corrup

El caso de Hilario Ramírez, el alcalde nayarita que admitió en plena campaña electoral haber robado del erario (“poquito”, “nomás una rasuradita”), es más que una simple muestra de desvergüenza. Deberíamos tomarlo en serio, pues puede ayudarnos a entender mejor por qué los políticos corruptos suelen ser “perdonados” en las urnas.

Layín” —como también se le conoce— fue alcalde del municipio de San Blas de 2008 a 2011 por el PAN. En 2014 buscó y obtuvo de nueva cuenta la alcaldía, esta vez como candidato independiente. Fue en esa campaña, buscando su reelección, cuando realizó las declaraciones que lo volvieron célebre, explicando que “lo que con una mano robaba, con la otra lo daba a los pobres” y que de haberse llevado 150 millones de pesos, como lo acusaba la oposición,  ese dinero “lo hubiera hecho de pura obra”.

Ramírez es conocido, además, por haber celebrado su triunfo en 2008 montado en un caballo valuado en más de dos millones de pesos así como por regalar automóviles último modelo a los sanblasenses durante su primera gestión en el ayuntamiento. Durante lo que va de su segundo mandato  ha sido noticia el “bolo” de 50 mil pesos que repartió entre los niños durante el encendido del pino navideño en diciembre y la obtención del premio al “Mejor alcalde del año” de la Global Quality Foundation, organización con sede en Dubai.

Una frecuente paradoja

“Layín” no está solo. La paradoja de que la corrupción sea impopular y los políticos corruptos sean populares está ampliamente documentada. Contrario a lo que cabría suponer —que cuando el ciudadano dispone de información suficiente castiga a los corruptos o a sus partidos por medio de su voto— la evidencia señala que la corrupción política tiene consecuencias electorales muy modestas. Incluso en contextos donde se cuenta con instituciones fuertes y existe información suficiente para discernir quién es honrado y quién no, la corrupción rara vez es castigada de forma severa en las urnas.

En Estados Unidos, los congresistas envueltos en escándalos de corrupción sólo pierden entre cinco y 10 por ciento de su apoyo electoral; en el Reino Unido, esta pérdida de votos es aún menor, de alrededor de 1.5 puntos porcentuales. En Italia, la probabilidad de que un legislador sea reelecto es prácticamente la misma si está o no vinculado a hechos de corrupción, y en Japón, donde más de la mitad de los legisladores acusados o condenados por corrupción desde 1943 han sido reelectos, algunos incluso han aumentado su votación tras los escándalos. Por último, se estima que en Brasil los alcaldes sujetos a auditorías por un cuestionable manejo de fondos públicos ven reducidas sus posibilidades de reelección apenas en un 10 por ciento.[1]

Hipótesis para explicar el perdón: cinismo, ruido e intercambios

¿Por qué ocurre esto? En una investigación de 2012,[2] los académicos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Jordi Muñoz, Eva Anduiza y Aina Gallego ponen a prueba tres hipótesis para explicarlo.

La primera hipótesis es la del “cinismo”, que sugiere que los votantes asumen que todos los políticos se comportarán de manera corrupta. Por dicha razón, pese a que la corrupción sea considerada como algo reprobable por la ciudadanía, no será un motivo para cambiar el sentido del voto.

La segunda hipótesis es la del “ruido”, que tiene que ver con la recepción que los votantes hacen de las acusaciones de corrupción. En contextos de gran polarización política, los escándalos de corrupción pueden ser considerados como parte de una estrategia política con el único fin de difamar a los rivales, lo que restaría crédito a las acusaciones y limitaría sus consecuencias electorales. Los partidos políticos, sobra decirlo, son quienes suelen generar el “ruido” en torno a las acusaciones, calificándolas como “falsas de toda falsedad”.[3]

Por su parte, la tercera hipótesis propone la existencia de un mecanismo de “intercambio implícito”, mediante el cual los votantes pueden considerar que el bienestar generado por un político corrupto compensa los costos de su comportamiento ilegal, lo que volvería tolerable la corrupción. El lema acuñado para la campaña de un político brasileño de mediados de siglo pasado, Ademar Pereira de Barros, lo resume bien: “Ademar rouba mas faz”: roba pero hace las cosas. O, en nuestro caso, roba poquito pero hace obra pública —y regala automóviles.

Los investigadores de la UAB llevaron a cabo un experimento en el que realizaron cuestionarios a más de 1000 personas que mostraban cercanía hacia un partido político. Como resultado, encontraron que el “intercambio implícito” es el mecanismo más relevante para explicar los limitados efectos electorales de la corrupción. Creo que esta hipótesis es también la que más puede contribuir a explicar el éxito del “amigo Layín”.

