democracia

Martí Batres, presidente de Morena, anunció hace unos días que las candidaturas para las diputaciones plurinominales serán sorteadas entre los militantes de ese partido político. Poco después se corrigió y moderó su inicial entusiasmo, pues señaló que un porcentaje de dichos candidatos sería seleccionado por “encuestas y consensos”, algunos designados entre “externos” al partido y tres o cuatro de cada diez mediante un sorteo, en el que sólo participarán los tres mil “mejores” elegidos por la militancia. La reacción en las redes sociales no se dejó esperar. No faltó el que considerara que la “tómbola” electoral haría ver las candidaturas como un premio y no como un compromiso (algo que, permítaseme decir, también puede suceder cuando el candidato es seleccionado mediante métodos más usuales), ni tampoco el defensor que descalificaba cualquier comentario crítico con el argumento de que los opositores de esa propuesta favorecen un “gobierno de los mejores”.

Según Batres, el procedimiento propuesto es “innovador” y busca la imparcialidad, para que cualquiera, un obrero o un empresario, un joven o un anciano, puedan competir por la representación parlamentaria.

Sin duda, sería un método por completo imparcial, salvo por la elección previa para tener a los “mejores” tres mil; pero ni de lejos es innovador. Por el contrario, se trata de una de las formas más tradicionales de seleccionar representantes. Para no remitirnos a la antigüedad clásica, baste señalar que en las repúblicas oligárquicas europeas de la Edad Moderna todavía era usado, lo mismo que en Nueva España, en donde era uno de los métodos más recurridos para garantizar la imparcialidad en las corporaciones. Otros procedimientos como la alternativa y el consenso tenían objetivos semejantes. El primero era un método que obligaba que los cargos de dirigencia se turnaran entre los miembros de los distintos “partidos” de cada corporación. En los consulados de comercio, por ejemplo, los del grupo vasco ocuparían esos cargos y posteriormente los del montañés. En algunos conventos, las máximas autoridades eran en un primer periodo españoles peninsulares, en el siguiente españoles americanos (criollos) y después se volvería a empezar. El consenso era muy empleado en las repúblicas de indios. A mano alzada se designaban los “oficiales de república”, con lo que se garantizaba la unanimidad (si alguien se oponía, por lo general se abstenía de participar o se unía a la mayoría para evitar ser marginado). Para la lógica corporativa lo más importante era el “bien común”, que se alcanzaba mediante la imparcialidad y la unanimidad. En cambio, la elección era poco apreciada, pues no garantiza esos valores.

La primera vez que los habitantes de este país enviaron representantes a un cuerpo legislativo sucedió una cosa semejante. Los ayuntamientos (sólo los regidores y alcaldes) designaron a los tres “mejores”, que se sortearon para mandar un vocal a la Junta Central de España  en 1809 y en 1810 para enviar diputados a las Cortes Constituyentes reunidas en Cádiz. En aquella época, se aseguraba que el sorteo dejaría la elección en manos de la “divina providencia”.

Este último punto me interesa. La elección final se dejaba en manos de una entidad superior, divina. Los habitantes de Nueva España no elegían. La razón es simple: para integrar las Cortes era importante tener representantes de los dominios americanos, pero éstos no eran soberanos, de modo que no importaba la voluntad de sus habitantes. La mejor elección la haría la providencia y se mantenía la imparcialidad, tan importante para el orden corporativo. Tiempo después, la Constitución liberal de 1812 sancionaría que “la soberanía reside esencialmente en la nación” la cual estaba conformada por “todos los españoles de ambos hemisferios”. Por ello, los cargos de representación ya no podrían hacerse mediante sorteos ni por otros métodos que no fueran la elección, es decir, la manifestación de la voluntad soberana de los ciudadanos.

Durante el siglo XIX, hubo todavía algún intento por restablecer las formas tradicionales de representación. Sin embargo, el sufragio terminó imponiéndose: el voto es la voluntad del pueblo soberano (es el krátos del demos); el sorteo, no.

Desde este punto de vista, los candidatos de Morena seleccionados mediante sorteo serán sin duda muy representativos de los militantes, pero no serán expresión de su voluntad. Esto no es mayor problema, pues sólo serán candidatos, es decir, que tendrán que participar en una elección nacional, pero no deja de llamar la atención la lógica tradicional y nada innovadora que hay en la propuesta. Se trata de una lógica corporativa, en la que la unanimidad juega un papel relevante. Es inútil que se pida a los militantes que expresen su voluntad, pues su objetivo es conocido desde antes y compartido por todos, de modo que cualquiera puede cumplir el encargo de representar. Se trata de la misma unanimidad que los dirigentes, en especial Andrés Manuel López Obrador, exigen cuando a mano alzada, en los mítines, toman decisiones por consenso.

Hay, sin embargo, otra razón para que a lo largo del siglo XIX triunfara el voto sobre otras formas de representación. La elección impide que cualquier persona pueda ocupar una posición representativa. En efecto, las votaciones funcionaban como filtros sociales. Únicamente aquellos con recursos económicos para hacer campañas o comprar voluntades, los mejores oradores o los más “notables” vecinos tenían posibilidades reales de ser electos. De ahí que durante mucho tiempo la elección de diputados fuera en varios grados (ciudadanos que votaban por electores, quienes a su vez votaban por otros, que finalmente lo hacían por los diputados) o únicamente se permitiera la participación de los más “capacitados” (alfabetizados o, en los casos más extremos, los propietarios o los que tuvieran un ingreso económico señalado por la ley). La democracia representativa sería una aristocracia democrática, un oxímoron, el gobierno de los mejores seleccionados por el pueblo.

Desde este punto de vista, la propuesta de Martí Batres pretende recuperar el derecho que cualquiera tiene de ocupar esos puestos, no sólo los que tienen recursos, amigos en los medios de comunicación o maquinarias políticas a su disposición. Está claro que la designación por “dedazo” o incluso por elección entre los militantes no garantiza que las candidaturas sean ocupadas por personas honestas y comprometidas con el país. ¿El sorteo lo hace? La respuesta no es simple. Para muchos es un “no” rotundo; pero otros podrían asegurar que si todos o casi todos los militantes son honestos, hay muchas posibilidades de que el resultado sea bueno. Claro que con este último argumento, la elección también tendría buen resultado.

Lo más importante, me parece, es que esta propuesta pone sobre la mesa temas relevantes de la representación política que merecerían más discusión, desde si los representantes tienen o no mandato (¿pueden tomar decisiones que razonablemente consideren benéficas para el país aunque se opongan a la voluntad de sus comitentes?) hasta el papel de los partidos, por no hablar de aspectos más acuciantes, como encontrar la manera de evitar que criminales sean postulados y, tal como hemos visto en algunos casos, electos.

 

Alfredo Ávila
Historiador. Entre sus publicaciones se cuentan En nombre de la nación. La formación del gobierno representativo en México y, con Alicia Salmerón, Partidos, facciones y otras calamidades.

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