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En la escena crucial de Zero Dark Thirty (Bigelow, 2012), el detenido, después de días —¿semanas, meses?— de tratamiento inhumano, en los que es encerrado en cajas, paseado como perro, y sometido a ahogamiento simulado, les proporciona datos, nombres, lugares y fechas a sus torturadores. La información resulta determinante para la planeación de la operación Gerónimo, que culmina con el asesinato del jeque Osama Bin Laden.

No es casualidad que Bigelow contara así la historia. Ésa era la versión oficial: aquella en la que la tortura de prisioneros había resultado en la eliminación del principal enemigo de Estados Unidos, había prevenido ataques terroristas, y había salvado cientos de vidas estadunidenses. 

Y, sin embargo, todo fue una mentira. Así lo deja ver el Estudio sobre el programa de detención e interrogación de la Agencia Central de Inteligencia dado a conocer el pasado martes por el Subcomité de Inteligencia del Senado estadunidense. 

De 525 páginas, el documento desclasificado es sólo un resumen ejecutivo del estudio. Producto de cinco años de investigación, el subcomité reconstruyó, a partir de memoranda y demás documentos internos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) el proceso mediante el que se implementaron las llamadas técnicas aumentadas de interrogación (enhanced interrogation techniques, en inglés), aprobadas por una acción ejecutiva del entonces presidente George W. Bush después de los ataques del 11 de septiembre. 

La información revelada es escandalosa. En primer lugar: los detalles sobre las “técnicas” y su aplicación a prisioneros. Privación de sueño —en algunos casos, hasta 180 horas continuas—, encadenamiento, golpes. También alimentación forzada (vía rectal), y ahogamiento simulado (el llamado waterboarding). Confinamiento en lugares pequeños; amenazas. Un prisionero murió de hipotermia al permanecer encadenado al suelo en un cuarto; a otro, se le obligó a estar parado sin importar que tuviera un pie roto. 

Más allá de la evidente crueldad de estos procedimientos, el reporte subraya errores fundamentales de su implementación —y que hacen que su uso sea aún más indignante. En primer lugar —y digo en primer lugar porque es la primera conclusión de la investigación— es que se comprobó que los procedimientos de tortura no demostraron ser útiles para obtener inteligencia. La narrativa oficial sobre la que descansaban los excesos de la Guerra contra el terror es refutada. 

El reporte concluye que toda la información que llevó, por ejemplo, al asesinato de Bin Laden se obtuvo por medios distintos al uso de las técnicas aumentadas. En algunos casos incluso la obstaculizaron —la CIA, por ejemplo, torturó a dos informantes suyos, sin siquiera saber que se trataba de informantes. La tortura, además de ser en sí algo reprobable, no sirve para obtener información, precisamente porque quien la sufre estará dispuesto a decir lo que sea con tal de que el horror por el que pasa termine.  

Pero quizá lo más interesante de la investigación sea lo que nos dice sobre las instituciones estadunidenses. Durante años, la CIA pudo poner en marcha un programa en el que colaboraba con 54 países para detener arbitraria y extrajudicialmente a sospechosos. Hasta ahora se conoce, por ejemplo, que la Agencia operaba centros de detención —también llamados black sites— en por lo menos seis países: Lituania, Polonia, Rumanía, Afganistán, Tailandia y Cuba —en algunos casos, sin que los embajadores estadunidenses supieran de su existencia. 

Durante más de una década, la discrecionalidad con la que contó la CIA permitió que datos tan elementales como la cantidad de detenidos que tenía fueran desconocidos incluso por el comité legislativo que vigila sus actividades. Durante años declaró que el total de prisioneros era 98; resultaron ser 119. La cifra de detenidos por error ascendió de cinco a 26. Aquellos prisioneros torturados no fueron, como se había reportado, 30: fueron 38. 

El estado de guerra perpetuo que sucedió al 11 de septiembre permitió que a la Agencia se le dieran recursos para implementar un programa para el que no tenía capacidad operativa ni elementos. El diseño de técnicas aumentadas fue elaborado por dos sicólogos, particulares y externos, a los que se les concesionó. Cobraron 80 millones de dólares provenientes de recursos públicos. 

El punto más álgido de la investigación llegó cuando la CIA admitió haber espiado a los senadores que los estaban investigando. Ya sea accediendo directamente a sus computadoras, o eliminando archivos en poder del Senado, la CIA intentó hasta el último momento interferir en la elaboración del reporte. Algo verdaderamente inaudito —y que no tuvo consecuencias. 

Dos días después de que se presentara el reporte, John Brennan, actual director de la CIA, ofreció una atípica conferencia de prensa. En ella, admitió que miembros de la Agencia habían practicado técnicas “que no habían sido autorizadas, eran aborrecibles y deberían ser repudiadas por todos”; en entrevista con Jorge Ramos, Barack Obama dijo que “se habían cometido errores terribles”. Dick Cheney, vicepresidente durante el gobierno de George W. Bush, declaró: “El reporte está lleno de mierda”. 

Por más grande que sea el escándalo estadunidense, y graves sus implicaciones, no está de más recordar que México es un país en donde la tortura es algo de todos los días. Mientras que en Estados Unidos se trató de una política de Estado, aprobada por el presidente y llevada al extremo por una Agencia sin supervisión, la fabricación de culpables y la violación de Derechos Humanos en México es de una cotidianeidad espeluznante

Acaso habría que comenzar por una investigación similar. 

Juan Pablo García Moreno

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