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Actualización: el IFAI votó por unanimidad que SEDENA dé a conocer los registros de la actividad militar en Iguala el 26 de septiembre.

El cinco de febrero de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información discutió por primera vez el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, a través de un recurso de revisión. El recurso se dio ya que la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) negó una solicitud de información respecto a dos peticiones: 1) Registros fotográficos y escritos de la intervención del ejército durante los eventos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero y 2) Bitácoras de acción del ejército durante esa noche. A continuación, por parecernos relevante, reproducimos el texto leído en la sesión por el comisionado Joel Salas.

RDA 5366/14 vs SEDENA sobre los 43 estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero

Propongo discutir el recurso RDA 5366/14. Su relevancia para discutirlo en público es evidente y corresponde a la segunda y la cuarta perspectivas acordadas por este Pleno: ii) Exponer públicamente casos en función de su importancia y utilidad con respecto a los derechos de las personas y iv) Expandir y extender el derecho de acceso a la información pública y de la transparencia.

Como expuso el Coordinador, el recurso presentado contra la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se refiere a la información, cito: “de los hechos que llevaron a la desaparición de los normalistas” el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero.

Éste es el primer recurso de revisión que se discute públicamente en el IFAI respecto al acontecimiento. Desde los sucesos de Ayotzinapa y hasta ayer 4 de febrero, el sistema Infomex tiene registro de 93 solicitudes de información relacionadas directamente con el caso. Más de la mitad de dichas solicitudes (el 68%) han sido realizadas a la SEDENA, Presidencia, Secretaría de Gobernación (SEGOB) y a la Procuraduría General de la República (PGR). Seis de éstas ya han derivado en recursos de revisión, como el que hoy nos ocupa.

Estos medios de impugnación se resolverán con sensibilidad a las demandas ciudadanas y todos los recursos disponibles para garantizar el derecho de acceso a la información.

Dada la trascendencia de los desafortunados hechos, me permito dar un contexto a partir de versiones aparecidas en medios de comunicación, misma que no tiene fines probatorios en el proyecto:1

  • La noche del 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero. Lo que era un intento de conseguir autobuses para transportar estudiantes a la Ciudad de México y participar en las marchas del 2 de octubre, devino en uno de los peores casos de violencia cometidos por el crimen organizado con la anuencia y ayuda de autoridades municipales. Los estudiantes fueron atacados, secuestrados y masacrados por miembros del cártel Guerreros Unidos, con la colaboración de la policía municipal de Iguala y Cocula.
  • Según testimonios de jóvenes sobrevivientes, policías municipales de Iguala bloquearon las salidas que tomarían los autobuses en que viajaban, los detuvieron violentamente y cuando quisieron huir, los persiguieron y les dispararon a discreción. Al lugar llegaron medios de comunicación y algunos alcanzaron a dar declaraciones. Más tarde llegaron policías de Cocula para “apoyar” a los de Iguala y continuaron la balacera, los estudiantes se dispersaron y nuevamente fueron perseguidos por los policías municipales, quienes detuvieron a algunos más y los entregaron a “Guerreros Unidos”.
  • Unos cuantos alumnos de la Normal escaparon de los autobuses para pedir ayuda. Cinco de ellos acudieron al Hospital Cristina de Iguala, donde el personal les negó la ayuda e informó a los militares del 27 Batallón de Infantería. Los militares acudieron al hospital, revisaron a los jóvenes, anotaron sus datos y les tomaron fotografías, para finalmente irse sin realizar alguna otra acción. Estos hechos están documentados por diversos medios (entre los que destaca la entrevista concedida por el Secretario de Gobernación al programa Atando Cabos el día 16 de enero de 2015).2 Los otros estudiantes fueron presuntamente detenidos por la policía municipal tanto de Iguala como de Cocula corriendo la suerte ya descrita.
  • De acuerdo con el informe final de la PGR sobre el caso, publicado el pasado 27 de enero, el móvil del asesinato fue que se les confundió con miembros del cártel antagónico denominado “los Rojos”. La Procuraduría indica que los normalistas fueron interceptados por policías municipales y entregados a miembros de “Guerreros Unidos”, quienes los secuestraron, asesinaron, incineraron y arrojaron sus restos a un río.
  • En dicho informe, la PGR señaló que los elementos de la averiguación son suficientes para dar el caso por concluido. Reconoció que aún falta detener a algunos responsables y argumentó que no existe evidencia de que el Ejército mexicano haya colaborado en la desaparición de los estudiantes. Sin embargo, los padres de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional (entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch), rechazan el cierre del caso hasta que haya pruebas científicas y jurídicas concluyentes.3
  • Desde el suceso, las demandas de los familiares de las víctimas se han generalizado en diversos grupos y se han realizado manifestaciones masivas en todo México con eco en otros países.
  • El pasado 3 de diciembre los familiares de los estudiantes exigieron el respeto a sus derechos humanos ante la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dos meses después, este 3 de febrero, los padres de familia acudieron al Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas para denunciar la existencia de una crisis humanitaria que el gobierno no ha reconocido y que es evidencia de implicación e impunidad de las autoridades, señalamientos con los que la ONU coincide.1

Hasta aquí el recuento del contexto. En el recurso que nos ocupa, como ya dijo el Coordinador, el particular requirió a la SEDENA: fotografías y registros tomados a los normalistas por el ejército mexicano, así como la bitácora y los informes con los que cuente relacionados al suceso.

