas, son satisfactorias e incluso, excelentes.

Hay también quien afirma que la atención a las personas con discapacidad se ha convertido en un monopolio privado, en una argucia mediática para deducir impuestos y en un fenómeno perverso que denota la renuncia del Estado a cumplir con sus obligaciones. En eso hay algo de verdad. Es discutible que haya algo perverso en la deducibilidad de impuestos, si con ello se garantiza que cierta parte de las contribuciones de las empresas se dediquen a una causa noble. El problema de fondo yace en el hecho mismo de hacer de la atención a las personas con discapacidad eso: una causa.

Las causas a menudo surgen ahí donde las relaciones sociales se han disuelto o no se han agrupado de forma tal que los problemas encuentren una solución satisfactoria mediante la acción colectiva institucionalizada, constante y regulada jurídicamente. No obstante, lo que llama la atención de la causa del Teletón es que no es un producto de la anomia, del descuido o de la falta de capacidades institucionales. El asistencialismo –privado— que nutre esta campaña nace de la debilidad que tiene en nuestra sociedad la relación básica entre derechos y obligaciones.

Diríase, con toda razón, que el correlato del derecho ciudadano es una obligación estatal. De hecho, es difícil pensar en otra dicotomía que describa mejor la raison de être del Estado. Por ello, una de las críticas mejor fundamentadas en torno al Teletón es que la caridad no debe suplantar la obligación que tiene el Estado con todas y cada una de las personas, toda vez que un derecho no puede existir si alguien no está obligado a hacerlo valer. Aún si la asistencia brindada de forma privada compitiese con la atención pública en alcance, calidad o resultados, la consecuencia sería la misma. El daño es mayor si esta suplantación no cubre la demanda de servicios y, peor aún, si se canalizan recursos públicos a un operador privado, como sucede con el Teletón.

Ya en otros espacios de opinión se ha tocado el tema del mal uso que algunos gobiernos estatales están haciendo de los recursos públicos al no sólo donar, sino destinar partidas presupuestarias al Teletón. El debate en torno a este problema se robusteció a raíz de la recomendación que hiciera el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (CRPD por sus siglas en inglés) al Estado mexicano el 3 de octubre de este año. En el texto publicado por dicho comité (descargable aquí) se lee, en la observación número 17, una preocupación que se divide en dos temas: por un lado, que buena parte de los recursos públicos destinados a la atención de personas con discapacidad sean administrados por una entidad privada (Fundación Teletón); por otro lado, que la campaña per se “promueve estereotipos de las personas con discapacidad como sujetos de caridad”.

El debate y las opiniones vertidas en torno a este tema se han concentrado, precisamente, en la primera mitad de esta observación, dejando en la mayoría de los casos como mera mención la representación de las personas con discapacidad como un grupo indefenso en perenne necesidad de socorro. Ciertamente, para fines prácticos y de política pública, es más fructífero concentrarse en el tema del uso de recursos públicos; no obstante, la médula del problema yace precisamente en el segundo tema.  

La lógica implícita en el debate público es que la “teletonización” de la atención de las personas con discapacidad puede causar la destrucción del vínculo derecho-obligación. Creo que es adecuado afirmar que es exactamente lo opuesto. El Teletón –y el estereotipo de las personas con discapacidad que promueve— es tan sólo un síntoma más de un fenómeno de descomposición social que ha minado los lazos de solidaridad entre distintos grupos sociales, y cuyas manifestaciones son visibles a varias escalas, siendo su consecuencia última la disolución de derechos/obligaciones.

Este fenómeno de descomposición se origina en los esfuerzos de las “elites” mexicanas por mantener un statu quo que les ha permitido reafirmarse no solamente en términos económicos, sino también, y principalmente, en términos sociales. Una de las formas más sutiles y a la vez más dañinas de mantener este estado de cosas es mediante la difusión de un discurso de la impotencia, el cual aniquila en el imaginario colectivo la agencia de aquellos grupos que no forman parte de la elite. Este discurso tiene una función dual: por un lado, reafirma la idea de que hay quienes son totalmente incapaces de sostenerse o brindarse atención por sí mismos y que, por ello, es necesario asistirlos, darles limosna. Este discurso, al ser interiorizado por los grupos sociales en desventaja, se convierte en la forma más barata y delicada de reducir el número de personas y familias que competirán por hacerse de recursos para llevar vidas dignas. Si la mitad de la población que se encuentra en situación de pobreza en México, por ejemplo, se asume como impotente, poco hará por salir de dicha condición. Por el contrario, y como acertadamente señalara Oscar Lewis en su célebre obra La cultura de la pobreza, lo pobres viven al día sin la expectativa o esperanza que su situación va a cambiar. Claramente, esta cultura es totalmente funcional para las elites. Por otro lado, este discurso posiciona a las elites como sujetos moralmente superiores. Vaya: ¿quién podría objetar moralmente el deseo de ayudar a quien lo necesita? Nadie con un modesto asomo de humanidad.

Georg Simmel, un sociólogo y filósofo alemán de principios del siglo XX, decía que la asistencia a los pobres tenía la función de proporcionarles lo suficiente para evitar manifestaciones extremas de este fenómeno que pudieran amenazar la lógica del sistema, pero no tanto como para remediar su condición –como lo exige un derecho. Ese es, finalmente, el peligro más grande de convertir un derecho en una caridad.

No se equivoque el lector: no pretendo establecer un paralelismo entre pobreza y discapacidad, aun cuando son condiciones que desgraciadamente se refuerzan mutuamente. Mi punto es que, precisamente, el Teletón y su constante reproducción de estereotipos de invalidez, incapacidad, e impotencia es, al mismo tiempo, una declaración de clase y una forma más de impostar en la sociedad mexicana la idea de que hay dos clases de personas, los que pueden y los que no, y que los primeros no tienen deber alguno con los segundos. Si no hay derechos, no hay obligaciones.

Antonio Villalpando Acuña es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM.

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