Para ilustrar mejor el funcionamiento de este “mecanismo de perdón” vale la pena mirar a España, un país en el que los ciudadanos desaprueban mayoritariamente la corrupción pero donde los políticos corruptos suelen ganar elecciones: de acuerdo con una investigación de la Fundación Alternativas, 70 por ciento de los alcaldes envueltos en algún tipo de escándalo de corrupción entre 2003 y 2007 fueron reelectos.[4]

En un estudio de más de 70 casos de corrupción en municipios españoles durante el periodo 2007-2011 (todos ellos objeto de una amplia cobertura mediática), los politólogos Gonzalo Rivero, Pablo Fernández-Vázquez y Pablo Barberá[5] encontraron que el castigo hacia los políticos corruptos era, en general, muy pequeño (de 1.8%, frente al desempeño de alcaldes honestos). No obstante, dentro de este resultado encontraron una heterogeneidad muy sugerente: en los casos en que la corrupción ocasionó una pérdida de bienestar para la población como, por ejemplo, a través de la malversación de fondos, la extorsión o el fraude, la pérdida de votos del alcalde corrupto se duplicó (4.2%). Por el contrario, en los casos en que la corrupción produjo ganancias no sólo al alcalde y su grupo, sino a un segmento más amplio de la población, la penalización prácticamente no existió.

Un caso emblemático de este segundo tipo de corrupción, aparentemente tolerable para el votante español, es el otorgamiento de permisos irregulares de construcción en zonas protegidas (algo habitual en la España de la burbuja inmobiliaria anterior a la crisis). Las “externalidades positivas” de esta práctica iban desde el aumento de las oportunidades de empleo en actividades relacionadas con la construcción (especialmente para mano de obra no cualificada), hasta el aumento de la demanda de bienes y servicios locales, pasando por el crecimiento de la recaudación municipal, que a su vez redundó en una disminución en los impuestos y una mayor inversión pública en infraestructura.

Es decir, que cuando el ciudadano considera que la corrupción le genera beneficios (aunque sea sólo en el corto plazo), es probable que perdone al político corrupto en las elecciones, aunque sepa de sus fechorías y le parezcan reprobables. A una conclusión similar llegaron los profesores Rikhil Bhavnani y Luke Condra al realizar un estudio sobre el mismo fenómeno en Afganistán: los votantes penalizan la corrupción cuando tienen conocimiento de ella, pero siempre que los costos de votar por un político corrupto sean mayores que los beneficios que cabría esperar en caso de hacerlo.[6]

Algunas implicaciones

La importancia de los mecanismos de intercambio a la hora de explicar las consecuencias electorales de la corrupción tiene al menos dos serias implicaciones: en primer lugar, que el éxito de políticos como Ramírez no es una muestra del surrealismo mexicano, ni resultado de una predisposición genética a la transa o, mucho menos, producto de la ignorancia o la necedad popular. Por el contrario, bien podría responder a una cruda racionalidad por parte del votante. Una racionalidad posiblemente miope o egoísta, pero que no va a desaparecer a fuerza de ignorarla.

En segundo lugar, que si la falta de información no es la principal razón por la que la ciudadanía no castiga a los políticos corruptos en las urnas,[7] la mayor transparencia tampoco será una solución mágica para que las elecciones realmente sirvan para “echar a los bribones”. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Y eso tampoco es un asunto menor.

César Morales Oyarvide es politólogo.


[1] Con información de Gonzalo Rivero, Pablo Fernández-Vázquez y Pablo Barberá, “Rooting out corruption or rooting for corruption? The heterogeneous electoral consequences of scandals”, disponible aquí.
[2] “Why voters forgive corrupt politicians? Cynicism, noise and implicit exchange”, disponible aquí.
[3] En esta hipótesis juega un papel fundamental la fortaleza o estabilidad de las identidades partidistas, que incentivan al simpatizante del político acusado de corrupción a “hacerse de la vista gorda”.
[4] Las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal 2003-2007”, disponible aquí.
[5] Rivero, Fernández-Vázquez y Barberá, op. cit.
[6] “Why people vote for corrupt politicians: evidence from survey experiments in Afghanistan”, disponible aquí.
[7] Como parte de su trabajo, Bhavnani y Condra entrevistaron a un conjunto de periodistas afganos, a quienes preguntaron la principal razón por la que creían que los votantes toleraban la corrupción en dicho país. Sus resultados son muy ilustrativos: sólo 12.7% lo vinculó a la falta de información, mientras que 36% respondió que era debido a la expectativa de obtener beneficios materiales.

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