La SEDENA se declaró incompetente para conocer de la información requerida y orientó al particular a consultar a PGR y SEGOB. Tal respuesta motivó la inconformidad del particular ante este Instituto.

De acuerdo con el análisis de esta ponencia, el agravio resulta fundado porque:

  1. En cuanto a las fotografías y registros, existen indicios sobre la presencia de elementos del ejército mexicano para tomar conocimiento de los hechos en el Hospital Cristina. El tercer Informe de actividades del grupo de trabajo plural del Senado para el seguimiento de las investigaciones indica que dentro de las actividades realizadas por la PGR, se encuentra el haber recabado declaraciones de testigos sobre la presencia del ejército mexicano. Además, en cumplimiento al Reglamento General de Mandos Territoriales, Guarniciones Militares y Servicio Militar de Plaza, los militares deben rendir parte diariamente de las novedades de su jurisdicción o inmediatamente cuando así se amerite. De ello, se deriva que la SEDENA sí podría atender la solicitud de fotografías y registros tomados a los jóvenes normalistas.
  2. En cuanto a la bitácora e informes, es necesario aclarar que la solicitud no se limita al día de los hechos, sino a toda la documentación relacionada con el trágico suceso que pudiera tener la SEDENA. Esta ponencia realizó una búsqueda de información pública generada por la PGR donde se informa que dicha Secretaría ha participado en reuniones y grupos de trabajo en coordinación con otros sujetos obligados y que colaboró en la búsqueda de los desaparecidos. Asimismo, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las investigaciones del caso, acordó requerir información al Ejército y agendar reuniones de trabajo para aclarar la presunta omisión del 27 Batallón cometida el 26 y 27 de septiembre. En cumplimiento al Reglamento ya mencionado, la SEDENA debería documentar lo anterior y, por tanto, sí podría conocer de la bitácora e informes.

El análisis de la ponencia también incluye los siguientes razonamientos sobre la imposibilidad de reservar la información y el cuidado de datos personales:

La información solicitada podría formar parte de una averiguación previa en curso y contener datos que vulneren la actuación del Ministerio Público Federal.5 Sin embargo, existe un interés público que es superior a la reserva de la información dado que las víctimas sufrieron violaciones graves a derechos humanos, como lo determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por tanto, la SEDENA no podría clasificar esta información como reservada.  Lo anterior, debe ser sin perjuicio de la protección de aquellos datos personales que pudieran obrar en la documentación y que no han sido publicados por las autoridades investigadoras.

Compañeros del Pleno, concluido el análisis jurisdiccional, me permito hacer la siguiente reflexión:

Ningún hecho violento ocurre sin dejar huella. El acontecimiento en sí mismo y el análisis jurisdiccional del recurso evidencian la importancia de garantizar el derecho de acceso a la información pública para el devenir democrático del país. Se ha materializado la violencia, la corrupción y la falta de efectividad en las acciones de los gobiernos; se ha desencadenado lo que hace tiempo no sucedía, que miles de ciudadanos salgan a las calles del país para exigir al gobierno respuesta, resultados, justicia y verdad.

El pacto democrático entre la sociedad mexicana y sus gobernantes se ha debilitado. Es indispensable que el principio constitucional de máxima publicidad permita reconstruir la relación entre autoridad y ciudadanía, y así que la brecha entre estos dos se reduzca.

El acontecimiento de Ayotzinapa moviliza a quienes entienden que se interrumpió el curso del país. Ejemplos similares han sucedido en otras latitudes: la primavera árabe, los indignados del 15M madrileño, Occupy Wall Street en Estado Unidos, el movimiento estudiantil chileno, son todos nombres presentes en nuestras memorias que se refieren a “insurgencias”, siguiendo la propuesta de Benjamín Arditi, movilizaciones y “actos colectivos en los que la gente dice ¡basta! y se niega a continuar como antes”.6

Buena parte de la sociedad mexicana y la comunidad internacional se solidarizó con las familias de los estudiantes y mantiene la exigencia al gobierno federal para rendir cuentas de la investigación, al tiempo que advierte una fractura en el contrato social entre ciudadanía y gobierno. Con crudeza, algunos medios internacionales dieron cuenta de este hecho, menciono algunos titulares:

  • “Ley y orden en México: el fracaso de Enrique Peña Nieto”. The New York Times.
  • “El pantano mexicano: un presidente que no entiende que no entiende”. The Economist.
  • “Esto no es mover a México”. Financial Times.
  • “Revuelta contra el Estado-mafia en México”. Le Monde.
  • “México en «riesgo de estallido social» e «inestabilidad política»”. The Guardian.
  • “Ayotzinapa: un espanto sin fin”. Deutsche Welle.
  • “Crisis en México ¿Podrán cuarenta y tres estudiantes detonar una revolución?”. The New Yorker.

Como instituciones públicas, ¿seremos indiferentes ante tal evidencia? ¿Qué vía tenemos para responder a este llamado? Desde esta ponencia, invito al Pleno a interpretar estas movilizaciones como una demanda de diversos sectores de la sociedad; la cual exige una nueva forma de sociabilidad política y ser parte del sistema de contrapesos al pedir cuentas a las autoridades. El desafío para el IFAI es garantizar el derecho al acceso a la información de cada ciudadano para impulsar el ejercicio democrático del poder y la ética de la responsabilidad pública de los gobernantes.

Así, el principio de máxima publicidad garantiza que lo público sea realmente público. Para seguir con lo planteado por Nora Rabotnikof: se estaría generando en el país, un espacio donde lo público es lo común, lo accesible y abierto, así como lo conocido y verificable. Sin duda, una vía para ello es la transparencia, la total apertura ayudaría a combatir la desconfianza que se vive en el país. Las autoridades deben producir y entregar información sobre sus decisiones y acciones porque nada de lo que está en sus manos les pertenece. Al aceptar un cargo público aceptan que están ahí para entender y atender las demandas ciudadanas mediante acciones que abonen al bien común.

La transparencia y el derecho de acceso a la información pública no son un fin, sino catalizadores de otros derechos. El IFAI debe garantizar que la información disponible se entregue y se constituya en insumo para el intercambio de ideas y la implementación de acciones. El Instituto es el umbral entre el gobierno y la sociedad que permite garantizar a esta última su participación activa e informada en los asuntos públicos.

Las atribuciones del IFAI también lo facultan como garante del derecho de acceso a la información, así como para ofrecer apoyo y orientar a los sujetos obligados a cumplir con la Ley de forma efectiva. Por ejemplo, el Ejecutivo Federal habilitó el micrositio “Caso Ayotzinapa”, en el que difunde los resultados de la investigación realizada por la PGR. Éste podría transformarse en un ejercicio de transparencia en el que se difunda la información que tengan disponible todos los sujetos obligados involucrados.7

Como ya se dijo al inicio, el sujeto obligado respondió a la solicitud alegando incompetencia. Esta respuesta puede derivar en dos suposiciones. La primera es que la SEDENA no documentó debidamente las acciones que llevó a cabo como parte de su intervención en los hechos del Hospital Cristina ni en las investigaciones subsecuentes. La segunda es que incumple con su responsabilidad de rendir cuentas y aumenta la desconfianza en las instituciones públicas. ¿No se tomaron fotografías? ¿No cuenta con un solo informe documentado de los hechos? ¿La SEDENA mantendrá la misma respuesta al presente recurso de revisión?

Por lo anteriormente expuesto, esta Ponencia propone REVOCAR la respuesta emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional e instruirle que realice una búsqueda exhaustiva de las fotografías y registros que tomaron elementos del ejército mexicano a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, así como de las bitácoras y todos los informes de los hechos sobre la desaparición de los normalistas y entregue al particular una versión pública, en su caso, en la que clasifique únicamente aquellos datos personales que no han sido ya publicados por las autoridades investigadoras. La búsquedano podrá omitir al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a los Batallones y Zonas Militares que hayan acudido a tomar conocimiento de los hechos, así como que hayan participado en reuniones y grupos de trabajo, con motivo de las investigaciones de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.


1 Reconstruimos los hechos siguiendo las siguientes fuentes: http://www.nexos.com.mx/?p=23809; http://www.animalpolitico.com/2015/01/para-la-pgr-es-oficial-todos-los-normalistas-fueron-asesinados-en-cocula/; http://www.vice.com/es_mx/read/ayotzinapa-lo-que-el-gobierno-no-ha-revelado-del-caso-de-los-normalistas-desaparecidos; http://www.tallapolitica.com.mx/?p=313267, http://www.jornada.unam.mx/2015/01/20/politica/004n1pol y http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/militares-si-amenazaron-a-normalistas-en-iguala-investigacion-periodistica-956.html

2 http://www.radioformula.com.mx/reproductor.asp, http://www.tallapolitica.com.mx/?p=313267

3 http://www.wola.org/es/news/la_investigacion_sobre_ayotzinapa_no_se_puede_cerrar; http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2015/01/amr410032015es.pdf y http://fundar.org.mx/osc-exigimos-continue-investigacion-sobre-caso-ayotzinapa-y-busqueda-de-normalistas-desaparecidos/

4 http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/onu-ayotzinapa-normalistas-1059206.html, http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/02/ponderara-hoy-la-onu-dos-visiones-sobre-ayotzinapa-3959.html.

5 En los términos del artículo 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia.

6 Benjamín Arditi (2012) “Las insurgencias no tienen un plan –ellas son el plan: performativos políticos y mediadores evanescentes”, Revista Sul-Americana de Ciencia Política, v. 1, n. 2, 1-18. Disponible en: http://bit.ly/1I26arQ

7 http://www.presidencia.gob.mx/ayotzinapa/

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